Una denuncia circuló en redes sociales en sentido de que un asesor de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, a cargo de Carlos Spencer, alquiló un departamento al exfiscal general Roger Mariaca
El decano Manuel Baptista y la consejera Paula Araoz se desmarcaron públicamente de un comunicado emitido a nombre del Consejo de la Magistratura que rechaza las denuncias que vinculan a un asesor de la Presidencia de esa entidad con el alquiler de un departamento al exfiscal general Roger Mariaca, actualmente encarcelado por supuesta protección al narcotráfico.
«No hemos autorizado ni respaldamos pronunciamiento alguno que pueda interpretarse como una exoneración anticipada de responsabilidades o una protección institucional a favor de cualquier autoridad, asesor o funcionario, independientemente del cargo que desempeñe», establece la nota aclaratoria difundida por ambas autoridades.
El pronunciamiento al que hacen referencia llevaba la firma institucional del Consejo de la Magistratura y negaba de forma tajante la veracidad de dichas acusaciones. «Corresponde rechazar la difusión de afirmaciones carentes de sustento que puedan generar confusión en la opinión pública y afectar la imagen institucional», sostiene el documento.
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La presidencia del Consejo de la Magistratura está a cargo de Carlos Spencer, quien hasta la fecha no se ha pronunciado sobre esta controversia ni sobre las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, respecto a la investigación de los posibles nexos de Mariaca y del prófugo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, con la institución.
Al respecto, Baptista y Araoz remarcaron que «ninguna autoridad institucional debe afirmar o descartar categóricamente hechos que pudieran encontrarse sujetos a investigación penal, toda vez que corresponde al Ministerio Público, con la participación de la Policía Boliviana, esclarecer las circunstancias denunciadas, verificar los posibles vínculos de autoridades, asesores, funcionarios o particulares y determinar, cuando corresponda, las eventuales responsabilidades individuales, con pleno respeto al debido proceso y la presunción de inocencia».
De esta manera se evidencia una severa ruptura interna en el ente encargado de la administración, el control, la fiscalización y el régimen disciplinario de los jueces y del personal de apoyo del sistema de justicia boliviano.