Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La Justicia dispone seis meses de detención preventiva para el capitán Guillermo Ruiz. La Fiscalía activa alertas migratorias contra dos coroneles y pide la nómina de los policías que participaron en la captura de Sebastián Marset. El Gobierno busca aplazar hasta 2035 o 2038 el riesgo de una crisis energética. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El juez Décimo de Instrucción en lo Penal determinó que el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, cumpla 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras avanza la investigación por presunta malversación de Bs 191 millones. Los recursos estaban destinados a 17 obras municipales que, según los antecedentes del caso, no fueron pagadas y en varios casos tampoco se ejecutaron. Fernández fue aprehendido el miércoles en instalaciones de Fundamax y trasladado bajo custodia policial al Palacio de Justicia, donde compareció a su audiencia cautelar. Un día antes había sido declarado en rebeldía por no presentarse a la audiencia programada, lo que derivó en una orden de aprehensión.
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El exalcalde cruceño Jhonny Fernández ingresó al penal de Palmasola la noche del martes para cumplir los 180 días de detención preventiva dispuestos por la Justicia. Fue trasladado en una vagoneta negra bajo fuerte resguardo policial e ingresó al recinto penitenciario aproximadamente a las 20:20. Los efectivos cerraron las puertas una vez que la exautoridad se encontraba dentro. La medida fue dictada en el proceso por la presunta malversación de Bs 191 millones destinados a obras municipales. La orden de aprehensión contra Fernández se ejecutó el martes al mediodía, después de que durante casi 24 horas no se conociera su paradero. La audiencia cautelar se prolongó cerca de cuatro horas antes de que el juez determinara su detención preventiva.
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Edson Fernández, confirmó el hallazgo de dinero en moneda extranjera y bolivianos durante el operativo en el que fue aprehendido el exalcalde Jhonny Fernández. Según la autoridad, los billetes estaban en maletines y dentro de una caja de cartón guardada en uno de los vehículos encontrados en el lugar. También se colectó documentación y se identificaron motorizados. La Policía señaló que todavía no se conoce el monto exacto ni el origen del dinero. La cuantificación quedó a cargo del Ministerio Público, la Dirección Especializada de Lucha contra la Corrupción (Delcc) y la instancia de Transparencia. El hallazgo se produjo durante el operativo ejecutado la tarde del miércoles.
El Ministerio Público analiza si corresponde convocar a Sebastián Marset para que declare sobre el contenido de cuatro maletas retiradas de su vivienda durante el operativo de captura del 13 de marzo. El fiscal de materia Gabriel Gutiérrez informó que la decisión será evaluada con la comisión investigadora y el personal policial que coadyuva en el caso. Las maletas fueron encontradas vacías en dependencias del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT), en La Paz, después de que el capitán Guillermo Ruiz señalara que posiblemente se encontraban en esa unidad. La Fiscalía busca verificar si se trata del mismo equipaje que fue sacado del inmueble de Marset, qué contenía y cuál fue el destino de los objetos. También investiga la desaparición de una caja fuerte.
La Justicia dispuso seis meses de detención preventiva para el capitán de Policía Guillermo Ruiz, investigado por la presunta extracción de maletas de la vivienda de Sebastián Marset en Santa Cruz. El juez determinó que el uniformado sea recluido en el Centro de Reinserción Social Qalauma, en Viacha, La Paz. La Fiscalía lo imputó por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo. Durante la investigación, cuatro maletas fueron encontradas vacías en un depósito del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT). La abogada de Ruiz, Zuleika Lanza, sostuvo que su defendido actuó por órdenes superiores y que los equipajes fueron entregados a un coronel de apellido Moreno.
El Ministerio Público solicitó a la Policía Boliviana la nómina completa de los efectivos que participaron en el operativo de captura de Sebastián Marset, realizado el 13 de marzo en Santa Cruz. El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, informó que se activaron alertas migratorias contra los coroneles Erick Correa y Óscar Moreno, quienes están prófugos y no pueden abandonar el país. La comisión investigadora también ratificó las medidas contra el coronel Juan Marcelo Ferrufino y el capitán Guillermo Ruiz, quienes ya fueron puestos a disposición de la Justicia. Ambos están imputados por presuntos delitos relacionados con el retiro de maletas de la vivienda de Marset. La Fiscalía revisará las grabaciones originales del operativo.
Al menos tres empresas privadas solicitaron al Gobierno autorización para importar gas natural y asegurar el suministro necesario para sus operaciones, informó la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio. La autoridad explicó que las compañías presentaron sus solicitudes en julio de este año, antes de la aprobación del Decreto Supremo 5755, que permite a entidades públicas y privadas importar gas natural para consumo propio y gas natural licuado para generar electricidad. Genuzio señaló que la norma responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento de las industrias y preparar al país ante un posible desabastecimiento hacia 2029. El gas se utiliza en la actividad industrial, el transporte, el consumo domiciliario y la generación eléctrica.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que Bolivia podría postergar hasta 2035 o 2038 el escenario de agotamiento de las reservas de gas, que distintos estudios sitúan alrededor de 2030. Para ello, el Gobierno impulsa una nueva Ley de Hidrocarburos y una Ley de Inversiones que permitan atraer capital privado y reactivar la exploración. Aramayo atribuyó la situación a la falta de inversión en prospección y exploración durante administraciones anteriores y sostuvo que el país necesita recuperar la confianza de las empresas para desarrollar nuevos proyectos. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, también advirtió que las reservas actuales no son suficientes y anunció que en un plazo máximo de diez días se conocería un informe sobre su situación.
El presidente Rodrigo Paz pidió que la Justicia verifique los audios difundidos sobre el caso del argentino Fernando Cerimedo, en los que se alude a supuestas conversaciones con ministros y con la primera dama, Marielena Urquidi. Consultado sobre la autenticidad de las grabaciones, el mandatario respondió que, con el avance de la inteligencia artificial, ya no siempre es posible saber si un audio es real. Esta semana se difundieron al menos cinco grabaciones que supuestamente contienen conversaciones entre Cerimedo, Urquidi y ministros sobre presuntos negociados en YPFB y disputas dentro del gabinete. Paz comparó la situación con una campaña reciente en Brasil, donde, según dijo, circularon audios cuya atribución a candidatos no estaba clara.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, reconoció que las reservas de gas de Bolivia no son suficientes y atribuyó esa situación a la falta de inversión en los últimos 20 años. La autoridad anunció que en un plazo máximo de diez días se conocerá un informe sobre las reservas y aseguró que el Gobierno trabaja para incrementarlas mediante nuevos pozos y proyectos de exploración. También planteó que YPFB concentre sus esfuerzos en la exploración y explotación de hidrocarburos y que se impulsen energías renovables. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el país recibió alrededor de $us 60.000 millones de renta hidrocarburífera durante las dos décadas anteriores, pero no se invirtió para garantizar la sostenibilidad energética.
El Gobierno expulsó a Colombia a Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, identificado por las autoridades como cabecilla de la organización criminal Los Espartanos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Aramayo, informó que el ciudadano colombiano fue trasladado desde Santa Cruz hasta La Paz para concretar su expulsión, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Mapaya fue capturado el 4 de abril junto a otros diez ciudadanos colombianos y dos bolivianos, después de un enfrentamiento armado con efectivos policiales. Según las autoridades, en Bolivia obtuvo documentación falsa con la identidad de Diego Fernando Pedro García. Los Espartanos, organización originaria de Colombia, está vinculada a actividades de sicariato, narcotráfico y extorsión en Santa Cruz.