“Estamos atascados por falta de una ley que nos dé el procedimiento para juzgar a altos dignatarios de Estado”, manifestó el martes la magistrada Rosmery Ruiz.
Fuente: Unitel
El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, anunció que se planteará recursos y un proyecto de ley para evitar la paralización del juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera.
“El Tribunal Supremo (de Justicia) ha tomado una decisión que la respeto, pero no la comparto. Vamos a plantear los recursos correspondientes, porque no me parece que, existiendo un procedimiento bueno o malo, se pase la pelota a la Asamblea Legislativa en ese momento”, manifestó el fiscal.
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Señaló que por ello están trabajando también en la presentación de un proyecto de ley para que, a la brevedad posible, se presente una ley de juicio de responsabilidades donde se establezca lo solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia.
[Foto: RRSS] / El expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera
“La recomendación del Tribunal Constitucional, es que se garantice la doble instancia, que me parece que ese es el tema inconstitucional. Pero la norma vigente no ha sido derogada”, explicó Urioste.
Por ello, indicó que se podría proseguir con la tramitación de la causa hasta cierto punto, para garantizar la investigación y el avance de esta. “Se van a plantear los recursos correspondientes para que esto continúe y no se pare”, aseveró.
Este martes, tras conocerse que la Fiscalía admitió la proposición acusatoria contra Morales y García Linera con miras a un posible juicio de responsabilidades, Romery Ruiz, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que falta una ley para estos procesos.
“Estamos atascados por falta de una ley que nos dé el procedimiento para juzgar a altos dignatarios de Estado”, manifestó la magistrada Ruiz en contacto con los medios.
La magistrada manifestó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para contar con la norma que permita juzgar a altas autoridades de Estado; sin embargo, aún no ha sido tratada.
