Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Tórrez es escoltado por dos policías tras su aprehensión. Foto: APG
Luis Carlos Tórrez fue aprehendido y la Fiscalía Antinarcóticos recibió documentos y computadoras secuestrados en su domicilio; el Gobierno busca una ley corta para atraer inversiones al sector hidrocarburos; y una diputada denuncia que 470 funcionarios de empresas estatales ganan entre Bs 30.000 y Bs 88.000 mensuales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El exfiscal departamental de La Paz Luis Carlos Tórrez fue aprehendido la noche del jueves en el marco de las investigaciones contra el exfiscal general Roger Mariaca. Tórrez había renunciado a su cargo poco después de la captura de Mariaca, el 30 de septiembre, y desde entonces se desconocía su paradero. Tras su aprehensión, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la sede de Gobierno. La investigación apunta a presuntas vinculaciones de Mariaca con el narcotráfico y a la supuesta articulación de una red delictiva dentro del Ministerio Público. Tórrez era considerado una persona de estrecha confianza del exfiscal general, quien cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí.
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La vivienda del exfiscal departamental de La Paz Luis Carlos Tórrez, ubicada en la zona del Gran Poder, fue allanada durante las actuaciones por el caso Mariaca. Los investigadores secuestraron documentación y computadoras, que fueron trasladadas junto con la comisión hasta dependencias de la Fiscalía Antinarcóticos. Tórrez fue aprehendido la noche del jueves y llevado a esas oficinas en la sede de Gobierno. A su llegada, negó estar involucrado en presuntos cobros irregulares que supuestamente se habrían realizado a nombre del exfiscal general Roger Mariaca. También calificó su aprehensión como una “persecución política”. El operativo se produjo horas después de la detención del exfiscal coordinador Armando Rojas.
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado del Senado trabaja en el proyecto de ley para convocar a la elección del nuevo fiscal general titular. El presidente de esa instancia, el senador Erik Soruco, informó que recibió formalmente la solicitud del vicepresidente Edmand Lara para iniciar el proceso y estimó que la propuesta estará lista la próxima semana para su tratamiento en la comisión. Sobre los plazos legislativos, Soruco precisó que cada cámara deberá sujetarse a su propio reglamento. La elaboración del proyecto es uno de los pasos para activar la convocatoria y definir el procedimiento de selección de la nueva autoridad del Ministerio Público. Por ahora, el anuncio se refiere a la preparación de la iniciativa legal.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el Gobierno decidió cerrar el proceso de adquisición de 13 radares mediante una querella penal, después de detectar irregularidades y un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones. El proyecto fue contratado bajo la modalidad “llave en mano” y, de acuerdo con la autoridad, ya se había pagado el 97,7% del monto acordado. Justiniano explicó que el proceso llevaba tiempo sin llegar a una solución y que el Ejecutivo optó por acudir a la vía judicial en lugar de prolongar la búsqueda de un arreglo que consideró inadecuado para las condiciones del contrato. La denuncia se enmarca en el caso SIDACTA, relacionado con la adquisición e implementación del sistema de radares.
El Ministerio Público sostuvo que el fiscal general interino, Armando Urioste, no pretendió generalizar ni cuestionar el trabajo del gremio periodístico cuando advirtió sobre presuntos pagos de grupos delictivos a plataformas informativas. En un comunicado oficial, la Fiscalía afirmó que las declaraciones se referían a “hechos específicos que son objeto de investigación y que deberán ser esclarecidos conforme al procedimiento legal”. La institución expresó además su respeto por el trabajo de periodistas y medios de comunicación, así como por las organizaciones gremiales del sector. El pronunciamiento se produjo después de que representantes de la prensa cuestionaran las declaraciones de Urioste. La Fiscalía destacó que el trabajo periodístico es importante.
El Gobierno analiza presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley corta para modificar las condiciones de inversión en el sector hidrocarburos y acelerar el desarrollo de nuevas áreas gasíferas. La iniciativa busca incrementar la producción nacional y garantizar el abastecimiento interno ante el riesgo de que Bolivia tenga que importar gas en el corto plazo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó en una entrevista con Erbol que la propuesta se encuentra en evaluación y que la prioridad es responder a la caída de la producción. La definición de los alcances de la norma corresponde a las autoridades del área, según precisó. Por ahora, no se trata de una ley aprobada ni de una medida ya aplicada: el Ejecutivo estudia la posibilidad de promover cambios legales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que los brasileños implicados en el atraco a la joyería Imperio, ocurrido el domingo 11 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, pertenecen al Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil. Entre los investigados está Sandro Roberto da Silva Júnior, conocido como “Júnior Matemático”, identificado en un informe de inteligencia como uno de los jefes de esa organización. Oviedo ratificó la vinculación al responder consultas sobre la captura de uno de los presuntos integrantes del grupo. Por el atraco fueron aprehendidos tres ciudadanos brasileños. El caso relaciona un hecho delictivo ocurrido en una joyería de Santa Cruz con una organización criminal brasileña.
La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia después de un ampliado realizado el jueves en Cochabamba. El ejecutivo de la organización, Mario Argollo, informó que la decisión responde a la situación política y económica del país. La dirigencia expresó preocupación por los decretos emitidos por el Gobierno, que considera perjudiciales para los sectores populares más empobrecidos. En el ampliado también se cuestionaron los incrementos en las tarifas del transporte y la electricidad, así como el encarecimiento de los principales alimentos de la canasta familiar. La COB resolvió exigir que se frene la persecución contra dirigentes y llamó a mantener la unidad de las organizaciones sociales.
ENDE Corporación y sus empresas distribuidoras señalaron que aplicarán las disposiciones de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), entidad responsable de calcular, aprobar, fiscalizar y publicar las tarifas eléctricas en el país. La posición se enmarca en el Decreto Supremo 5750, que dispone que las tarifas se actualicen mensualmente en función del tipo de cambio oficial, el precio del combustible utilizado para generar electricidad y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En un comunicado, la empresa estatal indicó que mantendrá informada a la población sobre las resoluciones de la autoridad reguladora y que actuará conforme a los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
La diputada Adriana Jiménez cuestionó las remuneraciones de trabajadores de algunas empresas estratégicas del Estado y afirmó que existen salarios de hasta Bs 88.000 mensuales. Según los datos que presentó, más de 2.000 funcionarios reciben ingresos superiores a Bs 20.000, mientras que 470 perciben entre Bs 30.000 y Bs 88.000. La legisladora dijo que sustentó su denuncia en planillas oficiales remitidas a la Asamblea en respuesta a sus labores de fiscalización. Entre las entidades cuyos registros revisó mencionó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), ELFEC y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). A partir de esos datos, planteó establecer un límite a los salarios en las empresas estatales. Las cifras corresponden a la denuncia formulada por Jiménez.