Fiscalía rechaza investigar la denuncia del caso BoA

Polémica. Arturo Murillo anuncia acciones penales. Dorado cuestiona el papel de la justicia.



Ref. Fotografia: Molestia. Arturo Murillo, denunciante del caso BoA, anuncia acciones penales contra fiscales que no aceptan demanda.

La Fiscalía de Distrito de Cochabamba rechazó por segunda vez la denuncia presentada por el vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo en contra de los supuestos responsables del contrato de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) y la empresa AIR Catering SRL -de propiedad hasta hace unos días- de Silvana Carolina Del Castillo Tejada, cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera.



El opositor analiza procesar penalmente a los fiscales que rechazaron la demanda por el delito de omisión de deberes.

Molestia. «Estoy alarmadísimo porque hemos presentado la denuncia en la Fiscalía de Cochabamba y nos han vuelto a notificar fuera de horario de trabajo rechazando la denuncia porque no habría tráfico de influencias, cuando ni siquiera sortearon la denuncia», afirmó.

Según el líder opositor y exdiputado por Cochabamba, la presión desde el Gobierno hacia el Ministerio Público es muy fuerte y como consecuencia de sus denuncias en contra de la familia de García Linera, beneficiada por un millonario contrato, ahora sufre la reactivación de un juicio por contar con una libreta militar auxiliar. «En la cara de todos han vendido un contrato con tráfico de influencias (las expropietarias de AIR Catering) y nadie nace nada. Ahora simplemente han rebotado la denuncia porque supuestamente no hay la tipificación del delito correspondiente (…). El sustento está en que se ha beneficiado a la familia del Vicepresidente, olvidemos a la cuñada, el hermano es Mauricio García Linera, el esposo, está la familia», dijo en el hall de un céntrico hotel de La Paz.

Acciones. Debido que hasta la fecha ninguna autoridad llamada por ley inició ninguna investigación al contrato BoA-AIR Catering, dijo que analiza junto a sus abogados iniciar una querella penal en contra de fiscales que rechazaron la denuncia por omisión; es decir, incumplimiento de deberes. «Nadie quiere investigar, nadie quiere investigar al patrón, nadie quiere investigar al virrey, todo el mundo le tiene miedo a Álvaro García Linera, es el (Vladimiro) Montesinos boliviano», dijo en alusión al exjefe de inteligencia de Perú, llevado después a la cárcel por hechos de corrupción.

Antecedentes. La primera denuncia fue rechazada por la fiscal Tatiana Salazar Ágreda, bajo el argumento de que la sindicación es en contra del Vicepresidente, por tanto no se puede pretender que el caso sea juzgado por vía ordinaria, sin cumplir con los requisitos legales pertinentes, ya que se incumpliría el artículo 184 de la CPE que le faculta a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar el caso de corte por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes y a requerimiento del Fiscal General del Estado.

Sin embargo, a pesar de haber sido subsanadas las observaciones, dijo Murillo, otra vez enfrentan el rechazo de la denuncia por un supuesto caso de corrupción que involucraría a un alto dignatario de Estado.

La Contraloría General del Estado desestimó realizar auditorías al contrato por considerar que es necesaria una petición de la Fiscalía, cuando la ley le faculta autonomía de decisión. El Ministerio de Transparencia recepcionó el caso, pero anticipó que no existe sustento legal en la denuncia.

Según la denuncia de UN realizada el 25 de marzo, la cuñada del Vicepresidente junto a su socia Olga Ossorio de Pérez se beneficiaron por invitación directa de BoA de un contrato por 18 millones de bolivianos, para la dotación de refrigerios a los pasajeros. La empresa para entonces no tenía ni siquiera un año de vida y apenas un capital de 140.000 bolivianos.

Críticas. Ante esta acción, parlamentarios de oposición criticaron el actuar de la justicia en el país. «Con esta acción queda claro que la justicia solo responde a los intereses del propio Gobierno. Ese es el problema de tener una justicia politizada y como responden a los que están en el Gobierno no van a hacer nada imparcial. Se demostró el delito que existía en el caso y no se lo está tomando en cuenta», manifestó el diputado Luís Felipe Dorado.

 

Fuente: eldia.com.bo