El presidente Morales les ha dicho a los empresarios y por ende a toda la región que en Santa Cruz nadie más puede hacer política.
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: El ‘hijo opa’ del centralismo
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Bajo el Penoco, El Día: Ahora que son mediadores
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Los Tiempos: Expocruz, todo un símbolo nacional
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El Deber: Leyes de doble filo
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La Razón: Re-descertificados
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Cambio: El mercado de la ‘libertad de expresión’
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La Prensa: Leyes de doble filo
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El Diario: Inmunidad de hecho en órganos legislativos
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El Mundo: Estar presente
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Opinión: Sueldos y eficiencia en la administración pública
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Clarín, Argentina: Las buenas y malas formas de la politización
El Día: El ‘hijo opa’ del centralismo
El acto de apertura de la 35 edición de la Expocruz 2010, puede ser considerado por el MAS, como uno de los más importantes en el contexto de la expansión y consolidación de su hegemonía en el país. Y no es porque haya sido la primera vez en cinco años que el presidente Evo Morales es el invitado de honor en la Feria Exposición y tampoco es porque en ese evento se haya producido el gesto más inequívoco de sumisión del empresariado regional hacia el Gobierno. Lo es, porque en ese lugar y en ese momento, se han sentado las bases de lo que será en el futuro la conducta política que asumirá la institucionalidad cruceña frente al régimen imperante, que acaba de señalarle a la región cuál es la actitud que espera de los líderes que, desde hace años, están amenazados de ser aplastados en caso de que decidan levantar cabeza.
El presidente Morales ha nombrado oficialmente a los dirigentes de la CAO y la Cainco, como los intermediarios más eficientes entre la región y el Gobierno, mucho más eficaces, según él, que el gobernador Rubén Costas, con quien ha estado desarrollando una relación bastante estrecha en las últimas semanas. Costas no estaba en ese momento en la Feria Exposición, porque había decidido marcharse al sur del departamento a inaugurar obras menores. La última vez que compartió el espacio con el Primer Mandatario y los empresarios, su figura fue reducida a la de un simple espectador, papel que seguramente no quiso repetir y menos en una ceremonia de capitulación tan vergonzosa.
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En buenos términos, el presidente Morales les ha dicho a los empresarios y por ende toda la región que en Santa Cruz nadie más puede hacer política, ni siquiera como lo está haciendo Rubén Costas, quien hace mucho dejó de ser un opositor propiamente dicho. Santa Cruz puede seguir entonces, aportando con un tercio del Producto Bruto Interno, puede seguir pagando casi la mitad de los impuestos del país, puede seguir produciendo alimentos (con precios controlados y con prohibiciones de exportar), solventando a la Policía, al Ejército y a la burocracia nacional, pero la política se hace en La Paz y sólo el MAS está autorizado a hacerlo.
El vicepresidente Álvaro García Linera, presente en el acto de la Expocruz y autor de los lineamientos económicos del régimen, dijo estar orgulloso de la Feria cruceña, que dicho sea de paso, es el símbolo de la productividad cruceña, conseguida en base a los principios del liberalismo económico y la iniciativa privada. El impulsor del estatismo en Bolivia no se mostró incómodo en el lugar y más bien se ha comprometido a impulsar el desarrollo de la región. Siempre y cuando –habría que decir-, Santa Cruz siga asumiendo su papel de fortachón, valiente y trabajador, pero enano desde el punto de vista político. Por lo visto, los empresarios de la CAO y la Cainco, que desde hace décadas asumieron el liderazgo en la región, están gustosos de cumplir ese rol.
Está en manos de la gente, seguir creyendo que en la CAO, en la Cainco y en otras instituciones se encuentran los líderes idóneos, los “intermediarios” que señala el régimen y por supuesto, está en manos de la población decidir si Santa Cruz debe seguir siendo el “hijo opa” del centralismo.
El presidente Morales les ha dicho a los empresarios y por ende a toda la región que en Santa Cruz nadie más puede hacer política.
Bajo el Penoco, El Día: Ahora que son mediadores
Un mediador es un árbitro, alguien que se pone en el medio, para evitar abusos de uno y otro bando. Evo Morales ha definido a los empresarios de la CAO y de la Cainco, como mediadores ante Santa Cruz, incluso más eficientes que el gobernador Rubén Costas, con quien se disculpó por su predilección por Mauricio Roca y Eduardo Paz, sus sonrientes anfitriones en la inauguración de la Expocruz 2010. Al final se confirmó que la ausencia del “prefectuli” en la Feria fue para no volver hacer el papel de “mirón de palo” que hizo en el aniversario de la Cainco hace un par de semanas, pues tal como se observó, el que tenía que brillar era el jefazo, con los dos dirigentes gremiales cruceños haciendo de “lustreros”. Y ya que son mediadores, podrían hacer algunas diligencias ante el régimen que tanto los adula, para que deje de perseguir, deje de derrocar, deje de estropear empresarios y deje que Santa Cruz levante cabeza, que la región no sea sólo para trabajar, producir y pagar impuestos, como le gusta al centralismo.
Los Tiempos: Expocruz, todo un símbolo nacional
NUESTRA PALABRA
Ante la abundancia de buenas intenciones, sólo cabe esperar que todas las partes involucradas respalden con actos sus palabras
La inauguración de la XXXV versión de la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz) la noche del pasado viernes ha sido, como lo fue durante los años anteriores, algo más que un acto social para formalizar el inicio del más importante evento empresarial de nuestro país. Ha sido, además y principalmente, un escenario donde de manera simbólica se ha representado lo esencial de la situación económica, política y social de nuestro país.
Durante los cuatro años anteriores, el elemento simbólico más elocuente fue la ausencia del presidente Evo Morales, una ausencia que expresaba con toda claridad cuán hondo era el distanciamiento entre el proyecto político gubernamental y las tradicionales élites cruceñas que al no admitirlo en lo que consideraban su bastión principal expresaban su decisión de oponérsele a cualquier costo.
Ahora, la nueva situación también resultó muy bien representada por algunas ausencias. Pero esta vez los ausentes fueron los máximos exponentes de la oposición cívica y regional. Así, la ausencia del Gobernador, del Alcalde y del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, entre otros personajes cruceños, se constituyó en todo un símbolo de la derrota política de lo que solía ser el bastión principal del "antimasismo". Como contrapartida, el rol protagónico que jugaron en el acto inaugural los dos principales mandatarios de nuestro país da cuenta de que, por lo menos por ahora, está plenamente resuelta a su favor la confrontación política.
En el plano económico y social, en cambio, lo que se ve en la Expocruz indica que no hay lugar para términos como "vencedores y vencidos". Muy por el contrario, todos los datos estadísticos, así como el intenso movimiento que fácilmente se puede apreciar a simple vista, confirman que Santa Cruz no sólo no ha perdido nada de su ya tradicional pujanza, sino que ésta continúa fortaleciéndose con la incorporación a su aparato productivo y comercial de personas provenientes de los más diversos confines de nuestro país y que la nutren con su espíritu emprendedor. Tienen razón por eso quienes, como lo destacó Evo Morales en su discurso, califican a Santa Cruz como la máxima expresión de la integración nacional.
Todo lo anterior fue fielmente reflejado en el tono conciliador que compartieron los discursos inaugurales. Tanto el presidente Morales como el presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) se esmeraron para que sus palabras tengan en la forma y en el contenido un espíritu favorable a la inauguración de una nueva fase en las relaciones entre el sector privado y el estatal, entre el oriente y el occidente, entre las élites tradicionales y las emergentes.
Lo que ahora cabe esperar es que todas las partes involucradas respalden con sus actos sus buenas intenciones. El presidente Morales, por ejemplo, tendrá que demostrar que fue sincero cuando dijo que "el Gobierno Nacional no puede vivir permanentemente peleado con los gobiernos departamentales", para lo que bastará que detenga la ofensiva contra autoridades que no integran las filas del MAS. Las autoridades cruceñas, por su parte, tendrán que comprender que no es sensato su afán de darle la espalda a una realidad que existe muy independientemente de sus deseos y de su voluntad.
El Deber: Leyes de doble filo
La gran mayoría de los bolivianos cree, con muy pocas excepciones, que el comportamiento racista que se da en la sociedad debe ser erradicado. Esta generación de bolivianos ha hecho probablemente mucho más que todas las anteriores por terminar con malos hábitos heredados del pasado.
Pero proponerse elaborar una ley para acelerar el proceso de eliminación de los residuos de racismo que hubieran quedado parece llevar a un terreno extraño y quizá inapropiado algo que debería estar concentrado en esfuerzos de educación ciudadana, como han hecho y siguen haciendo otros países.
La convivencia civilizada no es algo que pueda imponerse mediante leyes y sanciones draconianas, sino mediante métodos civilizados, que sean en sí mismos la inspiración de lo que se busca.
Como lo han dicho parlamentarios de la oposición, así como otros del propio Gobierno que, sin embargo, fueron forzados a apoyar la propuesta oficialista, hacer una ley para acabar con el comportamiento racista de algunas personas no es una idea brillante y ni siquiera tiene posibilidades de ser eficiente.
El proyecto de ley parece aludir al racismo sólo como un pretexto para incluir en sus alcances violaciones de otros derechos, como es el caso de la libertad de expresión, que pretende ser mellada en esta oportunidad.
Una ley elaborada para combatir, supuestamente, el racismo, termina siendo una espada de Damocles que pende sobre el cuello de los medios de comunicación como resultado de una confusa enumeración de faltas.
A juzgar por la redacción del proyecto, cualquier denuncia que se presentare ante las autoridades acerca de alusiones ‘racistas’ de algún medio de comunicación, daría lugar a sanciones y a la suspensión de la ‘licencia’.
Aquí queda claro que el objetivo es alcanzar a los medios que necesitan una licencia, es decir los audiovisuales, y que la sanción sería la suspensión de ese derecho adquirido mediante procedimientos legales.
Si las autoridades nacionales quisieran revisar el procedimiento de concesión de licencias, o directamente revocar algunas de ellas, podrían hacerlo de manera más franca, en lugar de usar el racismo como pretexto.
Por lo demás, los medios de comunicación bolivianos deben ser los que menos alusiones de tipo racista hacen en América Latina, precisamente porque forman parte de una sociedad que respeta las diferencias. No podía ser de otra manera, pues dos tercios de la población boliviana pertenece a la categoría racial de mestizo.
La posibilidad de que esta ley de doble filo sea aprobada por el Parlamento ha provocado, con justa razón, la alarma de los profesionales que operan en los medios de comunicación del país.
Algunas organizaciones colegiadas habían estado rehuyendo el bulto, pero la indignación de los profesionales las ha obligado a levantar la voz y pedir que se ponga freno a los atropellos incluidos en el proyecto de ley por quienes lo redactaron.
A raíz de esas protestas, el Senado nacional decidió abrir una etapa de consulta con el sector, pero lo está haciendo con criterio selectivo y de manera deshonesta, lo que ha provocado la molestia de dirigentes que identifican este comportamiento como una patraña.
La libertad de expresión es esencial para la democracia. Violarla, directamente o de soslayo, es violar y debilitar la democracia.
La Razón: Re-descertificados
Se podía leer entre líneas una implícita aceptación de que ambas partes tienen razón
Sorprende en cambio —un poco, nada más— el tono utilizado por los gobiernos de EEUU y Bolivia, menos recio que en otras oportunidades. El informe de la administración de Obama al Congreso estadounidense, que “descertifica” a Bolivia, a diferencia de otros años tiene visos de blandura; de hecho, reconoce la labor del Gobierno nacional en varias partes. Y la respuesta del presidente Morales, firme como siempre, tiene sus matices.
Precisamente del distingo que hace EEUU entre la actualidad boliviana —de no mostrar avances claros en la erradicación del cultivo de coca o en el descenso de la producción de cocaína, frente a los esfuerzos de las incautaciones de droga, destrucción de laboratorios y las detenciones de presuntos productores y traficantes— se aferra Morales para responder a la medida de Obama. Dice que el informe es contradictorio y político, y alude a una revancha por la expulsión de la agencia antidroga, la DEA.
Se advierte menos agresividad en la “reprimenda” y en la contraofensiva que llegan, invariablemente, cada año. Cuando EEUU cuestiona, por ejemplo, la creciente presencia de narcotraficantes extranjeros en Bolivia, lo hace compartiendo la preocupación del Gobierno de este país. Y el rechazo de Morales, destacando la inversión propia de 25 millones de dólares para combatir al narcotráfico, suena razonable —y lo es— más allá de la referencia ideológica de que lo negativo del informe se debe a la posición boliviana “anticapitalista y antiimperialista”.
Al gobierno de Morales no le gusta que le señalen sus errores; y si lo hacen desde el exterior, considera que se ofende la dignidad del boliviano y se ataca la soberanía nacional. EEUU, de su lado, se cree con el derecho de apuntar con el dedo a todo el mundo y le cuesta admitir sus propias culpas, que son muchas. Este tema —recomendación para ambos países— exige menos soberbia y más sensatez.
La descertificación se ve venir todos los años; lo que sí sorprendería es que EEUU opinase todo lo contrario. En el tono empleado esta vez se halla la diferencia: se podría leer entre líneas una implícita aceptación de que ambas partes, en el fondo, tienen razón. Bolivia puede hacer más, y por supuesto que lo haría mejor con ayuda reforzada de EEUU; EEUU puede hacer más, y claramente lo haría mejor si reconociera que se lleva una buena parte de la responsabilidad en el problema de las drogas.
Cambio: El mercado de la ‘libertad de expresión’
En contraste con lo que era papel corriente en otros medios escritos, en sus buenos tiempos el matutino católico Presencia se daba el lujo de rechazar solicitadas de media página o más, así sea a colores. Y no precisamente porque no hubiese un criterio gerencial en la materia, sino porque allí primaban principios fundamentales de respeto al ciudadano y ética. Todo aviso que contenía insultos, injurias e incitaciones a la violencia, sencillamente se rechazaba y punto.
Esta norma de responsabilidad social, que muy bien podría calificarse como un "flagrante atentado a la libertad de expresión" por parte de los eternos y viejos defensores de aquella "divisa" a raja tabla, es la que muchos medios de comunicación privados hoy han olvidado. Es bueno recordar en ese marco y rendir un homenaje a directores como don Huáscar Cajías y sin duda Ana María Romero de Campero, que eran celosos guardianes de que aquella buena práctica se ejerciera en el periódico con rigurosidad absoluta. No importaba perder plata, aunque todo indicaba, claro, que aquel apego a un principio era incompatible con el libre mercado, la competencia y, desde luego, con el supuesto "derecho" de todo ciudadano a decir lo que se le venga en gana a través de un medio de comunicación.
Contrariamente a lo que ocurría con aquel prestigioso diario católico, hoy lamentablemente desaparecido y muy extrañado, hace poco más de un año el periódico La Razón de La Paz incluyó en su edición ordinaria, al margen de cualquier principio periodístico y ético, un "informe especial" anónimo referido a la acción del grupo separatista comandado por Eduardo Rózsa Flores propalando en él cuanto quisieran los autores y, desde la perspectiva jurídica, haciendo apología del delito de la manera más descarada. Ahí las asociaciones de prensa y tribunales de ética… mutis.
La Prensa: Leyes de doble filo
La posibilidad de que esta ley sea aprobada ha provocado la alarma de los profesionales que operan en los medios de comunicación del país.
La gran mayoría de los bolivianos cree, con muy pocas excepciones, que el comportamiento racista que se da en la sociedad debe ser erradicado. Esta generación de bolivianos ha hecho probablemente más que todas las anteriores por terminar con malos hábitos heredados del pasado.
Pero proponerse elaborar una ley para acelerar el proceso de eliminación de los residuos de racismo que hubieran quedado parece llevar a un terreno extraño y quizá inapropiado algo que debería estar concentrado en esfuerzos de educación ciudadana, como han hecho y siguen haciendo otros países.
La convivencia civilizada no es algo que pueda imponerse mediante leyes y sanciones draconianas, sino mediante métodos civilizados, que sean en sí mismos la inspiración de lo que se busca.
Como lo han dicho parlamentarios de la oposición, así como otros del propio Gobierno que sin embargo fueron forzados a apoyar la propuesta oficialista, hacer una ley para acabar con el comportamiento racista de algunas personas no es una idea brillante y ni siquiera tiene posibilidades de ser eficaz.
El proyecto de ley parece aludir al racismo sólo como un pretexto para incluir en sus alcances violaciones de otros derechos, como es el caso de la libertad de expresión, que pretenden mellar en esta oportunidad.
Una ley para combatir, supuestamente, el racismo termina siendo una espada de Damocles que pende sobre el cuello de los medios de comunicación como resultado de una confusa enumeración de faltas.
A juzgar por la redacción del proyecto, cualquier denuncia que se presentare ante las autoridades acerca de alusiones ?racistas? de algún medio de comunicación, daría lugar a sanciones y a la suspensión de la licencia.
Aquí queda claro que el objetivo es alcanzar a los medios que necesitan una licencia, es decir, los audiovisuales, y que la sanción sería la suspensión de ese derecho adquirido mediante procedimientos legales.
Si las autoridades nacionales quisieran revisar el procedimiento de concesión de licencias, o directamente revocar algunas de ellas, podrían hacerlo de manera más franca, en lugar de usar el racismo como pretexto.
Por lo demás, los medios de comunicación bolivianos deben ser los que menos alusiones de tipo racista hacen en América Latina, precisamente porque forman parte de una sociedad que respeta las diferencias. No podía ser de otra manera, pues dos tercios de la población boliviana pertenecen a la categoría racial de mestizo.
La posibilidad de que esta ley de doble filo sea aprobada por el Parlamento ha provocado, con justa razón, la alarma de los profesionales que operan en los medios de comunicación del país.
Algunas organizaciones colegiadas habían estado rehuyendo el bulto, pero la indignación de los profesionales las ha obligado a levantar la voz y pedir que se ponga freno a los atropellos incluidos en el proyecto de ley.
A raíz de esas protestas, el Senado decidió abrir una etapa de consulta con el sector, pero lo está haciendo con criterio selectivo y de manera deshonesta, lo que ha provocado la molestia de dirigentes que identifican este comportamiento como una patraña.
La libertad de expresión es esencial para la democracia. Violarla, directamente o de soslayo, es violar y debilitar la democracia.
El Diario: Inmunidad de hecho en órganos legislativos
No faltan ciudadanos inescrupulosos que creen amparar sus actos ilícitos y aun delictivos ocupando algún cargo electivo o más propiamente en el Órgano Legislativo, ahora multiplicado por nueve, pues, cada departamento tiene una Asamblea Legislativa, además del Órgano Plurinacional. Esto que en términos corrientes puede calificarse como una maña política, no es de ahora sino que en el período neoliberal se lo ha visto con frecuencia. En efecto, el supuesto amparo cubre actos penales después de su comisión o sirve para ponerse a cubierto con la intención de cometerlos. Se dirá que situaciones como estas ya no tienen cabida porque la Constitución abolió la inviolabilidad y la inmunidad a todos los legisladores, sin embargo tal investidura parlamentaria siempre será un freno para nuestra timorata Justicia, dependiendo, es cierto, de la decisión que puedan demostrar o no los jueces.
Similar situación acaba de darse en el caso de Benjamín Altamirano, ex – alcalde de Ayo Ayo, quien fuera quemado hasta morir por un grupo de vecinos entre los que se encontraba Gabriel Pinto Tola, hoy sentenciado a 30 años de presidio, luego de un juicio que se prolonga desde julio de 2004. Al presente, este reo es consejero de La Paz en la Asamblea Departamental, organismo que se negó a suspenderlo del ejercicio de sus funciones como correspondía y esperó que su colega solicitara licencia. El pretexto para la omisión corporativa ha sido que no podía actuar de “oficio”, pese a que los familiares de la víctima exigieron la indicada medida de suspensión. Es notoria la diferencia que existe entre la mera “acusación formal” de un fiscal para destituir a un alcalde y el silencio de la ley para separar de su curul a los asambleístas departamentales que se encuentren sub judice o sentenciados, como en el caso en cuestión.
Por supuesto, Pinto Tola no es el único condenado a 30 años de prisión, sino que debían acompañarlo otros 7 co-autores de crimen, quienes hasta ahora no comparecen ante la Justicia, haciendo un total de 18 procesados, con distintos grados de reclusión. Pero la estratagema no sólo es obra personal, sino que se debe a la ligera selección de los candidatos, en lo concreto del partido oficial. La situación en análisis era y es de conocimiento público por lo bullado de dicho crimen, de modo que no era posible desconocerla. Lo anterior es suficiente para ver que mucho anda mal en la política nacional, repetimos, no ahora, sino que este fenómeno tiene larga data. La oposición al régimen del MAS no está libre de crítica en este aspecto y los partidos del pasado tropezaron en la misma piedra, pero ninguno ha llegado a ungir como parlamentario a quien fuera sentenciado por un crimen horrendo.
Todo parece indicar una tremenda falta de organicidad de los partidos y carencia de criterios selectivos, sin que se pueda alegar omisiones debidas al conjunto de movimientos sociales que nutren las filas oficialistas. Es fácil advertir que estos hechos revertirán contra la propia alianza social en vista de que postulaciones semejantes terminarán por minar la confianza de un electorado que en términos generales es ajeno a la consigna partidista y confiadamente vota por una u otra candidatura guiado por su buena fe, pero al ver que se le proponen personajes tan descalificados, terminará por favorecer a otra opción o muy probablemente restará su concurso a futuros eventos electorales. El fraude en general y éste en particular a nada bueno puede conducir.
Es que el compañerismo o la militancia ciega no puede llevar a los extremos de devaluar tan seriamente los órganos legislativos del país -a nivel nacional y/o departamental y municipal- sin reparar en que los mismos son una especie de vitrina hacia el interior y el exterior del país, no sólo en cuanto a una correcta institucionalidad sino a la calidad ética e intelectual de sus miembros. El abierto mundo de la información actual nos muestra a diario una esmerada cualificación de las diferentes naciones al respecto. Este acápite no dice relación alguna con factores de discriminación tan manoseados en nuestro medio, la selección del más apto en política debe ser tan natural y decisiva como en la ciencia, en el arte y en la inmensa variedad del quehacer humano. El mundo competitivo de nuestros días exige el concurso de los mejores. Esto quiere decir en lo ético e intelectual.
El Mundo: Estar presente
No terminan de retirarse las cosas que se presentan en el campo ferial, cuando los cruceños comienzan a pensar en lo que será la siguiente versión. Toda clausura es motivo para hacer un repaso de las experiencias recogidas y para planificar las cosas que serán presentadas el año siguiente. A media que pasa el tiempo se acentúan los preparativos, hasta que llega el momento de una nueva apertura y no deja de ser motivo de orgullo el ofrecer a los visitantes el producto del esfuerzo de un año en el que cada uno hizo su parte, desde el lugar en que se encuentra, para conseguir un éxito renovado que se manifiesta en el espacio de exhibición, en el monto de los negocios, en el número de participantes, en fin en todas las cosas que pueden ser comparadas entre una y otra gestión.
No sólo las personas que tendrán la posibilidad de hacer negocios, sino inclusive aquellas que se convertirán en ocasionales visitantes e inclusive las posibilidad de conocer nuevos amigos son elementos motivadores en este momento central de las fiestas de septiembre que en el caso actual, cobran una dimensión especial, por el tema del Bicentenario, de esa manera los negocios se mezclan también con la historia y la recordación de los héroes, de los patriotas y de sus logros se ensamblan con la actividad productiva para hacer de la fiesta un hecho especial.
Los preparativos tienen un énfasis especial a medida que los momentos planificados se van concretando y llega el momento de la apertura oficial; se trata del inicio de diez días en los que Santa Cruz tendrá oportunidad de mostrar a propios y extraños lo mejor que tiene.
Ser parte del momento inaugural tiene una connotación especial, inclusive para aquellos que estuvieron presentes durante muchos años, cada acto de apertura tiene connotaciones especiales y vale la pena mencionarlos, uno de los detalles más importantes es la presencia de personalidades que con seguridad, han de dar relieve al acto, una de ellas es la presencia del Presidente y las principales autoridades del Gobierno, vale la pena aclarar que no se trata de tal o cual persona sino de la investidura que es lo que da relieve, al igual que la presencia de autoridades locales, jefes de instituciones y otras personalidades que juntas dan realce a los actos.
Lo mencionamos en forma especial porque en el caso actual, hubo algunas personas que decidieron hacer que algunas autoridades y representantes estén ausentes de un acto trascendental y nos imaginamos que lo hicieron pensando en qué importa uno más o uno menos, sin tomar en cuenta que se trataba de instituciones que quedaron ausentes en una ocasión especial.
Varias personas decidieron no estar porque no querían ver o estar cerca de gente con la que no simpatizan, y precisamente esas personas que no les gustan tuvieron la suerte de estar presentes en los actos; no se trataba de estar junto a fulano o a zutano, lo importante era la presencia de las principales autoridades de instituciones en la inauguración de la feria.
Se trataba de estar en la feria, sin que importe al lado de quién o de quiénes; no sólo en la actividad política o social, sino en todas las ramas de la actividad; estuvieron presentes los mejores, los escogidos y habrá muchos que estarán allí durante toda la temporada ferial, para ser vistos por los visitantes. Los mejores políticos junto a sus admiradores, los mejores empresarios concretando negocios, los mejores ejemplares luciendo sus kilos o su gran capacidad productora, fueron y serán admirados en estos días.
La feria es una cita para todos y con seguridad se alcanzará ese monto de 550 mil visitantes que se han propuesto los organizadores.
Opinión: Sueldos y eficiencia en la administración pública
Un debate que se explica sólo por el alcance de la mentalidad de los grupos dominantes, es el relativo a la cantidad de dinero que deben ganar los funcionarios públicos. La mera cantidad, en sí misma, no representa nada desde el punto de vista ético y tampoco económico. Lo que debemos reclamar de quienes ocupan cargos altos en la administración pública, es productividad y en dimensión más amplia, conducta honorable. Es verdad que en el pasado, el mayor obstáculo para el desarrollo fue, paradójicamente, el orden político administrativo con fuerte influencia del feudalismo europeo. Lo que ha fallado y sigue en esa misma tendencia, es la preponderancia de la militancia política frente a la capacidad. Para elevar el rendimiento del aparato estatal, no basta poner un límite a los sueldos y salarios.
Si el propósito es convertir al funcionario público en un símbolo de eficiencia y honorabilidad, lo esencial no es precisamente el monto de dinero que percibirá por sus servicios. Quizá lo que determine el nivel de evolución de una de las estructuras más poderosas de la sociedad, sea el uso de nuevas condiciones para seleccionar a quienes ocuparán ministerios, prefecturas y alcaldías. Parece inevitable que, en estos cargos, haya una condición partidaria, puesto que al final se trata de la ejecución de planes y programas ofertados al pueblo a partir de una organización sectárea, ideológica y operativamente definida. Contemporáneamente, todavía no hay otra estructura que cumpla el papel de intermediador entre el pueblo y el poder constituido.
Donde ya es difícil aceptar y pasar por alto la preeminencia del carnet de partido, es allá donde lo fundamental es la capacidad y obviamente la honorabilidad. Resuelta la exigencia respecto a la producción y productividad de los empleados públicos, el sueldo puede ser dimensionado conforme a las condiciones objetivas y subjetivas que las personas necesitan para vivir honorablemente y en esa proyección para entregar, al bien común, lo mejor de su capacidad pensante y realizadora. No debemos olvidar que en ese ámbito, la administración pública y el Gobierno, están formados por funcionarios elegidos o nombrados por alguna autoridad superior, con el fin único de servir a la comunidad.
Desde hace mucho tiempo, en los diferentes medios de comunicación, se discute apasionadamente, si algún funcionario cobró o no sus gastos de representación, con lo que en algunos casos, se perturba y en otros se anula lo que la burocracia debe hacer. No está mal poner un límite a lo que oficialmente deben ganar los que ocupan cargos en las estructuras públicas nacionales o departamentales. Pero, mucho más que eso, es crear las condiciones para que la administración pública se transforme del aparato represivo, exaccionador y obstaculizador que actualmente es, en una gran institución encargada de planificar y llevar adelante el desarrollo nacional. En esa proyección, verdaderamente conductora, quizá los sueldos sean tan altos como altos sean los rendimientos de las personas. El debate actual, en el fondo, es parte de la pobreza y de la dimensión inherente a tal grado de evolución. No por ganar menos, las personas serán mejores. Sabemos que en YPFB, hay sueldos hasta de cincuenta mil bolivianos, lamentablemente, sin resultados equivalentes a esos montos.
Clarín, Argentina: Las buenas y malas formas de la politización
La politización mal entendida está provocando un serio deterioro institucional que se refleja en la incertidumbre de los inversores y los relevamientos de opinión y que afecta la vida social y económica.
El término politización puede referirse a un incremento del interés de la ciudadanía por la política, la discusión de ideas y propuestas para el cambio de políticas o instituciones, o cualquier otra manifestación asociada con la participación activa en la vida política. Pero también puede hacer alusión a que un gobierno o una organización politica, utilizan argumentos o maniobras políticas para tratar temas de interés público y, de esa forma, perseguir intereses propios.
Cuando esto sucede se relega o se suprime el uso de los criterios técnicos necesarios para la consideración y solución de los problemas involucrados, o se producen distorsiones en el funcionamiento de los organismos o los mecanismos del sistema republicano. En cualquier caso se engaña y se perjudica a la ciudadanía.
El Gobierno y el oficialismo en el Congreso apelan, en forma recurrente, a esta versión negativa de la politización para defender objetivos partidarios, procurar el ocultamiento de realidades evidentes o evitar la plena manifestación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
El caso más relevante de esta política es, sin duda, la manipulación politica del tema de los derechos humanos, que el Gobierno practica en forma cada vez más explícita y distorsiva.
También cabe en este cuadro la política de hostigamiento a la prensa independiente esgrimiendo falsos argumentos referidos a la defensa de libertades o derechos. Esta actitud en relación a la prensa ha merecido reiterados repudios de personalidades y organizaciones periodísticas y de medios del país y del exterior y ha contribuido a degradar el clima político y la imagen argentina ante el mundo.
Cabe señalar, también, la distorsión de las estadísticas públicas con el propósito de ocultar realidades políticamente perjudiciales para el oficialismo y que ha motivado a una seria crítica de una comisión de Universidades Nacionales.
En ninguno de los casos el Gobierno ha logrado sus objetivos: la utilización política de los derechos humanos ha provocado rechazos de personalidades y organizaciones vinculadas al tema, los ataques a la prensa no han impedido la difusión de opiniones e informaciones y la manipulación del INDEC no ha eliminado el problema de la inflación ni sus consecuencias.
En los últimos días se agregó la contribución oficial a la politización del conflicto educativo. Tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como el ex presidente Néstor Kirchner, apoyaron públicamente la toma de colegios, en el entendimiento de que afecta a su competidor político Mauricio Macri. De este modo, no sólo desconocen la responsabilidad que el Estado Nacional tiene en la educación, independientemente de la jurisdicción en que se encuentre una escuela o una universidad, sino que subordinan abiertamente el tratamiento de un tema crucial para la sociedad, para el presente y para el futuro, a objetivos electorales inmediatos.
En todos los casos se pone de manifiesto tanto un menosprecio por el funcionamiento de las instituciones y una falta de visión de largo plazo en los aspectos sustantivos de la vida nacional, como el ejercicio de los derechos, la confiabilidad del Estado, la estabilidad económica o el desarrollo del conocimiento.
La politización puede tener un significado positivo cuando se refiere al interés por la cosa pública, pero negativo cuando alude a la manipulación de los temas en función de intereses políticos de gobiernos u organizaciones políticas, como sucede ahora en temas de derechos humanos. En este caso se relega el uso de criterios técnicos, se distorsiona el funcionamiento de las instituciones y se perjudica a la población.