Juan Marcelo Columba-fernández
El impreciso vínculo que se intenta establecer entre “eliminación” y “21060” en el nuevo Decreto Supremo No. 861 no resiste un breve análisis semántico ni legal. Este nuevo Decreto firmado por el Presidente boliviano y sus Ministros en el distrito minero de Huanuni, el 1ro de mayo de 2011, indica a la letra:
“El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en observancia de los principios, valores y fines establecidos en la Constitución Política del Estado, determina la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 21060…” (Énfasis mío)
Una primera constatación sobre el nuevo Decreto, permite señalar que el gobierno pretende eliminar, mediante esta acrobática frase, las “leyes basadas en” el Decreto Supremo 21060 pero, de ninguna manera, suprime esta normativa que es el fundamento del modelo económico de libre mercado vigente en Bolivia desde 1985. Al respecto, algunos analistas del ámbito político, han sostenido que este contrasentido jurídico, elimina los efectos del 21060 pero mantiene su causa.
Una segunda constatación, tiene que ver con el uso del término “eliminación”. Este término no tiene valor jurídico alguno, puesto que la acción legal que permite anular la “promulgación” de una norma, como la del 21060, se designa mediante el término “derogación”. Una redacción más clara y significativamente distinta, hubiera podido incluir este término de la siguiente manera:
“El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia… determina la derogación completa del Decreto Supremo 21060…”
Una interesantísima tercera constatación, desde el punto de vista del análisis del discurso político, puede evidenciarse en el manejo metafórico de “términos y frases fúnebres”, presentes en la información difundida por los medios de comunicación gubernamentales y en los reportes de algunos otros medios privados que indican, entre otras las siguientes expresiones:
“… acabar y enterrar el 21060…” (Morales, alocución del 1 de mayo de 2011 en Huanuni, en periódico “Cambio”),
“El 21060 está muerto.” (Morales, en entrevista del periódico “Pagina 7”),
“… dejó de existir… el Decreto Supremo 21060…”, “… otro decreto (el 861) que da fin al llamado «decreto maldito».”, “… el Decreto Supremo 861 que elimina el 21060…”. (en Periódico “Cambio”)
Evidentemente, no es muy común tomar una pala, cavar un hoyo en el suelo y “enterrar un Decreto” como si fuera un cadáver, pero en esta expresiva imagen metafórica, el gobierno “da cristiana sepultura” a la personificación del 21060 cuya cualidad vital se habría extinguido. Se destaca, básicamente, el “fin” de la vigencia/vitalidad del 21060; se “prescinde de él”, “se lo anula”, “se lo mata”, “se lo oculta o hace desaparecer como un cadáver bajo tierra”.
Sin embargo, ¿El 21060 ha sido “realmente” eliminado? Discursivamente, podríamos decir que sí; jurídicamente, no. En el ámbito de la ficción política el decreto es abolido, pero en el ámbito de la realidad jurídica que incide en la estructura económica, la historia es diferente. El gobierno quiere representar la anulación del decreto sin anularlo. El nuevo Decreto no contempla el término “derogación” para proceder jurídicamente a realizar la anulación del Decreto 21060 “promulgado” en 1985. Entonces, ¿Por qué se utiliza esta parafernalia verbal y no, sencillamente, el término “derogar”?
Lo que intenta hacer la instancia de poder mediante su peculiar lenguaje, es crear una ficción política sobre la anulación del 21060, mediante el uso de metáforas y términos que designan el “final” de la polémica normativa aprobada en 1985. Esta proyección de sentido en el discurso político, es extremadamente útil al momento de aspirar a construir una imagen favorable del gobierno en la opinión pública.
Se pretende representar un gobierno popular y anti-neoliberal, en un contexto de drástica caída en la popularidad de la administración plurinacional. Esta representación que puede, o no, instalarse en la opinión pública, no tiene efecto jurídico alguno que termine ciertamente con el 21060; por ello se evita, de forma sistemática, el uso del término jurídico “derogación” y su correspondiente acción verbal que implicaría importantes consecuencias objetivas en la economía y la sociedad boliviana.
La imagen que intentan construir los gobernantes bolivianos, paradójicamente, no beneficia a la mayoría de los trabajadores bolivianos, sino al propio gobierno que intenta sacar un rédito político-simbólico de este anuncio, con la esperanza de detener su estrepitoso descenso en las encuestas. Queda por ver si esta ficción política sobre el fin del modelo neoliberal y el decreto que lo implantó podrá mantener, al menos, un vínculo mínimo con una realidad económica boliviana que no coincide, necesariamente, con los espejismos plurinacionales planteados en el nueva normativa.