El nuevo Fiscal General anunció la renovación de las nueve fiscalías departamentales, una revisión de la gestión de Roger Mariaca y la continuidad de procesos como los de Evo Morales, Fernando Cerimedo, ‘maletas’ y ‘oro’. También anticipó una auditoría a la Escuela de Fiscales.
El nuevo fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, comenzó su gestión con una agenda de reestructuración del Ministerio Público que incluye cambios en las fiscalías departamentales, auditorías a la administración de Roger Mariaca y la revisión de procesos cuestionados, mientras distintas voces le reclaman resultados en casos de alta repercusión pública.
Urioste reconoció que los 90 días de interinato serán insuficientes para resolver todos los problemas de la institución, pero aseguró que tiene un plan para avanzar en transparencia y reorganización. “Noventa días es muy poco tiempo, pero el plan es generar transparencia, organizar el Ministerio Público y avanzar”, afirmó.
Uno de sus primeros movimientos será la renovación de las fiscalías departamentales. Urioste pidió a las autoridades que pongan sus cargos a disposición y anticipó que los nuevos responsables serán seleccionados considerando méritos, antecedentes e idoneidad profesional. “Esperamos que de manera gentil, honesta y transparente pongan sus cargos a disposición y, si no, vamos a tener que prescindir de la mayoría de los cargos”, señaló. También dijo que espera tener definidos los nuevos fiscales departamentales hasta la próxima semana.
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La revisión alcanzará a la anterior administración. Urioste anunció auditorías jurídicas sobre las actuaciones realizadas durante la gestión de Mariaca y una evaluación de fiscales y funcionarios. Sin embargo, marcó distancia de una depuración indiscriminada: “No vamos a hacer una cacería de brujas; el que no ha hecho nada, que no se preocupe, pero el que ha cometido delitos, que sí se preocupe”.
También planteó revisar decisiones fiscales cuestionadas, incluidas liberaciones y detenciones, y anunció una auditoría a la Escuela de Fiscales ante denuncias sobre presuntos cobros para acceder a cargos o habilitaciones. “Venimos con los bolsillos vacíos y así nos vamos a ir, no hemos venido a extorsionar ni enriquecernos”, dijo durante su posesión.
En materia de investigaciones, Urioste aseguró que ninguno de los procesos en curso será paralizado. Mencionó expresamente los casos relacionados con Evo Morales, Fernando Cerimedo, las denominadas ‘maletas’ y ‘oro’. “Ni el de Evo, ni el de Cerimedo, que son casos emblemáticos. Ni las maletas, ni el oro. No hay caso que se haya paralizado y no se va a paralizar”, afirmó.
El caso contra el exfiscal Roger Mariaca también quedó entre sus prioridades. Urioste sostuvo que el proceso debe continuar en La Paz y lo calificó como un “tema de Estado”. Además, anunció una “reinvestigación” sobre actuaciones relacionadas con ese expediente y cuestionó decisiones sobre personas que fueron liberadas durante la investigación.
Desde la Asamblea, la diputada de Alianza Libre Lissa Claros planteó que Urioste debe concentrarse en los casos ‘Maletas’, ‘Oro’ y Cerimedo y realizar cambios en las fiscalías departamentales. “Creo que es importante realizar el cambio de los fiscales de los nueve departamentos, barrer toda la corrupción, devolver la institucionalidad, la independencia y devolver la confianza de los bolivianos”, afirmó.
Desde el ámbito jurídico, el abogado Jorge Valda planteó como prioridad la desarticulación de grupos de corrupción dentro del Ministerio Público y la revisión de procesos que, según su denuncia, habrían sido cerrados de manera irregular. “Lo primero que tiene que hacer el nuevo fiscal Urioste es desarticular los grupos de corrupción”, sostuvo.
El presidente Rodrigo Paz, por su parte, resumió la transición en cuatro tareas: recuperar la institucionalidad, reconstruir la credibilidad, garantizar la independencia de las investigaciones e iniciar una transformación del Ministerio Público. “Ni gobierno, ni partidos, ni intereses económicos ni organizaciones criminales deben controlar una investigación”, afirmó.
Así, la primera etapa de Urioste queda planteada en varios frentes simultáneos: renovar las estructuras departamentales, revisar la gestión anterior, depurar eventuales irregularidades y demostrar que los procesos de mayor impacto continuarán. El plazo corre y la propia autoridad reconoce que 90 días no alcanzarán para resolver toda la agenda pendiente.