Para el agro los daños al medioambiente deben ser sancionados. Se destacó la presencia de la comisión del Senado Nacional que fue a la zona afectada
Para los productores lo sucedido en Río Grande es algo que nunca más se debe repetir.
Reinaldo Díaz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que los trabajos realizados por algunos campesinos del municipio El Puente (Guarayos) y el daño causado al medioambiente en la zona y a la propiedad pública deben ser la primera y última vez.
Díaz remarcó que no se puede concebir cómo un grupo de personas impulsadas por otras que tienen equipos y recursos intentaron cambiar el curso del Río Grande poniendo en vilo a los productores y a la población de 12 comunidades del municipio de San Pedro (Obispo Santistevan).
Similar criterio tuvo Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que en reiteradas ocasiones subrayó que no se puede comprender cómo un grupo de personas puede actuar con tanta impunidad y desviar el curso de las aguas, sin respetar los trabajos realizados y las inversiones concretadas en la zona en la que se construyeron defensivos para evitar las inundaciones.
Restauración y castigo
Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, dijo que las personas que construyeron los dos diques y los canales con el objetivo de desviar el curso de las aguas incurrieron, según el Código Penal, en delitos contra la seguridad (art. 207 y 208), y en contra de la economía nacional (art. 223).
Alpire explicó que a esto se debe sumar la traición a la patria, algo que la Constitución Política del Estado sanciona.
“Se debe restaurar el daño al medioambiente y dar certidumbre a los productores. Eso es lo primero que se debe hacer antes de que llegue la temporada de lluvia. Luego sin lugar a dudas la investigación penal debe continuar para dar con los responsables”, dijo Alpire.
Para Noemi Natividad Díaz, presidenta de la comisión de Tierra y Territorio del Senado, los trabajos observados requieren una solución urgente.
“Se verificó que hay distintos trabajos en la zona que de alguna manera ponen en peligro a otras comunidades. Esto es algo que no se puede permitir y será la justicia la que determine quienes son los responsables y qué sanciones se deben aplicar”, precisó Díaz
La senadora sostuvo que ya se coordinó para que las obras que obstruyen el paso del agua sean destruidas.
Díaz destacó la presencia de los senadores, pues en su opinión eso muestra que el Estado tiene interés en solucionar el problema y que los productores no se encuentran solos, pues sus reclamos son atendidos
Fuente: eldeber.com.bo