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El asesor legal de las dueñas de un local que denunciaron una extorsión municipal, Jorge Rivero, señala que ratificaron la demanda y que han presentado todas las pruebas posibles a la Fiscalía.
Acusan a Marco Ferrufino y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Alberto Moreira, por concusión y haber recibido Bs. 7 mil para reabrir un local y dar un permiso de expendio de bebidas alcohólicas. El abogado afirma que hubo reuniones en locales públicos entre las demandantes y Ferrufino, por lo que han pedido los videos.
El abogado Jorge Rivero señala que la abogada María Esther Flores, a quien acusan de hacerse pasar por fiscal, cometió el delito de prolongación de funciones porque ya no se desempeña en este cargo hace meses. Ven intereses oscuros en el afán de Flores por clausurar el local, los mismos que buscarán determinar con la investigación.
Fuente: Unitel
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