Dos asambleístas afirman que es prioritario tratar antes de fin de año el PGE 2027 y la elección del fiscal general


Rivero manifestó que se aguarda que se terminen de conformar las comisiones y los comités para que se inicie el tratamiento del presupuesto.

Fuente: video BTV

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El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 y la elección del fiscal general titular son dos temas prioritarios para tratar antes de la conclusión del año, según señalaron, por separado, las diputadas Sandra Rivero y Sofía Rocha.

Rivero, diputada del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), manifestó que el análisis del PGE 2027 es un asunto prioritario, si se toma en cuenta que los problemas que se tuvo este año precisamente fueron porque no se contaba con un presupuesto aprobado.

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Indicó que muchos de los “problemas estructurales” derivaron de la falta de un presupuesto.

El pasado 30 de octubre, el Gobierno remitió el PGE 2027 a la Asamblea Legislativa, que tiene como proyecciones un crecimiento de -1,5 %, una inflación de 10,7 % y un déficit de 6,7 %, entre algunos datos macroeconómicos sobresalientes.

Rivero manifestó que se aguarda que se terminen de conformar las comisiones y los comités para que se inicie el tratamiento del presupuesto.

Cámara de Diputados. Foto: Correo del Sur

Entre tanto, Rocha, quien pertenece a las filas de la opositora alianza Libre, señaló que la elección del fiscal general titular es un tema prioritario; sin embargo, destacó la voluntad política que existe en los legisladores para avanzar en ese asunto.

Indicó que para tratar la elección de la nueva autoridad aún se está en los plazos previstos, pero recalcó que desde la alianza a la que pertenece no se permitirá la prórroga de la actual autoridad del Ministerio Público, José Urioste, quien fue elegido de manera interina y con un objetivo muy claro.

Urioste asumió el cargo el 5 de octubre por 90 días, para que inicie la reestructuración del Ministerio Público bastante cuestionado tras la aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca, entre otros, vinculado al crimen organizado, según estableció el Gobierno.