Este jueves, la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, promulgó la ley de congelamiento de tarifas; la cual ordena restablecer las tarifas establecidas en 2016.
A pesar de la promulgación de la ley de congelamiento de tarifas del transporte en La Paz, el costo de los pasajes aprobados por el alcalde Iván Arias se mantendrán vigentes. Así lo aseguró la directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales.
Es decir, los usuarios deben pagar Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largo. Además de las tarifas diferenciadas para adultos mayores, escolares y nocturnas.
“La tarifa vigente es la dispuesta por el alcalde. Porque es el único que tiene la atribución de incrementar la tarifa de transporte público. Además se realizó y efectuó mediante Resolución Ejecutiva 119 que está vigente en nuestro municipio”, señaló la funcionaria.
Este jueves, la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, promulgó la Ley Municipal Autonómica de Vigencia de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, la cual ordena restablecer las tarifas establecidas en 2016, de Bs 2 en tramos cortos y Bs 2,60 en tramos largos, y se revoca el incremento dispuesto por Arias.
Morales afirmó además que el alcalde no publicará la norma en la gaceta por considerarla “ilegal”.
“El alcalde no va a publicar una ley ilegal. No va a publicar un acto irregular. No va a ser cómplice de actos delictivos que está cometiendo la concejala Lourdes Chambilla”, dijo la directora en conferencia de prensa.
Morales explicó que la ley fue remitida al Ejecutivo edil para su revisión y posterior promulgación. Sin embargo, el plazo para dicha revisión venció el 22 de abril y la norma fue remitida nuevamente al Concejo en virtud a que no cumplía con los requisitos de votación que exige el Reglamento del Concejo Municipal, puesto que únicamente hubo cinco votos para su aprobación.
Ciudadanos denunciaron que fueron afiliados a partidos sin su autorización. Las filas para anular los registros irregulares son diarias. La ley es “laxa” en relación con las sanciones a partidos políticos y a quienes incurren en esa ilegalidad.
El caso de registros irregulares de militantes generó un escándalo, ya que decenas de ciudadanos denunciaron que fueron inscritos a organizaciones políticas sin su consentimiento. Todo ello ocurre en medio de una “zona gris”, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como tal, no sanciona esta anomalía, y el afectado debe acudir hasta la justicia ordinaria.
En conversación con Visión 360, el vocal Tahuichi Tahuichi, del TSE, explica que “propiamente no hay una sanción penal, o siquiera una sanción”, a la inscripción sin consentimiento de militantes, y que lo único que ese organismo castiga es cuando un monto estimado al 3% de las firmas presentadas por un partido “no igualen”.
En ese marco, la autoridad de la Sala Plena informó que para que la denuncia prospere, tiene que ser la parte afectada la que interponga una querella ante el Ministerio Público, y que en última instancia los Tribunales Electorales Departamentales (TED) o el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), como tercero interesado.
En las últimas semanas, ciudadanos —incluidos periodistas— denunciaron haber sido afectados por este problema. La situación llegó a tal extremo que la propia Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia envió una misiva al TSE, en la que denuncia casos de periodistas afiliados a partidos políticos sin su consentimiento. Además, solicita una investigación y medidas para la protección de los datos personales en el sistema electoral.
El caso Morena
Definido como un caso “sui géneris”, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) realizó su registro de militantes de forma digital, es decir, a través de un proceso de inscripción 100% biométrico, según constató el vocal Tahuichi. La propia alcaldesa de El Alto, Eva Copa, confirmó en un anterior contacto con la prensa que Morena utilizó un sistema para registro biométrico para su militancia.
“El caso de Morena es algo sui géneris. Lo que pasa es que Morena ha hecho (su registro de militantes) con un empadronamiento biométrico. No ha usado libros, nada de libros, cero libros, ha sido 100%, biométrico. Entonces, ahí viene la duda”, indicó el vocal del TSE.
Visión 360 recabó durante esta semana los testimonios de ciudadanos que solicitaron al TSE renunciar a su militancia. Una electora, que prefirió mantener su identidad en reserva, contó a este medio que apareció como militante de Morena, desde hace al menos un mes y que fue inscrita sin su consentimiento.
Otra ciudadana, quien también fue inscrita en Morena, reveló que el mes pasado recordó haber participado en un curso de primeros auxilios, impartido por la Alcaldía de El Alto, en la zona Ferropetrol, de dicha urbe. Dijo que para la inscripción “les pidieron registro biométrico” y que una conocida de esa capacitación le advirtió que apareció inscrita en la sigla de Eva Copa.
Morena negó las acusaciones. Una de sus representantes, Beatriz Zegarrundo, dijo a los medios que nadie ha sido obligado a inscribirse y aseguró que todo el proceso fue transparente.
Brígida Apaza contó que postula a un cargo de notaria en su comunidad; sin embargo, para ello debió primero anular su militancia a Unidad Nacional, partido que la inscribió sin consentimiento de la solicitante del certificado.
“Estoy viniendo a anular la militancia de Unidad Nacional. Desde hace dos años que aparezco como militante. No di mi consentimiento, yo he aparecido y por eso estoy viniendo. Simplemente pasé cursos de repostería, de tejido y en ese momento sí proporcioné mis datos. Estoy postulando para ser notaria en mi comunidad”, indicó.
Don Daniel, nombre ficticio, contó a Visión 360 que apareció como militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, pero que él no proporcionó en ningún momento su información para afiliarse al partido rosado.
“Aparecí en el MNR y yo me he enterado recién. No sé desde cuándo estoy como militante. No me pidieron información, pero cuando hubo las elecciones judiciales entré al Yo Participo y me enteré que estaba inscrito en el MNR, cosa que no es verdad. Así que estoy haciendo la renuncia voluntaria”, contó.
Jonathan Franklin figura como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), tampoco buscó la militancia al partido azul y apareció en los registros. Contó que fue aceptado en un trabajo, en el que le piden no ser militante a ningún partido político, y por ello llegó a puertas del TSE.
“Estoy en el MAS y no di mi consentimiento. Estaré en un trabajo y no tengo que ser militante, para lo cual me pidieron revisar. Reviso y resulta que aparezco inscrito y ahora estoy viniendo a hacer mi anulación, porque en ningún momento di mi consentimiento para esto”, dijo.
Falsificación
Gracián Bascopé Tamayo, nieto del destacado escritor Franz Tamayo y el custodio de su Archivo Histórico, contó a este medio que, en su caso, falsificaron su firma y hasta su huella digital y firmaron a su nombre, para aparecer como militante del MAS-IPSP.
“(Me dicen) vaya al frente, traiga una carta y lo borramos de inmediato. No se trata de borrar de un plumazo, borrar cualquier cosa, cualquier delito. Ese es un delito en el cual ando protestando desde esa fecha hasta el día de hoy sin ninguna solución. No se puede utilizar el nombre de las personas, su huella y firma, para fines personales o de grupo; ese es un asalto, un robo. Tiene que haber justicia de verdad”, aseveró Bascopé a Visión 360.
En ese marco, agregó: “Estamos en manos de servidores públicos que no saben dónde están parados. Eso es lo triste, lo grave. No tenemos seguridad ni confianza en instituciones que deberían ser transparentes y claras”.
Una “zona gris”
El inciso “e” del artículo 238 de la Ley 026 del Régimen Electoral establece como causales de denuncia la falsedad ideológica o material para fines electorales; sin embargo, estos son punibles solo para las personas que infrinjan la norma y no así para las siglas en cuestión.
“La persona que cometiera delito de falsedad ideológica y/o material, o utilizara documentos falsificados para fines electorales, será sancionada con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delitos”, indica.
La legislación boliviana, en ese marco, no contempla figuras como la suplantación, usurpación o robo de identidad; sin embargo, el Código Penal establece como causales los artículos 198 y 199 (falsedad ideológica y material).
En ambos casos, la pena es de uno a seis años de privación de libertad; sin embargo, existe un agravante en caso de que el autor del delito fuera un funcionario público. En ese caso, las penas se incrementan con la privación de libertad de dos a ocho años.
Para el analista Carlos Cordero, hay una suerte de “zona gris” al momento de intentar denunciar este tipo de causales. “No existe la normativa (sólo queda ir a) un proceso penal que significa contratar un abogado, todo un proceso judicial que tiene costos muy altos. Y además de una larguísima duración. O sea, para que te quiten la militancia podríamos estar hablando de un año aproximadamente, y un gasto promedio de 20 mil bolivianos en abogados”, explicó.
De acuerdo con el inciso “a” del artículo 36 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, es un derecho de los militantes el de “adoptar de manera libre y voluntaria, de forma individual o colectiva, la decisión de ser militante de una organización política, sin que medie ningún tipo de coacción o presión alguna”.
¿De quién es la culpa?
La responsabilidad por la inscripción a los militantes sin consentimiento es abarcada en dos niveles. Para Nataly Vargas, expresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, la primera parte de la responsabilidad la tiene el partido político y la segunda, el Órgano Electoral, al controlar el ingreso de las firmas al padrón.
“En primera instancia, las organizaciones políticas son las que tendrían la primera parte de la responsabilidad del registro. Si estas hubieran cometido irregularidades durante el registro, tendrían que ser pasibles a la propia organización política, pero esto escapa de una situación jurídica electoral, si no que podría pasar a una responsabilidad penal en el caso de que hubiera falsificaciones de firmas”, dijo la ex vocal a este medio.
No obstante, el caso en cuestión podría ser mucho peor, debido a que las firmas ya fueron ingresadas y aceptadas por el TSE para el otorgamiento de personerías jurídicas. Ello puede conllevar a responsabilidad de tipo administrativa como penal.
“El caso que tenemos hoy es un poco más grave, porque denota que ya estos registros, recolecciones, se han realizado, estas firmas han pasado al Órgano Electoral, han sido revisadas, entre comillas, por el OEP. Si hay irregularidades en las firmas esto sería gravísimo, no solo para las organizaciones políticas y para los encargados de recabar esas firmas, sino también para el OEP, porque estaría incumpliendo con su deber de revisar a través de toda la maquinaria que tenemos de los biométricos, la veracidad de estas firmas, Esta falla podría acarrear no solo responsabilidad administrativa, sino también responsabilidad penal a los vocales de los TED y a los del TSE”, advirtió la ex vocal.
¿Cómo revertir la situación?
Para la ex vocal Vargas, revertir el ingreso de las firmas será complicado. El vocal Tahuichi anunció que se está trabajando en un proyecto para implementar la militancia digital y controlar la afiliación a las organizaciones políticas mediante fotografías de quienes se inscriban.
Vargas insiste en que, si bien la ciudadanía se entera que figura en alguna organización política sin haber dado su permiso, no todos los ciudadanos realizarán el trámite para la desafiliación. Esto, por el contrario, representa una “salida fácil” para las organizaciones políticas, y aun más para quienes fraguaron las rúbricas y documentos, y para el propio Órgano Electoral, que “falló en su deber de control, ya sea a nivel departamental o nacional”.
Tahuichi, entre tanto, indicó que es necesaria la realización de una ley para permitir la militancia digital, en la que, el ciudadano, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, pueda decidir su militancia y su desafiliación de forma voluntaria.
“¿Quiénes serán parte de esta militancia digital? Solo todos los que son parte del padrón electoral. Solo los que están ahí podrán ingresar a esta aplicación. Obviamente esta aplicación tiene un candado de seguridad. Nos va a pedir la huella dactilar, ¿sí? Nuestra huella dactilar. Y con esa huella dactilar ingresaremos a la militancia digital”, precisó el vocal.
Diariamente, docenas de personas van al TSE, con formularios de anulación de militancia y una fotocopia simple del carnet de identidad, para realizar este trámite, según uno de los guardias de seguridad de las oficinas del organismo electoral. Hasta el momento, el ente electoral no dio una cifra de monto total de solicitudes. Este medio hizo la solicitud a los vocales, pero no tuvo éxito.
Periodistas denuncian afiliación ilegal de corresponsales sin su consentimiento
Mediante una carta dirigida al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denunció que al menos tres profesionales de la prensa figuran como miembros de organizaciones políticas sin su consentimiento.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y enfático reclamo ante hechos que han sido recientemente denunciados por periodistas quienes descubrieron – con sorpresa e indignación – que sus nombres aparecen inscritos ilegalmente como militantes de partidos y agrupaciones políticas, sin que hayan otorgado consentimiento alguno para ello”, denuncia la carta.
En ese marco, la entidad de prensa denuncia que la periodista Judith Prada reveló haber sido registrada como militante del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).
“Cómo es posible que se haya accedido a documentos de identidad y cómo se ha aceptado una firma falsificada. Es preocupante que no haya un control efectivo para prevenir este tipo de fraudes”, denunció Prada.
El periodista Javier Aliaga informó haber sido inscrito a Unión por el Cambio (UPC), agrupación liderada por el gobernador de La Paz, Santos Quispe. “¿Cómo tienen acceso a los documentos de identidad? ¿Cómo es aceptada una firma falsificada? ¿Por qué no hay una forma de controlar estos fraudes cuando se están produciendo?”, increpó.
A ello, se suma el caso de un periodista de Visión 360, quien figura como militante de la agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo), un registro en el que jamás consintió en figurar.
“Estos hechos constituyen una vulneración directa del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho de toda persona a ‘participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes’, lo que incluye el derecho a no ser afiliado sin su consentimiento a ninguna organización política”, denuncia la carta.
Las denuncias de ciudadanos y registros de militancia en partidos políticos comenzaron a surgir durante estas últimas semanas. El trámite para anular dicha afiliación se realiza de forma presencial ante el TSE, presentando un formulario y la fotocopia de carnet.
“Una estructura casi delincuencial”, Nataly Vargas, exvocal del TED de Tarija
Lo que puede estar pasando, dada la coyuntura de alta corrupción en democracias como la nuestra, que cuenta con un deficiente sistema de pesos y contrapesos, de medidas de control entre los órganos del poder; podría ser que estas organizaciones o representantes de las organizaciones políticas estuvieran compinchados con vocales electorales, o con miembros de los TED y los vocales del TSE, para que no se haga el chequeo de estas firmas, para que no se vea si estas firmas son auténticas o no, a través de este deber de controlar estas firmas, contrastándolas con el padrón biométrico.
Lo que se ha hecho es de alguna manera darle una salida fácil a las organizaciones políticas y a todas estas personas que han fraguado firmas, que han fraguado documentos y también al propio órgano electoral que ha fallado en su deber de control ya sea a nivel departamental o a nivel nacional, que haya fallado de manera negligente por mera negligencia o por complicidad con ciertas organizaciones políticas, ya sea obteniendo ventajas o no para que se hagan estos registros y se puedan llevar adelante estos registros de militancias y por lo tanto sacar personerías jurídicas de manera irregular. Esto supone una estructura casi delincuencial.
“Criminalizan la práctica democrática”, Carlos Cordero, analista político
Creo que lo que ha ocurrido son dos problemas de información y técnicos. A principio el manifestar el apoyo a una organización política, no significaba de facto, que ese apoyo convertía al ciudadano en militante; luego las reglas cambiaron en el sentido de que la persona que da un apoyo a una organización política significa que uno es militante de esa organización.
Es probable, pero muy difícil que te inscriban sin tu consentimiento, primero porque hay que tener el número de carnet y poner la firma, y puedes hacer una comparación, cuando encontraban alguna incompatibilidad, comparaban con la cédula de identidad, la fotocopia, con la firma que estaba en los libros de registro.
Cuando hay una inscripción dolosa, apoyando a una organización política para que se legalice, es difícil encontrar los carnets de identidad y que exista una correspondencia con la firma. Eso ocurrió.
En el fondo, hemos criminalizado la práctica democrática. Si bien lo que ocurre ahora, hay organizaciones que buscan firmas para participar electoralmente, ¿Por qué se tiene que criminalizar el apoyo a una persona que quiere hacer política? Están coartando una libertad de expresión, la han judicializado.
Bolivia está en la nómina de los países de América Latina y El Caribe que menos crecimiento registrará en esta gestión.
Foto: Internet, imagen referencial
Fuente: ANF
La Paz.- El Banco Mundial (BM) reportó este miércoles que el crecimiento económico de Bolivia para esta gestión será del 1,2%, mientras que para la próxima gestión prevé que se reduzca a 1,1%.
Bolivia está en la nómina de los países de América Latina y El Caribe que menos crecimiento registrará en esta gestión, por debajo se encuentra las Bahamas con el 1,1%, México con el 0% y Haití tendrá un decrecimiento del 2,2%.
El país atraviesa una crisis económica debido a la iliquidez de dólares, escasez de combustible lo que derivó en el incremento en los precios de productos de la canasta familiar, la importación de insumos y alimentos.
Esos datos coinciden con las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía boliviana, estimó que solo alcanzará el 1,1% de crecimiento para este año y el 0,9% para el 2026.
Esos datos fueron presentados en el informe “El estado de la región América Latina y el Caribe”, el organismo internacional resalta la creciente volatilidad económica mundial; los países de América Latina y el Caribe deben adaptar sus estrategias económicas para afrontar la creciente incertidumbre.
Entre tanto, los países que tendrán un mayor crecimiento están Guyana con un 10%, le sigue Argentina con un 5,5%; Perú con el 2,9%; Colombia crecerá el 2,4% y Chile con el 2,1%.
En pasados días, la calificadora Moody’s rebajó la evaluación crediticia para Bolivia de Ca 3 a Ca, señaló que existe una débil gobernanza que pone en riesgo la balanza de pagos y proyectó un posible default.
Las alianzas Libre, Unidad, La Fuerza del Pueblo y Libertad y Progreso ADN deberán demostrar la legalidad de sus acuerdos internos y cumplimiento de normativas electorales.
Foto: Libre
Fuente: eju.tv
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel informó que las alianzas Libre, Unidad, La Fuerza del Pueblo y Libertad y Progreso ADN tienen 72 horas de plazo para subsanar observaciones en su registro ante el órgano electoral y así podrán ser habilitadas para participar en los comicios generales del 17 de agosto.
“La Secretaría de Cámara ha enviado y ha hecho conocer a las alianzas las observaciones que son formales. Estamos a la espera de que en el plazo que se les otorga, de 72 horas, puedan subsanar esas observaciones y ya nos pronunciaremos también como sala plena”, explicó.
En caso de que subsanen las observaciones dentro del plazo, la Secretaría de Cámara del TSE emitirá informe para que la Sala Plena del Tribunal Electoral de por no presentada la solicitud, y a continuación se proceda a archivar el trámite mediante Resolución.
Al contrario, si resuelven de forma óptima las observaciones, la sala plena deberá emitir la resolución de registro y habilitación de la alianza que será publicada en la página web del Órgano Electoral Plurinacional, y estará a cargo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
Las impugnaciones que se presentaron contra algunas de las alianzas serán analizadas en sala plena hasta el viernes.
Una de las impugnaciones fue presentada por los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Zenaida Rojas y Juan José Torres, que cuestionan la legalidad de la alianza política Libre – Libertad y Democracia, conformada por el Movimiento Demócrata Social – Demócratas y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que impulsa la candidatura del expresidente Jorge Tuto Quiroga. Torres explicó que se presentó esta impugnación porque el FRI continúa siendo parte de la alianza Comunidad Ciudadana, conformada para las elecciones de 2020.
Roberto Castro Peñaranda, Presidente del PDC entregó al Tribunal Electoral documentos y fotos que respaldarían que la candidatura de Rodrigo Paz cumplió procedimientos internos partidarios.
Video: PDC
Fuente: eju.tv
Nueve miembros de la jerarquía del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que participaron el pasado 18 de abril en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), de una Conferencia Nacional de Dirigentes de ese partido, decidieron apoyar la candidatura a la presidencia de Rodrigo Paz Pereira por ese partido, y, además, tomaron la determinación de viajar en una comitiva hasta la ciudad de Tarija, para comunicar su decisión al mencionado candidato, informó hoy el presidente de los demócrata cristianos, Roberto Castro Peñaranda.
La cabeza del PDC, entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una carta, fotos y documentos que respaldan como legal todo lo actuado en cuanto a la designación de Paz Pereira como su candidato; la carta está dirigida al presidente del ente electoral, Oscar Hassenteufel.
“Estoy entregando la carta, documentos y la foto donde se ve a los nueve miembros que han participado en la Conferencia Nacional de Dirigentes del PDC. Algunos están poniendo en duda el acuerdo, asegurando que sólo yo tomé la determinación”, declaró Castro, quien también difundió por redes sociales dando su versión para desmentir versiones de otros dirigentes que expresaron el procedimiento de elección como ilegal, así como su rechazo al candidato elegido.
El martes en la tarde Paz Pereira fue presentado a los medios de comunicación como el candidato del PDC, pero a la hora de ese anuncio. seis autoridades del PDC, entre ellas, Cindy Guzmán, Victor Hugo Velasco Caballero, Froilán Calderón Vega, Mario Oswaldo Rivas, Freddy Gustavo Rioja, Germán Andrade Taboada, rechazaron el acuerdo firmado con Paz Pereira.
Además, señalaron que Castro Peñaranda, “es un secretario más” de la cúpula partidaria democristiana y no está facultado para firmar “acuerdos” o presentar candidatos por el PDC. También remitieron una carta al presidente del OEP denunciando lo que consideran una ilegalidad.
El aludido dirigente político mostró hoy unas fotografías en las que se ve a representantes del PDC junto a Rodrigo Paz. De acuerdo a su versión, entre ellos están los que, en las últimas horas, desconocieron el acuerdo.
“El señor Gerson Andrade está acá (en la fotografía) y puso en duda el acuerdo. El señor Víctor Hugo Velasco también está en la foto (tomada en la Conferencia Nacional de Dirigentes del PDC). También están Froilán Calderón, representante de Chuquisaca; Oscar Trujillo y el representante del Tribunal Disciplinario. Todos ellos estuvieron presentes en la Conferencia de dirigentes y después no trasladamos a la ciudad de Tarija, para ultimar detalles y hacer la firma con el candidato Rodrigo Paz”, sostuvo.
“Hay documentos, hay fotos y eso es lo que ahora, inmediatamente, presentaré ante el Tribunal Supremo Electoral, para dar a conocer que ellos estuvieron presentes, tengo la documentación”, insistió.
Eju.tv consultó al OEP, cuál de las dos facciones es la reconocida como la dirección legal y vigente del PDC ante el tribunal electoral, al cierre de este artículo, aún no se recibió respuesta de esta institución
El órgano electoral considera que cuenta con un compromiso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para blindar los comicios generales ante la presentación de cualquier recurso de inconstitucionalidad.
Foto: toma de pantalla.
Fuente: eju.tv
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, Oscar Hassenteufel afirmó que ese órgano ya no necesita que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una ley de preclusión para impedir que alguna acción judicial frene el proceso electoral o incluso impida la realización de las elecciones del 17 de agosto de este año. Esto debido a que se cuenta con un compromiso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para blindar los comicios generales ante la presentación de cualquier recurso de inconstitucionalidad.
“La Ley 018 (Ley del Órgano Electoral Plurinacional) en su artículo 2 ya establece el principio de preclusión, lo que queremos es que se garantice y fortalezca ese principio, con el compromiso del TCP creo que ya no es necesaria esa aprobación (por la ALP)”, dijo Hassenteufel.
El pasado 10 de abril, Hassenteufel, instó a la ALP a aprobar dos normas: la ley de preclusión y la que permite redirigir los fondos de campaña de los partidos hacia el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En ese momento, el presidente del OEP dijo que el proyecto de la preclusión era “el más importante” para el TSE, porque era necesario garantizar que ninguna autoridad (sobre todo del ámbito judicial, como ocurrió en el proceso de organización de los comicios judiciales) vulnere las decisiones asumidas en diferentes fases del proceso electoral.
Ambas normas fueron asumidas como compromisos en el tercer Encuentro Interinstitucional Multipartidario convocado por el TSE, para fortalecer y proteger el proceso electoral del 17 de agosto, en medio de un clima de desconfianza heredado de la experiencia vivida con la organización de los comicios judiciales que primero fueron postergados y luego estuvieron a punto de ser suspendidos; proceso que enfrentó hasta 43 recursos de amparos constitucionales, acciones de cumplimiento, incluso acciones populares.
El principio de preclusión, ya contemplado en la ley electoral, establece que las decisiones tomadas en una etapa del proceso no pueden ser reabiertas o modificadas en fases posteriores. Como ya se señaló líneas arriba, en las elecciones judiciales pasadas, esa garantía fue debilitada por un fallo que permitió observaciones fuera de plazo, lo que derivó en una elección parcial y en la continuidad de magistrados “autoprorrogados” en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los recursos constitucionales ya presentados y los que se presenten “no van a interferir, ni frenar el proceso electoral”, no pueden viabilizarse recursos que puedan perjudicar la realización de los comicios generales del 17 de agosto de este año, señala el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su presidente y su decano, Gonzalo Hurtado e Yván Espada.
Video: OEP
Fuente: eju.tv
“Invocamos a nuestros Jueces de Provincia, invocamos a nuestros vocales de las Salas Constitucionales, a quienes les tenemos la mayor consideración y el mayor respeto a que obren con responsabilidad judicial, con responsabilidad social y responsabilidad histórica porque esta coyuntura así lo amerita, estamos seguros de que lo harán así”, afirmó este miércoles 23, el decano del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Yván Espada al referirse a que no pueden viabilizar recursos constitucionales que puedan perjudicar la realización de los comicios generales del 17 de agosto de este año.
El propio Espada dijo que los cuatro recursos presentados en pasados días, por “actores políticos”, en referencia a Israel Huaytari, Gualberto Cusi, nación Qhara Qhara y la CIDOB de Fausto Ardaya; contra la Ley 1096 y la exigencia de paridad de género o representación indígena en las candidaturas presidenciales, “no van a interferir, ni frenar el proceso electoral”, aseguró durante una conferencia de prensa que dio junto al presidente del TCP, Gonzalo Hurtado en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a donde arribaron “sorpresivamente” en la jornada de hoy, según dijo, el presidente del órgano electoral, Oscar Hassenteufel.
Espada señaló que los tribunos constitucionales acudieron a oficinas del TSE por tres razones. La primera, debido a que en los últimos días se generaron “especulaciones de diversos actores políticos en sentido de que las elecciones se paralizarían u obstaculizarían”.
En segundo lugar, porque existe un acuerdo suscrito entre las salas plenas del TCP y TSE para garantizar los comicios nacionales, “tenemos que cumplir estrictamente ese acuerdo suscrito el 16 de enero”, enfatizó.
En tercer lugar, el TPC entiende que las atribuciones de ambos órganos del Estado (TCP y TSE) tienen que ver con la efectivización de las elecciones de este año.
Como resumen de esos tres hechos, Espada afirmó: “Hemos reafirmado el cumplimiento de ese compromiso y estamos aquí para decirle al pueblo boliviano que las elecciones nacionales del 17 de agosto de 2025 están plenamente garantizadas en su totalidad, según el calendario del TSE”
Ningún recurso postergará las elecciones
A continuación, el decano garantizó que los magistrados del TCP “damos nuestra fe, y compromiso y certidumbre al pueblo boliviano para el cumplimiento de este proceso electoral, para tramitar los recursos (de inconstitucionalidad) con celeridad, sin que su tramitación signifique la postergación o que se frene la elección del 17 de agosto”.
Además dijo que el TCP “no permitirá” que los “actores políticos” pongan en riesgo la realización de las elecciones, y alertó que si advierten que hay una presión hacia los tribunos constitucionales que buscaría frenar las elecciones nacionales, la denunciarán “públicamente ante las instancias judiciales que correspondan”.
Por su parte, el presidente del OEP pidió a la población que “no haga caso de los rumores o comentarios que hacen referencia a un hecho, decisión o acto que vaya a modificar el calendario electoral, que vaya a entorpecerlo o refiera la postergación del día de la elección”.
Sobre el tema, el presidente del TCP, afirmó: “Ha habido situaciones malintencionadas de algunos actores políticos que han tratado de mellar el trabajo (del TCP) que se viene coordinando con el TSE. El TCP garantiza plenamente las elecciones del 2025, es decir, el acompañamiento con nuestro TSE”, enfatizó.
En una “inesperada” visita al Tribunal Supremo Electoral (TSE), los tribunos constitucionales Hurtado y Espada dieron una conferencia de prensa, en la cual las autoridades del TCP señalaron que se respetará un acuerdo firmado con el TSE el 16 de enero de este año, con el que garantizan su respaldo y apoyo al TSE para que se realicen los comicios generales.
Fuente: eju.tv
Foto: toma de pantalla
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El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado y el magistrado decano de esa institución, Yvan Espada, afirmaron hoy que garantizan “plenamente” la realización de los comicios generales del 17 de agosto de este año.
Sobre los recursos de inconstitucionalidad presentadas por legisladores, precandidatos y políticos con diversos motivos, de los cuales se estimaría frenarían el proceso electoral y el cronograma de los comicios, Hurtado y Espada señalaron que se tramitarán sin que signifique la postergación y demora al calendario electoral.
Aseguraron que el TCP no permitirá que actores políticos perjudiquen la organización de las elecciones y que denunciaran ante autoridades judiciales cualquier presión de políticos ante el TCP que busquen frenar o perjudicar los comicios.
La concejala secretaria Lucía Mamani afirmó que la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, pudo promulgar “sola” la ley que revoca el incremento de pasajes del transporte sindicalizado, pero no lo hizo por temor a un proceso penal porque tuvo varias oportunidades para hacerlo.
La concejala secretaria Lucía Mamani afirmó que la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, pudo promulgar “sola” la ley que revoca el incremento de pasajes del transporte sindicalizado, pero no lo hizo por temor a un proceso penal porque tuvo varias oportunidades para hacerlo.
“Puede promulgarla sola, no necesita que esta secretaria (refiriéndose a su misma) lo firme; puede hacerlo sola o con el concejal Pierre Chain (del MAS). El reglamento se lo permite. Si no lo hace, es porque tiene miedo”, afirmó Mamani este miércoles.
Chambilla anunció que promulgará la norma este jueves, aunque sin la firma de Mamani. Según la presidenta del Concejo, la secretaria se negó a suscribir el documento por instrucciones del alcalde Iván Arias. “Mañana (jueves) lo tengo que promulgar yo, juntamente con la secretaria, pero la secretaria del Órgano Legislativo no quiere porque el alcalde se lo ha ordenado que no lo haga”, declaró.
Ante esa acusación, Mamani respondió: “Esa norma no la aprobé yo. La última vez que los choferes estuvieron en el Concejo había seis concejales, incluso ese día dije que iba a firmar, pero ella respondió que no había quórum y se fue. ¿Por qué no lo hace sola? ¿Qué necesidad tiene de que yo esté de secretaria?”
La concejala también recordó que en el pasado Chambilla promulgó sola otras normas sin su participación. “Cuando ella aprobó la Ley de Fiscalización 499, la promulgó sin mí. Ahí no necesitó que yo esté de secretaria. Lo que pasa es que ahora tiene miedo de que le inicien un proceso penal”, aseveró.
Mientras tanto, el conflicto con los choferes continúa. Tras el intento de revocar la subida de tarifas a niveles del año 2016, el transporte sindicalizado bloqueó la ciudad durante dos días. Aunque el alcalde Iván Arias convocó al diálogo, no se logró un acuerdo. Los transportistas mantienen su estado de emergencia, y Chambilla reafirma que la ley será promulgada.
Instituciones del Estado están conminadas a realizar acciones de protección en beneficio de la pantera onca y de su medioambiente, a partir del fallo emitido este miércoles por el Tribunal Agroambiental de Bolivia. Entre estas medidas se define la ratificación de la pausa ambiental, que prohíbe las quemas en todo el país y la suspensión de todas las autorizaciones para esta práctica.
Este miércoles se desarrolló la primera audiencia pública sobre la aplicación de medidas cautelares preventivas de protección al jaguar y su hábitat, que abarca a cinco de los nueve departamentos de Bolivia, luego de que la diputada María René Álvarez presentará en febrero una denuncia de biocidio y tráfico internacional de jaguares en el Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías, en Santa Cruz.
Para la audiencia fueron citadas instituciones de diferentes niveles del Estado, colectivos ambientales, naciones indígenas y personas vinculadas con el cuidado del medioambiente y la biodiversidad.
El fallo que fue leído tras oír los argumentos de todos los asistentes, incluidas instancias de la sociedad civil, el Tribunal resolvió la creación de un plan nacional para la protección del jaguar, el cual debe ser elaborado en 90 días, así como proyectos, informes y otras acciones de seguimiento a instancias como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Defensoría del Pueblo, Aeronáutica Civil, Aduana, gobiernos locales e instituciones de protección, para evitar la caza, el tráfico y promover la protección y la vida de esta especie.
La presencia de la CAO hoy en un evento de protesta y marcha desde la ciudad de El Alto, codo a codo con transportistas, cuentapropistas, gremiales, e industriales nunca ocurrió antes en la historia de Bolivia y de los conflictos sociales.
La participación y protagonismo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) hoy en un evento de protesta y marcha, como es la denominada “Marcha Multisectorial Contra el Hambre y la Pobreza” reclamando reivindicaciones económicas junto a otros sectores de medianos y pequeños productores, e incluso gremialistas y transportistas, es inédita en la historia del país y en los registros sobre conflictos políticos y sociales ocurridos en la sede de gobierno.
La CAO cumplió 61 años en marzo de 2025, fue creada el 14 de octubre de 1964, agrupa a 18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustriales, asocia a más de 70 mil productores del Departamento de Santa Cruz; de los cuales el 70% son pequeños productores, 24% medianos y el 6% grandes, además representa a más de 100 mil unidades productivas de Santa Cruz.
Cuando el 13 de marzo reciente, el agroindustrial Klaus Frerking asumió la presidencia de la CAO, mencionó que durante las mesas de diálogo que se realizaron entre el Gobierno y los productores el pasado año, el sector le advirtió al Ejecutivo que “un turbión económico se asomaba”, y ahora se puede afirmar que ya ha llegado con la posibilidad de que arrastre a todos.
“Hoy asumimos la dirigencia de la CAO en momentos muy delicados y complejos, en un contexto de crisis económica sin precedentes en Bolivia. La falta de dólares, combustibles y rezago tecnológico que afecta gravemente la producción, incrementando costos y reduciendo la competitividad”, indicó.
Sumar fuerzas para una protesta general
La situación álgida de los sectores económicos finalmente los llevó a consensuar una agenda común, de esa forma la CAO participó de encuentros multisectoriales departamentales durante los últimos meses, los mismos que acordaron finalmente expresar en la ciudad de La Paz, en una marcha desde la ciudad de El Alto el reclamo, protesta y demandas de todos ante el gobierno del presidente Arce.
De esta forma, Frerking, arribó hoy a la ciudad de El Alto, donde se sumó a la dirigencia de los sectores ya mencionados que junto a sus bases se concentraron en la urbe alteña para iniciar el descenso de la marcha de reclamo y protesta contra la inacción del gobierno para enfrentar la crisis económica que sufre Bolivia, además de otros reclamos comunes como la falta de dólares y de acceso a la provisión de combustibles, carencia que une a los marchistas, dado que todos reclaman ser “productores” y por tanto generadores de riqueza e ingresos tanto por exportación, como por aportar a la cadena productiva del comercio interno.
Así lo expresó el agroindustrial, minutos antes de iniciarse hoy la marcha multisectorial: “Aquí estamos todos los sectores y todos los actores económicos que vamos a ayudar a que Bolivia salga de la crisis económica, estamos con crisis económica, con crisis energética y una crisis de credibilidad que tiene el gobierno”.
Y enfatizó: “Aquí está todo el comité multisectorial, la cadena productiva, la cadena de abastecimiento a nivel nacional (…) invitamos, a todos los bolivianos a que piensen en un país distinto, en una economía diferente, ya no podemos seguir (en crisis)”. Frerking acompaña la marcha junto a los dirigentes de los sectores citados, delegaciones que llegaron del interior del país, entre ellas una de gremiales de Warnes que también dialogaron con el agroindustrial mientras caminaban en bajada hacia la ciudad de La Paz.
Exigen al gobierno dar un “golpe de timón”
Frerking le dijo al gobierno del presidente Luis Arce que debe dar “un golpe de timón” para que todo el sector productivo, todos los actores económicos tengan certidumbre, “donde el sector agropecuario, el transporte, cuentapropistas, gremiales, industriales, necesitamos que nos devuelvan la seguridad jurídica para seguir invirtiendo y tener un futuro mejor para Bolivia”, afirmó Frerking al insistir que los afectados por la crisis económica y falta de respuestas del gobierno son todas las personas cumplen alguna actividad laboral productiva o comercial, ya sea pequeña, mediana o grande.
“El gobierno tiene que preocuparse en cumplir los compromisos, son agendas antiguas que tenemos todos los sectores y necesitamos que las cumplan para poder certidumbre a toda esta cadena productiva”, demandó al Órgano Ejecutivo.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que se registró el lugar, después de que en redes sociales se difundió que en ese centro de diversión se consumía sustancias controladas.
La Fiscalía abrió una investigación en la discoteca de la zona de Sopocachi, en La Paz, en la que hace unos días tres jóvenes fueron apuñalados, uno de ellos falleció. El caso se enmarca en la Ley 1008.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que se registró el lugar, después de que en redes sociales se difundió que en ese centro de diversión se consumía sustancias controladas y se constituía en un foco de inseguridad.
Agregó que la discoteca fue precintada para dar curso a la indagación sobre el presunto consumo de elementos ilegales.
«Estamos iniciando acciones de oficio por el delito de sustancias controladas», señaló el fiscal.
Paralelamente, la Fiscalía investiga el apuñalamiento de los tres jóvenes, supuestamente por Manuel A. Z., quien guarda detención preventiva en el penal de San Pedro, al igual que su pareja, quien se encuentra en el Centro de Orientación Femenina Obrajes.
En un cambiante encuentro en Perú, el local abrió la cuenta con un polémico gol de Paolo Guerrero y el mismo inoxidable delantero aumentó en el complemento; la T emparejó con doblete de Girotti (uno de penal) y quedó en superioridad numérica por la expulsión de Zambrano, pero en el descuento Barcos puso el 3-2 definitivo para los de Gorosito. Los cordobeses, cada vez más complicados.
Talleres se llevó una muy dolorosa derrota de su incursión a Perú frente al Alianza Lima del Pipo Néstor Gorosito. Tras un magro inicio, se recuperó en una ráfaga a pura eficacia y, cuando tenía todo para ganarlo, lo perdió por 3-2 por una distracción en el descuento. Con este resultado, acumula tres derrotas en las mismas presentaciones en el Grupo D de la Copa Libertadores y cada vez se aleja más del sueño de pasar a octavos.
El conjunto local empezó como protagonista y no tardó en abrir el marcador. A los 10 minutos, Pablo Lavandeira habilitó desde la izquierda a Paolo Guerrero, quien se le subió a caballito a un desconcertado Miguel Navarro para hacerse un autopase de cabeza que conectó luego ante la salida de Guido Herrera. Más allá de la revisión del VAR, no hubo vuelta atrás y la ventaja fue local.
La T no reaccionaba y el dueño de casa administró la ventaja con chances puntuales frustradas por Herrera a Kevin Quevedo, tanto promediando la etapa inicial como al comienzo de la segunda. A los 11, Alianza amplió de pelota parada cuando Lavandeira ejecutó un córner desde la derecha que metió de cabeza Erick Noriega y sirvió Quevedo cayéndose para la entrada de Guerrero a concretar.
Pero con los ingresos de Rick y Nahuel Bustos los cordobeses lucían renovados, y demostraron que estaban vivos en una ráfaga. Enseguida, Noriega barrió torpemente en el área a Ulises Ortegoza (en la repetición no fue un foul tan elocuente) y, a los 18, Federico Girotti convirtió el penal con un tiro bajo a la derecha de Guillermo Viscarra.
Envalentonado, a los 23 Blas Riveros envió un centro desde la izquierda que Girotti cabeceó al primer palo y fue un empate con polémica puesto que el local pedía falta a Eryc Castillo en el inicio de la jugada. Para colmo, a los 36 Carlos Zambrano se ganó la segunda amonestación y el partido quedó a pedir de la visita.
A los 50 le vino la noche al elenco argentino cuando subió por derecha Lavandeira y envió un centro pasado que recibió solo otro histórico, Hernán Barcos. El compatriota de 41 años (igual que Paolo) tuvo tiempo de bajar la pelota de pecho y acomodarla contra el palo derecho de Herrera para el desahogo anfitrión.
Manos vacías también para la T en una noche en la que supo soñar con argumentos. Alianza se ilusiona con su primera victoria que lo mantiene en órbita y a Talleres le tocará remar de abajo en los tres desafíos que le quedan.
Torrico adelantó a los potosinos pero la ventaja sólo la pusieron sostener durante el primer tiempo, en el segundo, el equipo uruguayo revirtió el resultado de forma ajustada pese a que los visitantes terminaron con diez jugadores por una expulsión.
Boston River, con un segundo tiempo de excepción, venció 2-1 a Nacional de Potosí en el Centenario, quedó segundo tras la tercera fecha del grupo A de la Copa Sudamericana y pelea por avanzar a la próxima instancia.
El partido comenzó con los rojiverdes tratando de tomar las riendas del cotejo ante un adversario que lejos de retrasarse buscó contestar y ser motivo de preocupación.
Un par de cabezazos de pelota quieta, uno de Martín González y otro de un zaguero boliviano que fue sobre su arco, hicieron ilusionar al local con la apertura, pero que terminó cayendo del otro lado.
Una gran corrida de Víctor Ábrego, que recibió un pase entre líneas, terminó con Antúnez achicando para salvar la ocasión, pero dando rebote, el cual Andrés Torrico aprovechó para rematar y marcar el 1-0.
Un par de envíos de Albarracín, de los más incisivos del anfitrión, fueron llevando un duelo que después de los 30′ estuvo parado un largo rato tras una acción polémica. Juan Acosta llegó al área para rematar y cayó tras la marca de Duvan Palacio. El árbitro pitó penal, pero el línea levantó la bandera marcando un fuera de juego del lateral.
Allí entró el VAR en acción, primero para estipular que la posición del jugador era correcta, pero también para llamar a Daronco para que revisara el penal sancionado. Así lo hizo, revirtió la decisión y todo siguió 1-0, algo que no cambió hasta el descanso.
Cambia, todo cambia
El complemento retornó con el ingreso de Agustín Anello por Juan Manuel Gutiérrez y la decisión de ir con mayor decisión al ataque, con Albarracín como el más claro a la hora de la gestación.
Eso se vio impulsado cuando a Duvan Palacio vio la roja tras recibir una segunda amarilla tras barrerse sobre Juan Acosta y dejó a su equipo con diez. Cuatro minutos más tarde apareció un zapatazo del ex Wanderers que dio en el palo y se metió para el merecido 1-1.
Lejos de conformarse, Jadson Viera apostó al triunfo y colocó a Gustavo Viera y Alexander González, una ambición que en definitiva le terminó dando réditos. Un despeje de la defensa lo recepcionó Fredy Martínez al borde del área, encaró dejando rivales atrás y sacó un zurdazo que infló las redes para el 2-1.
De allí al cierre fue todo del anfitrión que tuvo varias para llegar al tercero, algo que no lo podía concretar. Alexander González, Gastón Pérez y Felipe Chiappini, tras una gran asistencia de Amado y una definición al palo, perdieron chances clarísimas.
A los 90’+2′ una pelota que peleó González pero que embistió a Mustafá, terminó con Anello definiendo con el arco líbre, pero a instancias del VAR y revisión mediante, todo se anuló.
El pitazo de Daronco selló el 2-1 de Boston River sobre Nacional de Potosí, que lo dejó segundo en la tabla de posiciones tras la victoria de Guaraní 2-1 sobre Independiente.
De esta forma las posiciones quedaron con los paraguayos líderes con seis unidades (+3), el Sastre con 4 (0), los bolivianos quedaron con 3 (-1) e Independiente con 3 (-2).
Nuevos tipos penales buscan eliminar riesgos de que las tecnologías de la Información y Comunicación se utilicen para contactar, manipular, extorsionar, acosar y explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes de Bolivia.
Foto: Fiscalía General del Estado
Fuente: eju.tv
El “Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, presentado a iniciativa del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, fue aprobado hoy por el pleno de la Cámara de Senadores, en sus estaciones en grande y detalle, para que pase a la Cámara de Diputados para su revisión conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.
El documento fue previamente analizado por las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que emitió informes para su aprobación correspondiente.
El 31 de marzo de 2025, el Fiscal General del Estado, presentó ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores el citado proyecto de Ley, para identificar, investigar y sancionar hechos delictivos que atenten contra la integridad sexual de menores a través del uso de las redes sociales, videojuegos en línea, entre otros medios tecnológicos.
“Con toda humildad pido a todos los asambleístas que corriendo el plazo correspondiente puedan de manera inmediata verificar, analizar y que por favor pueden aprobar este proyecto de ley que es tan importante, no es para el senador o para el Fiscal General, es para la sociedad, para nuestras niñas, niños y adolescentes”, reflexionó el Fiscal a los senadores cuando les hizo entrega la propuesta días antes del 12 de Abril, día del Niño Boliviano.
Incorporarán nuevos tipos penales
El Fiscal General explicó que actualmente Bolivia no cuenta con herramientas jurídicas específicas para tipificar y sancionar con claridad los delitos sexuales que se cometen en entornos digitales, lo que deja muchas víctimas en situación de vulnerabilidad y a los agresores en la impunidad.
“Las Tecnologías de la Información y Comunicación transformaron la forma de interactuar, pero también son utilizadas para contactar, manipular, extorsionar, acosar y explotar sexualmente a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Este Proyecto de Ley propone incorporar nuevos tipos penales al Código Penal como Contacto con Fines Sexuales a través de las TICs; Abuso Sexual Digital, Exposición a Contenido Sexual; Producción y Posesión de Material de Abuso Infantil”, detalló la autoridad.
Protección de las víctimas
Asimismo, el Fiscal General explicó que el Proyecto de Ley regula medidas de protección urgentes para las víctimas, incluyendo la eliminación de contenidos y el alejamiento virtual del agresor; permite el uso de agentes encubiertos digitales para investigar estos delitos; fortalece el rol del sistema educativo y de salud estableciendo obligaciones de prevención, denuncia y atención integral; fortalece el rol e impulsa la corresponsabilidad de las familias, las empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales; así también alinea la legislación boliviana con tratados internacionales de protección de la infancia como la convención sobre los derechos del niño.
Se hallaron 275 kilogramos de pasta base de cocaína, 65 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 63 kilogramos a de marihuana; se detuvo a seis personas.
Fuente: eju.tv/con datos del Min. Gobierno
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutó cuatro exitosos operativos de interdicción al narcotráfico en el departamento de Santa Cruz. La fuerza antidroga logró el secuestró de 275 kilogramos de pasta base de cocaína, 65 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 63 kilogramos a de marihuana; afectando económicamente al narcotráfico en USD 870 mil, informó hoy el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo a través de sus redes sociales.
En un primer operativo, efectivos de la FELCN interceptaron un tractocamión en la Carretera Bioceánica, donde se hallaron 45 paquetes de marihuana que estaban ocultos en un cargamento de sal. El conductor del motorizado, Edzon Eusebio Gutierrez, fue aprehendido y se procedió con el secuestro del vehículo y un teléfono celular.
El segundo operativo se efectuó en el peaje de Puerto Pailas donde personal de la fuerza antidroga interceptó un ómnibus de la empresa Trans Bioceánica que transportaba droga en compartimentos ocultos.
Se encontraron en el interior del motorizado 1 kilo de clorhidrato de cocaína, 5 kilos de cocaína base y 10 kilos de marihuana. A consecuencia se aprehendieron a cuatro personas y se procedió con el secuestro del automóvil.
El tercero se desarrolló en la carretera bioceánica cuando efectivos del GIOE Oriente interceptaron un camión frigorífico que simulaba transportar alimentos. Tras una minuciosa requisa del motorizado se descubrieron 297 paquetes de droga dividida en 259 kilos de cocaína base, 42 kilos de clorhidrato de cocaína y 4 kilos de marihuana. Producto del operativo se aprehendió a Raúl Coronado Ramos y se procedió con el secuestro del motorizado.
El último operativo ejecutado por la FELCN, fue la intercepción de un vehículo que estaba dirigiéndose al municipio de Robore. Efectivos policiales logran requisar el interior del motorizado encontrando un cargamento de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana. Las dos personas a bordo, el señor Jhony Hermosilla Lino y su acompañante, la señora Nicol Paola Cuellar, fueron aprehendidas.
