Proceso. Rubén Costas debe pagar una fianza de Bs 100.000 y sólo puede salir del país previa orden judicial y por invitaciones institucionales. Pese a estas medidas, se defenderá en libertad en un juicio
Acusado. Rubén Costas fue asistido por el abogado Willam Herrera en la audiencia que convocó el juez Alberto Zeballos
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Juez dispone el arraigo del gobernador electo
El juez Sexto de Instrucción Penal y Cautelar de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, Alberto Zeballos, resolvió ayer dictar medidas sustitutivas en contra del gobernador electo Rubén Costas Aguilera, en el proceso que le sigue el Ministerio de Transparencia por malversación de recursos del Estado y actuación en contra de las leyes por la realización del referéndum del 4 de mayo de 2008; sin embargo, el acusado asumirá su defensa en libertad.
De acuerdo con el dictamen del juez Zeballos, el ex prefecto será arraigado y sólo podrá salir del país con orden judicial justificando invitaciones de tipo institucional. Además, tendrá que pagar una fianza de Bs 100.000 y deberá presentarse cada 20 días a firmar el cuadernillo de asistencia ante el representante del Ministerio Público.
En la audiencia que se llevó a cabo en el quinto piso del Palacio de Justicia y que terminó con una concentración política de los seguidores de Costas, estuvo la fiscal del distrito, Arminda Méndez, que evitó pronunciarse sobre el proceso judicial.
El fiscal que investiga el caso, Róger Guzmán, pidió al juez Zeballos las medidas sustitutivas antes mencionadas para Costas, pero además procuró una fianza de Bs 200.000 y la anotación de sus bienes por un valor de Bs 11 millones para cubrir el gasto que hizo en la realización del referéndum por el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
El abogado de la defensa, Willam Herrera, calificó como temeraria la imputación de la Fiscalía y enseguida explicó y mostró pruebas de que Costas ya fue procesado dos veces por la misma causa. Una de ellas fue rechazada por la Fiscalía General del Estado. Al final de su alegato, Herrera pidió libertad irrestricta para su defendido.
El juez Zeballos accedió al arraigo y a una fianza de Bs 100.000, argumentando que las investigaciones del fiscal muestran indicios de culpabilidad por parte del acusado, por lo que tendrá que cumplir el dictamen mientras las pesquisas sigan y el Ministerio Público decida si hace una acusación formal en su contra; la defensa de Costas tiene tres días para apelar.
“Estoy arraigado en Santa Cruz, pero es por mi pueblo. De aquí no me voy a ir nunca”, fue la primera expresión del ex prefecto, que salió del Palacio de Justicia en medio de la ovación de sus seguidores, que lo esperaron durante toda la tarde.
Después el ex prefecto reiteró que el Gobierno quiere atemorizarlo con este tipo de persecuciones políticas que apuntan a bloquear su asunción en el cargo. “Van a tener que inventarse otros motivos porque tengo el apoyo de un millón de cruceños que votaron por el Estatuto de Santa Cruz”, dijo el acusado.
Las expresiones de apoyo a Costas y rechazo al Gobierno se alternaron por parte del prefecto Roly Aguilera, el líder cívico, Luis Núñez, y del presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores.
Desde La Paz, el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, no quiso emitir criterio alguno a nombre del Gobierno para no interferir en el trabajo de los representantes del Ministerio Público. “Si el juez ha determinado medidas sustitutivas debe ser porque está aplicando lo que la ley le faculta, pero nosotros no vamos a comentar nada el respecto”, señaló Torrico.
EL DEBER llamó anoche al asambleísta electo del MAS Lucio Vedia, que anteriormente presentó una demanda similar en contra de Costas. En primera instancia pidió que se lo vuelva a llamar en 10 minutos, pero después apagó su teléfono celular.
La audiencia realizada ayer en el Palacio de Justicia concitó la expectativa de la gente que a diario realiza trámites judiciales. Hubo problemas tanto para entrar como para salir de la Corte.
En la jornada
– Público. Los seguidores de Rubén Costas coparon el ingreso al Palacio de Justicia después del mediodía. La gente aguantó hasta las 19:00 en medio del sol y el viento. Al final hubo un acto político con el discurso improvisado del gobernador electo para alrededor de medio millar de personas, muchos de ellos funcionarios de la Prefectura.
– Apoyo. Varios dijeron presente a la hora de dar su apoyo a Costas, o por lo menos mostrarse por el Palacio de Justicia. Además del titular cívico Luis Núñez, estuvo Nicolás Ribera, el prefecto Roly Aguilera y el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores Reus, entre otros.
– Fiscal. Sorpresivamente apareció la fiscal del distrito, Arminda Méndez, que se ubicó en el banquillo de los acusadores de Costas y varias veces ironizó con gestos, pero sin intervenir en la audiencia. Al final se fue sin dar explicaciones a la prensa.
– Reclamo. El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, que estuvo en la audiencia de ayer, mostró su preocupación por la presencia de la fiscal Arminda Méndez, a quien nunca se la ve en otros procesos penales. “Sería bueno que asista a todas las causas que están paralizadas”, dijo Paz.
– Demanda. La cifra exacta que se basa en la demanda, que supuestamente malversó el ex prefecto en el referéndum del 4 de mayo de 2008 es Bs 10,061.239. En su defensa, Costas ironizó que no le quiten su vieja camioneta marca Ford.
El proceso dirá si la consulta fue legal o no
Ángel Paz / Pdte. Colegio de Abogados
Las acciones denotan un fin político que persigue inhabilitar al gobernador electo, pero el proceso técnico dirá si el referéndum fue legal o no. En todo caso, desde el punto de vista de las leyes el cargo del gobernador no corre peligro.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, ningún gobernador puede ser destituido de su cargo si es que no hay una sentencia ejecutoriada en su contra. También existe una causa de inhabilidad permanente, pero eso está definido por el Estatuto, por lo tanto, todavía está sujeto a la comparación que se debe hacer con la CPE.
El juez determinó las medidas sustitutivas señalando que existen elementos de probabilidad en contra de Rubén Costas, que lo muestran como posible autor de los hechos, por eso la defensa tendrá que ver si insiste con los dos procesos abiertos por la misma causa que fueron rechazados, uno de ellos incluso por la Fiscalía General, o si cambia de estrategia.
Por el momento, el Ministerio Público tendrá que continuar con las investigaciones, pero el juez insinuó a la fiscal Arminda Méndez que defina si va a hacer la acusación sobre las leyes que están en vigencia.
Arraigan y dictan fianza de Bs 100 mil a Rubén Costas
El juez Alberto Zeballos considera que el gobernador electo Rubén Costas ‘es con probabilidad autor’ de haber gastado ilegalmente recursos para el referéndum de aprobación de los estatutos.
Ref. Fotografia: Como león • Costas pronunció ante el juez uno de sus mejores discursos justificando la convocatoria al referéndum
EL DÍA
Martes, 20 de Abril, 2010
“Es o no es un juicio político”, preguntó el gobernador electo Rubén Costas a la gente que durante cuatro horas lo esperó a las puertas del Palacio de Justicia. Y la respuesta fue “siií”.
Eran las 19 horas y Costas no alcanzaba a comprender todavía si en la audiencia cautelar, en la que compareció ante el juez Alberto Zeballos, le había ido bien o mal.
Lo cierto es que de ahí había salido con la orden de presentarse cada 20 días antes los fiscales que lo investigan y con la prohibición de no moverse de Bolivia, además de tener que pagar una fianza de 100 mil bolivianos.
“Es una canallada” dijo cuando se dirigió a sus seguidores y evocando a los cabildos les preguntó si consideraron que fue legal o ilegal haber convocado al referéndum por la aprobación de los estatutos y puntualizó que “sin un 4 de mayo no habría un 4 de abril”.
Esa fue precisamente la base de su defensa a la acusación planteada por el fiscal Róger Guzmán. Rememoró los cabildos y la consolidación del proceso autonómico con la constitucionalización de la autonomía en la actual carta magna.
También respondió que los estatutos autonómicos son válidos porque en éstos se basó el Congreso para aprobar la Ley Transitoria Electoral que permitió la elección de gobernadores, alcaldes y asambleístas departamentales.
“De dónde creen que el Gobierno sacó que en Santa Cruz debería haber una segunda vuelta en la elección de Gobernador, de nuestros Estatutos por supuesto”, dijo.
De ese modo Costas respondió a todo y su abogado William Herrera ridiculizó al fiscal Guzmán mostrando un documento de la Corte Departamental Electoral que certificaba que éste votó en el referéndum por autonomías y afirmando también que otros dos procesos anteriores por el mismo tema habían sido archivados, uno en la justicia ordinaria y otro por orden del fiscal General, Mario Uribe.
Pero los fiscales descargaron toda su artillería contra Costas al revelar una larga lista de bienes inmuebles, vehículos y acciones registrados por el Gobernador y de los cuales pidieron su hipoteca o anotación preventiva en la Unidad Operativa de Tránsito para garantizar el pago de los 10 millones 600 mil bolivianos que demandó la administración de la consulta.
Pero Costas, que fue acompañado de su esposa y su madre a la audiencia, salió al paso agradeciendo al fiscal por haber anotado un jeep Ford modelo 74, que ya no existe. Por eso el juez Zeballos, que sorprendió aparentemente leyendo su resolución, consideró que el Ministerio Público debe probar si todos los bienes que le atribuyen, le pertenecen, para ver la anotación preventiva de éstos. Y Arminda Méndez dijo que estará presente en todas las audiencias donde el Estado es víctima.
Al salir de la audiencia su defensor Herrera anunció que apelará al dictamen del juez y descartó que éste sea inhabilitado. “Sólo con sentencia ejecutoriada”, afirmó. Y Costas se alejó a meditar si lo dejarán gobernar los cinco años. Debe prestar juramento el 30 de mayo.
‘Estoy tranquilo por llamar a un referéndum en el que votó hasta el fiscal que me acusa’
la acusación
Los fiscales • Róger Guzmán y Arminda Méndez plantearon la hipoteca de los bienes de Rubén Costas, fianza de 200 mil bolivianos y arraigo.
La causa • Haber gastado 10 millones 600 mil bolivianos en la administración del referéndum del 4 de mayo del 2008 que no estaban destinados para ese fin y que la Corte Nacional Electoral ni el Congreso autorizaron.
la defensa
Rubén Costas • Y su abogado William Herrera afirmaron que no había necesidad de ningún arraigo ni anotación preventiva de bienes.
La justificación • Herrera calificó como ‘temerario’ y Costas como ‘canallada’ el inicio del proceso por haber ejecutado un referéndum el 4 de mayo que permitió la incorporación de la autonomía a la actual Constitución.
juez
Alberto Zeballos • Consideró que Costas es autor de los delitos que se le imputan y le impone el arraigo y pago de Bs 100 mil de fianza.
La justificación • Señala que cuando Costas convocó al referéndum por la aprobación de Estatutos no tenía la potestad de hacerlo ni de gastar el dinero que en el presupuesto estaba destinado para otro tipo de ítems.
punto de vista
‘Puede ser inhabilitado’
EDWIN ROJAS
Colegio Nal. de Abogados
El hecho que el juez Alberto Zeballos haya señalado en su resolución que cree que el ahora Gobernador electo Rubén Costas es con probabilidad autor de los delitos que se le imputan: de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, significa la apertura oficial a un proceso judicial en materia penal que antes había sido rechazado porque cuando ejecutó el referéndum era prefecto electo y en la antigua Constitución Política del Estado le asigna un fuero especial, el de Caso de Corte que faculta a la Corte Suprema de Justicia llevar adelante el proceso.
De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, cuando un juez advierte que hay indicios de culpabilidad da la potestad para que el Ministerio Público, en un periodo de seis meses como máximo de la etapa preparatoria, que puede ser un mes, impute formalmente a Rubén Costas y fije la realización de un juicio oral contra él y existen sentencias constituciones que con la apertura oficial de una causa ante un tribunal puede proceder la suspensión del cargo. Era deber del Ministerio Público y del juez declararse incompetentes y remitir el caso a la Corte Suprema como corresponde. Por eso es que lo primero que debe hacer el abogado defensor de Costas debe ser plantear una excepción de incompetencia.
Corresponde asumir una defensa legal y técnica en este tipo de casos y asumir que el referéndum de estatutos convocado siguió todos los pasos incluyendo el del control constitucional que no se pronunció.
Después yo considero inaudito que el juez cautelar haya aplicado una medida de arraigo de un Gobernador electo que en el cumplimiento de sus funciones tiene que viajar al exterior y en mi criterio ésta se da cuando existe riesgo de fuga.