El encuentro, que se extendió por varias horas, dejó abierta la posibilidad de mesas técnicas para analizar el impacto de la medida, mientras los alcaldes advierten que el costo político de mantener el decreto podría ser alto si los sectores más pobres comienzan a sentir el golpe en su economía diaria.
eju.tv / Video: Radio Fides
Los alcaldes de todo el país, reunidos este jueves en La Paz con el presidente Rodrigo Paz y autoridades del Ejecutivo, plantearon la exigencia común de abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija el precio del diésel en Bs 18 por litro para grandes consumidores (GRACOS). El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y alcalde de Tarija, Jhonny Torres, advirtió que la medida no solo afecta a las grandes ciudades, sino que golpeará con mayor dureza a los municipios más pequeños y a los sectores más vulnerables.
«En uno de los puntos de la agenda se está solicitando la abrogatoria del decreto porque inicialmente se pensaba y se decía, bueno, le afecta a los Gracos y los Gracos son las nueve alcaldías de capital más El Alto, digamos unas 10 alcaldías, y eso no había sido así. Hablando con los municipios más pequeños me dicen, mire mi caso, en mi pueblo no hay un surtidor, tengo que ir al pueblo más cercano donde hay un surtidor y tengo que ir con un cisterna a comprar, ya soy Graco, o sea, va a impactar a los más pequeños. Era algo que yo no lo había visto en esa dimensión, va a impactar a los más pobres», enfatizó Torres en conferencia de prensa.
La advertencia del alcalde de Tarija desmonta el argumento oficial de que el decreto solo afectaría a los grandes consumidores. Torres explicó que muchos municipios rurales, al no contar con surtidores propios, deben adquirir combustible a granel y transportarlo en cisternas, lo que los convierte automáticamente en «grandes consumidores» y los obliga a pagar el precio de Bs 18.
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Esta situación, según el alcalde, generará un encarecimiento en los servicios municipales y, en última instancia, impactará en los bolsillos de la población más pobre.
La FAM Bolivia y otras asociaciones de municipios llegaron a la sede de Gobierno con la agenda clara de solicitar la abrogación del DS 5676 y buscar alternativas para compensar la diferencia de precio entre Bs 9,80 y Bs 18.
«Hay miles de formas de tratar el asunto, al final de cuentas se trata de compensar la diferencia», afirmó Torres. El encuentro, que se extendió por varias horas, dejó abierta la posibilidad de mesas técnicas para analizar el impacto de la medida, mientras los alcaldes advierten que el costo político de mantener el decreto podría ser alto si los sectores más pobres comienzan a sentir el golpe en su economía diaria.