Los involucrados dicen que se trató de una coordinación de poderes; la oposición que se impartieron instrucciones sobre los procesos judiciales.
Designados: las autoridades judiciales nombradas por el presidente Evo Morales, el jueves en Sucre
La Prensa
Reunión de magistrados con el Ejecutivo genera susceptibilidad
Injerencia: La oposición cuestionó el encuentro reservado de los tres poderes y cree que el Gobierno y el oficialismo en el Legislativo impartieron instrucciones sobre los procesos judiciales. El Ejecutivo lo niega.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La reunión que los nuevos magistrados del Poder Judicial y autoridades del Ejecutivo y del oficialismo en el Legislativo sostuvieron de manera reservada el viernes en Sucre provocó susceptibilidad en la oposición que afirma que se trata de una injerencia del Gobierno que fue a impartir instrucciones sobre procesos judiciales.
En el encuentro, que se desarrolló en instalaciones del Consejo de la Judicatura y al que no tuvieron acceso los medios de comunicación, participaron sólo las nuevas autoridades de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura.
Del Ejecutivo estuvieron los viceministros de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, y de Lucha Contra la Corrupción, Hugo Montero, mientras del Legislativo participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), y la presidenta de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Sandra Soriano (MAS).
Esta última, al igual que el viceministro Chávez y los magistrados de la Suprema Jorge Monasterios y Ana María Forest, dijo que la reunión se llevó a cabo en el marco de la “coordinación de poderes” que faculta la Constitución en su artículo 12 y que no se trata de vulneración de la independencia de poderes prevista en la ley fundamental.
El senador opositor Róger Pinto (PPB-CN) sostuvo que en el Senado no se conocía sobre este encuentro, al que calificó de una reunión “partidaria” que da una mala señal porque lo que se hizo fue definir líneas políticas para una persecución a la oposición o a quien no coincida con el Gobierno nacional.
“La Constitución establece una coordinación entre poderes, pero esto no es una coordinación entre poderes, es impartir órdenes desde el Ejecutivo a los miembros designados en la Corte Suprema”.
De igual manera, el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro indicó que la reunión del viernes es la constatación de que hay una vulneración de la independencia de poderes que se observó con la designación de autoridades judiciales.
“Después de lo que hemos conocido ayer (viernes), no se puede mirar (la reunión) como una acción de coordinación, sino que es una intervención de facto y eso es lo que nos tiene que alarmar”.
El jueves anterior, el presidente Evo Morales designó a 18 magistrados del Poder Judicial, lo cual es calificado de inconstitucional por la oposición que reclama que la Asamblea Legislativa, con la aprobación de la llamada “ley corta”, delegó sus facultades al Gobierno.
Respecto del cuestionamiento a la reunión del viernes en Sucre, el viceministro Chávez sostuvo que es “retrógrado” pensar que haya injerencia cuando se coordinan temas como la lucha contra la corrupción y que están ligados a la administración de justicia y más cuando esa coordinación está fijada en la Constitución.
El magistrado Jorge Monasterios informó que se abordaron asuntos relacionados con la realidad del Poder Judicial, entre ellos, la necesidad de un mayor presupuesto para la contratación de personal adicional que permita avanzar en la atención de las causas pendientes.
La presidenta de la Corte Suprema, Ana María Forest, aseguró que además se habló de la necesidad de que el Poder Judicial coadyuve al Ejecutivo y al Legislativo en la elaboración de normas que le son necesarias como la Ley del Órgano Judicial que la Asamblea Legislativa debe aprobar hasta junio.
Según Monasterios, se pidió que el Poder Judicial pueda presentar sugerencias para que los anteproyectos de ley sobre la reforma judicial tomen en cuenta la realidad y necesidades de ese órgano.
Soriano dijo que se realizó una labor de “coordinación” para definir una agenda en la que el Órgano Judicial pueda aportar a la nueva visión de Estado acorde a la nueva Constitución y en la que los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo, ya están encaminados.
El senador Pinto anunció que pedirá un informe sobre la reunión en la que participó la senadora y si su asistencia fue oficial o partidaria.
El Gobierno expresó en diversas oportunidades su interés por acelerar las causas pendientes contra ex autoridades vinculadas con la oposición.
El Gobierno dice que es coordinación de poderes que manda la CPE.
Judicatura prepara designaciones
El Consejo de la Judicatura realizará convocatorias públicas y abiertas y recurrirá a la nómina de profesionales del Instituto de la Judicatura para cubrir las acefalías en las cortes de Distrito. El consejero Rodolfo Mérida informó que este nombramiento estará enmarcado en la actual Constitución que le faculta ahora a designar jueces de Partido y de Instrucción en capitales y provincias de todo el país.
Para los juzgados de Partido, explicó, se convocará a abogados y para los de Instrucción, se tomará en cuenta a las dos promociones que egresaron del Instituto de la Judicatura y que tienen formación inicial como jueces instructores.
En las nueve cortes de Distrito existen al menos 120 acefalías entre vocales y jueces, según Mérida. El consejero dijo que otro problema que requiere atención es el presupuesto adicional que el Poder Judicial necesitará para atender las causas pendientes y que la denominada “ley corta” establece que debe hacerlo hasta diciembre. El presupuesto anual que recibe ese poder alcanza a 500 millones de bolivianos. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, dijo que se recomendó a las autoridades judiciales revisar y ajustar sus planillas de gastos y hasta la siguiente semana deberán hacer conocer su requerimiento final.