Iván Arias DuránEl Estado boliviano gastó de enero a julio de este año, $us. 375 millones para la importación de 503.000 toneladas de cuatro productos fundamentales para la canasta familiar: azúcar, harina de trigo, maíz y trigo. Los datos revelan que subió más la importación, para los mercados bolivianos, de alimentos básicos, en un 81,84 por ciento, de 29,92 millones de dólares a 54,40 millones. En tanto, el valor del ingreso de alimentos elaborados ascendió un 48,64 por ciento, de 252,36 millones de dólares a 375,11 millones.
Willy Rojo, presidente del IBCE, advirtió que de mantenerse esta tendencia hasta fin de año la importación podría superar los $us. 600 millones. El mayor incremento se registró en la compra al exterior de azúcar, que pasó de 8 toneladas en 2010 a 91.255 toneladas por 78 millones de dólares en los primeros siete meses del año en curso. Incluso cuando los ingenios han anunciado una producción que bordeará los 9,5 millones de quintales anunciados por los ingenios, para una demanda interna de 7 millones de quintales. La importación de trigo comenzó a declinar en 2009, cuando se importaron 132.000 toneladas. Pero entre enero y julio del 2011 se importaron 114.000 toneladas y "la mala campaña de este año podría significar más importaciones", dijo el IBCE.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, identificó a la falta de políticas públicas que incentiven la inversión y el factor climático, como las causas para que este año la producción de alimentos haya registrado un descenso. Otro de los factores que perjudicó fue la ausencia de una normativa para la utilización de tecnología transgénica. De acuerdo a Willy Rojo, las empresas de apoyo al sector, como es el caso de Emapa, se vuelven al contrario una competencia. "Se desincentiva la producción porque se imponen precios políticos más que reales. A fin de proteger al consumidor, le resta al productor posibilidades de expandir su siembra y consolidar nuevos mercados", dijo. Por otro lado responsabilizó a la falta de control en las fronteras como uno de los fenómenos para que los insumos bolivianos se vendan de manera ilegal en países vecinos, produciendo un desequilibrio respecto a la oferta que existe para el mercado interno.
La CPE en su artículo 406 afirma que “son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano (…) 3. Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos 6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos.” Para cumplir estos postulados el actual Gobierno ha apostado por la vía campesina bajo la idea que son éstos los que alimentan a los centros urbanos, desconociendo que la producción campesina aporta con solo el 20% de la producción de alimentos a nivel nacional.
El 80% de la producción, está en manos de los medianos y grandes productores del Departamento de Santa Cruz y en sociedad con la agroindustria. Si nos remitimos a la información oficial y de los gremios de productores de los diferentes estratos, tenemos que el Departamento de Santa Cruz aporta con los siguientes alimentos al país: 62% del arroz; 43% del trigo; 40% del maíz; 100% de la soya; 24% de las hortalizas; 25% de la papa (Miguel Crespo, 2010). Las hectáreas con mayor crecimiento son las de cultivos industriales (soya 30,2% y girasol 10,5% de 2005/2006 al 2008/2009, INE), mientras que otras como los cereales, tubérculos andinos y frutos no superan el 10%. El cultivo de la quinua, el 90% de su producción se destina al mercado externo lo que motiva a una ampliación de la frontera agrícola en un ecosistema muy frágil. Lo anterior está generando graves impactos socio ambientales en el altiplano boliviano, generando el desplazamiento de la actividad ganadera (camélidos y ovinos) y agudizando un fuerte proceso de desertificación en los suelos (90% en Oruro y Potosí).
Con datos objetivos como los mencionados uno se pregunta, ¿estamos avanzando hacia la tan pregonada soberanía alimentaria? En los últimos años las políticas públicas vinculadas al sector agropecuario han tenido una modesta participación ya que el 61% está dirigido a caminos vecinales, el 11% a actividades integrales y los gastos destinados a las actividades de investigación, extensión, fomento y desarrollo agropecuario, tienen una participación sobre el gasto público total que no sobrepasa el 2,6%. (Rivera, 2011)