Este mensaje va dirigido a los corruptos, a los hipócritas y a quienes han hecho de las instituciones públicas un instrumento para proteger sus intereses. Si usted es una persona honesta, no tiene por qué sentirse aludido.
Resulta verdaderamente llamativo observar cómo algunos personajes que durante años guardaron silencio frente a los abusos, las irregularidades y la manipulación de la justicia, hoy se rasgan las vestiduras y pretenden erigirse en guardianes de la moral y la institucionalidad.
¿Será que les preocupa la independencia del Ministerio Público o que están perdiendo los espacios de influencia que durante tanto tiempo consideraron propios?
La reciente declaración del Fiscal General interino, quien reconoció públicamente que un empresario le solicitó su currículum y posteriormente lo hizo conocer a la Asamblea Legislativa, ha desatado una verdadera tormenta de cuestionamientos.
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Pero aquí corresponde hacer una distinción fundamental: una recomendación no constituye, por sí misma, un acto de corrupción, como tampoco demuestra necesariamente la existencia de compromisos indebidos.
Es legítimo preguntar quién fue ese empresario, qué intereses tiene y si existió algún compromiso. Lo que no resulta legítimo es convertir las sospechas en sentencias y las especulaciones en verdades absolutas.
Hay algo que, personalmente, considero importante: quien pretende ocultar una relación irregular normalmente procura disimularla. Sin embargo, esta autoridad respondió públicamente una pregunta que perfectamente pudo haber evadido.
¿Demuestra eso, por sí solo, que es una persona honesta? No necesariamente. Pero tampoco puede utilizarse esa declaración como prueba de que es corrupto.
Y esa es precisamente la contradicción que me llama la atención: exigimos transparencia a nuestras autoridades, pero cuando una de ellas responde con franqueza, algunos se apresuran a utilizar sus propias palabras para condenarla.
Pareciera que para ciertos sectores resulta más conveniente una autoridad que sepa disimular que una que se atreva a hablar con claridad.
No estoy extendiendo un certificado de honestidad al nuevo Fiscal General interino. Eso deberá demostrarlo con sus decisiones, con su independencia, con su conducta y, fundamentalmente, con los resultados de su gestión.
Pero tampoco estoy dispuesto a sumarme a un linchamiento mediático basado únicamente en una recomendación reconocida públicamente.
A quienes hoy se muestran tan indignados les haría bien recordar que la corrupción se combate con pruebas, investigaciones serias y decisiones institucionales, no con prejuicios, oportunismo político ni condenas anticipadas.
Bolivia necesita un Ministerio Público independiente, no una Fiscalía sometida a intereses empresariales, partidarios o personales. Y precisamente por eso debemos exigir transparencia, pero también objetividad.
Dejemos que el nuevo Fiscal General demuestre con hechos de qué está hecho. Si actúa incorrectamente, habrá que cuestionarlo con toda firmeza. Pero si hace las cosas bien, también tendremos la obligación moral de reconocerlo.
Porque la verdadera lucha contra la corrupción no consiste en condenar a quien nos incomoda ni en proteger a quien nos favorece.
Consiste en aplicar la misma vara a todos, sin privilegios, sin prejuicios y sin hipocresías.