Carlos Corz

El proyecto de ley de regularización de vehículos indocumentados se encuentra en el Legislativo

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De darse curso a la nacionalización de vehículos indocumentados o «chutos», la medida representará un incremento inmediato en la demanda de carburantes y agravará el caos vehicular en las principales ciudades del país, debido a que estas unidades —actualmente confinadas a zonas rurales— podrán circular libremente e integrarse al parque automotor, advirtió el gerente de la Cámara Automotriz Boliviana (CAB), Luis Encinas.

“Esto va a disparar el consumo de combustible y va a incentivar el robo de vehículos en la región. Imagínese el impacto en la congestión vial, la presión sobre los carburantes y el costo del subsidio. Si se nacionalizaran, cerca de un millón de vehículos adicionales ingresarían al parque automotor”, sostuvo el ejecutivo en Unitel al expresar el rechazo del sector a una eventual amnistía.

El debate sobre el tema se reinstaló en la agenda pública luego de que el presidente Rodrigo Paz manifestara que el proyecto de ley para regularizar los «autos chutos» debe ser analizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“El proyecto de ley de autos ‘chutos’ tiene que ser debatido, porque alguna solución hay que darle al problema”, afirmó Paz el lunes, tras argumentar que la medida generará ingresos fiscales para las municipalidades, que actualmente atraviesan una compleja situación financiera.

La iniciativa parlamentaria fue presentada por el diputado de la alianza Libre, Reinaldo Seas, quien calcula que en Bolivia existen más de 500.000 vehículos indocumentados y proyecta que el proceso de regularización podría captar alrededor de 6.000 millones de dólares.

Actualmente, la propuesta se encuentra congelada en el Órgano Legislativo debido a las objeciones planteadas por la oposición, el sector privado empresarial y los sindicatos del transporte regulado.

La aeronave transportaba a 100 pasajeros, para quienes se activaron las gestiones de reubicación en los próximos vuelos disponible

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La empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) confirmó que la aeronave CP-2924, que cubría la ruta São Paulo-Santa Cruz, sufrió un incidente técnico en uno de sus motores durante la fase de despegue, por el cual retornó a plataforma para someterse a revisiones en cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

“La tripulación interrumpió la maniobra y la aeronave retornó a la plataforma de manera controlada para la realización de las verificaciones técnicas correspondientes. Actualmente, la aeronave permanece en tierra mientras personal técnico especializado lleva adelante las inspecciones y evaluaciones necesarias”, detalla un comunicado oficial.

La aeronave transportaba a 100 pasajeros, para quienes se activaron las gestiones de reubicación en los próximos vuelos disponibles de la compañía.

“Todas las decisiones adoptadas responden al estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y la aeronave”, se añade en el informe institucional.

La vigencia del Estado de Excepción concluirá a mediados de septiembre. Una eventual ampliación de la medida requerirá la aprobación de la Asamblea Legislativa.

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El nuevo comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, aseguró que la institución del orden hará cumplir las restricciones ciudadanas establecidas en el Estado de Excepción, en un contexto marcado por el descontento empresarial ante el incremento del litro de diésel a Bs 18 para grandes consumidores.

“Vivimos actualmente en un Estado de Excepción. La normativa es clara y la Policía Boliviana va a hacer cumplir lo que dispone la ley vigente, aunque también es importante mencionar que siempre vamos a priorizar el diálogo”, matizó la autoridad.

Álvarez fue posesionado la tarde de este lunes tras la sorpresiva renuncia del excomandante, general Mirko Sokol. Tras su dimisión, toda la cúpula de generales pasó a retiro junto a Sokol, razón por la cual el nuevo mando policial estará constituido íntegramente por coroneles.

Desde el pasado 20 de junio rige el Decreto Supremo 5636, disposición que restringe derechos como la libre circulación y prohíbe explícitamente “promover, ejecutar o apoyar actos de violencia, intimidación, amenaza, coacción o cualquier forma de presión destinada a obligar a personas, comunidades, organizaciones sociales, comerciantes, transportistas, productores o trabajadores a participar en bloqueos, movilizaciones o medidas de hecho”.

Actualmente persiste el malestar en sectores agroindustriales por el ajuste en la tarifa del diésel. Los productores lograron que el Comité Pro Santa Cruz convoque a una Asamblea de la Cruceñidad para adoptar una postura institucional frente a un reclamo que comenzó como un conflicto sectorial.

Recientemente, el Ejecutivo logró levantar un bloqueo de más de tres días en la carretera Santa Cruz-Beni. Desde el Gobierno reiteraron que el retiro del subsidio al diésel no afecta a los pequeños productores, quienes continuarán adquiriendo el carburante a la tarifa subvencionada de Bs 9,80 el litro.

Asimismo, Álvarez remarcó que la Policía agotará las vías de concertación ante eventuales movilizaciones con el fin de “convencer a los sectores y lograr que depongan estas actitudes, de modo que la resolución de los problemas se alcance mediante el diálogo”.

El decreto de excepción faculta a las Fuerzas Armadas a actuar en apoyo a la Policía Boliviana. De hecho, efectivos militares y policiales intervinieron el punto de bloqueo entre Santa Cruz y Beni el pasado jueves, aunque la medida se reanudó horas después.

La vigencia del Estado de Excepción concluirá a mediados de septiembre. Una eventual ampliación de la medida requerirá la aprobación de la Asamblea Legislativa.