La Pastoral Penitenciaria Católica denunció que las acciones policiales no buscan a los grandes traficantes
La responsable jurídica de la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, María del Carmen Michel, señaló que el control antidroga apunta a combatir únicamente a los microtraficantes y consumidores y no así a los grandes narcotraficantes.
En las cárceles del país más del 20% de la población paga condenas por narcotráfico, pero no existe una diferenciación por el grado de participación en el delito.
«Pero de ese 20% ¿Cuántos son narcotraficantes grandes o «peces gordos» del narcotráfico? (…) Entonces la lucha en contra del narcotráfico tiene que ser una lucha a grandes escalas, a grandes organizaciones, redes de narcotráfico, y no ir a buscar solamente a los microtraficantes o a los consumidores, se debe atacar el narcotráfico a lo grande, no en lo mínimo», indicó Michel a ANF.
Según Michel, la lucha contra grupos reducidos o minoritarios es una forma de estigmatización al pobre, más aun cuando se está encarcelando a consumidores sin ofrecerles un tratamiento para superar ese vicio.
Además, la representante de la Pastoral Penitenciaria dijo que uno de los problemas en Bolivia es que no existe la clasificación por la comisión del delito en las cárceles, lo que agudiza la problemática de los consumidores. A ello se agrega el hecho de que el control de ingreso de distintos objetos e incluso la droga es deficiente.
El director de Participación Ciudadana de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Juan Carlos Pinto, mencionó que las políticas penitenciarias no han cambiado nada y que siguen vigentes las estrategias neoliberales que apuntan a sancionar a los más pobres.
«Estas consecuencias que tenemos en las cárceles son precisamente parte de lo que todavía nos falta debatir, no quiere decir que hayamos errado, quiere decir que seguimos en un marco colonial de reproducción de algunos parámetros que nos hacen hacer ese tipo de políticas que sigue afectando a los más pobres», manifestó.
En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, consideró que la ley 1008 es «draconiana» y violatoria de los derechos y garantías constitucionales, por lo que considera que es necesaria una nueva ley
Fuente: eldeber.com.bo