El daño económico supera los Bs 1.478 millones y varias gestiones de exministros extendieron el plazo de entrega
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el Gobierno decidió cerrar el proceso de adquisición de 13 radares mediante la presentación de una denuncia penal, tras detectarse graves irregularidades y un daño económico al Estado boliviano que supera los Bs 1.478 millones, a pesar de que el proyecto fue contratado bajo la modalidad «llave en mano» y ya se había cancelado el 97,7 % del monto acordado.
«Este es un tema que viene demorando un arreglo final. Y como todo, como toda situación, llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión: O continuábamos alargando y buscando, tratando de buscar, digamos, un entuerto más o un arreglo que no era lo adecuado porque era un proyecto llave en mano o se cerraba. Hemos decidido cerrarlo a través de una querella”, explicó.
De acuerdo con el contrato suscrito en 2015, el sistema de radares debía entregarse plenamente operativo en un plazo de 31 meses; sin embargo, la ejecución se extendió por más de 98 meses. A este retraso se suma que solo dos radares funcionan adecuadamente, dos están inoperativos y nueve presentan observaciones técnicas en su funcionamiento.
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El daño económico auditado supera los Bs 1.478 millones. El equipamiento fue adquirido a la empresa francesa Thales Air Systems durante la gestión del expresidente Evo Morales, con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), por un valor total de 191 millones de euros.
La denuncia penal alcanza a los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. Cada una de estas exautoridades suscribió adendas al contrato original que ampliaron sucesivamente los plazos de entrega. «Cada enmienda deberá ser evaluada por la justicia para determinar si estuvo enmarcada en la ley», señaló Justiniano en Radio El Deber.
«Es un asunto que finalmente debe dilucidar el Órgano Judicial. Nosotros estamos prestando toda la colaboración y hemos remitido la documentación correspondiente. Esperamos que exista una definición pronta, porque es muchísimo dinero realmente que está en juego», advirtió el ministro.