El discurso del presidente

Daniel A. Pasquier RiveroHasta el turbión se amansa una vez pasan las primeras olas. Por eso estos comentarios después de unos días al discurso del 6 de agosto en Oruro. Con la distancia suficiente como para ganar sosiego y, quizás, para no reincidir en lo anecdótico. El Presidente se dirige a la Nación por obligación constitucional (Art. 172, inc. 12), no es una gracia para con sus súbditos. Lo hace para “Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su primera sesión, el informe escrito acerca del curso y estado de la Administración Pública durante la gestión anual, acompañado de las memorias ministeriales”. Nada de eso se hizo. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución? “Para que se tenga y cumpla como Ley fundamental” del Estado. En acto solemne, “la ALP inaugurará sus sesiones el 6 de agosto en la Capital de Bolivia”; no hay otra que Sucre (Art. 155), y su cambio exige justificación. No serán suficiente caprichos personales ni apegos familiares, tampoco servirá para contar anécdotas o chistes. El tiempo es a la historia lo que los números son para las matemáticas. Errores gruesos, hasta de siglos, invalidan las argumentaciones. Libertades se le suelen permitir a novelistas, gente que trabaja la ficción como si fuera la realidad, el caso de E. Galeano citado en la primera parte del discurso, pero impropias como verdad histórica. Pretencioso sentar cátedra con esos datos sobre el colonialismo y la justificación moral para declararle guerra a muerte, cinco siglos más tarde, cayendo en las mismas o parecidas arbitrariedades y abusos. La mal citada Bula Sublimis Deus de 1537 llama a prestar “atención a los mismos indios que como verdaderos hombres que son, no sólo son capaces de recibir la fe cristiana”, sino que “haciendo uso de la Autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos Indios, y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor”. Evo, probable, desconoce este documento, pero quienes le sugirieron el discurso actúan de mala fe haciéndolo pisar el palito. Ni la CPE actual del Estado Plurinacional ha llegado más lejos de lo establecido con la Bula de Pablo III, que además tiene autoridad universal sobre el mundo cristiano. Más bien, esta cita le hubiera venido bien para reafirmar los derechos y libertades de todos los bolivianos, incluyendo por supuesto a todos los indígenas, de Tierras Altas y de Tierras Bajas, al ser tan patente el incumplimiento del respeto a los derechos hoy llamados “humanos”, y que a pesar de tantos reconocimientos, declaraciones, convenios y tratados se siguen afectando en tantos conciudadanos que padecen cárcel sin juicio, exilio injustificado, persecución e investigación de bienes y fortunas sin garantías.La rendición de cuentas exigida por la CPE es de agosto a julio de la gestión 2011-2012. La opinión de lo ocurrido en el mundo en los siglos XVI al XIX corresponde a los historiadores que, por supuesto, no rendirán cuentas sobre lo actuado por el actual gobierno. Es una perspectiva equivocada colocar al Alto Perú al centro de la cosmovisión universal. Un poco de roce con el mundo exterior y la sorpresa casi unánime será descubrir que más allá del charco se ignora totalmente realidades como Bolivia y confunden fácilmente Venezuela con Uruguay. Creerse el ombligo del mundo es sorprendente a estas alturas, y lo que es peor, Evo no es el único, más bien parece la tónica general. Algo a destacar son esos párrafos dedicados al reconocimiento de la participación indígena en la guerra de la independencia americana. Sin embargo, el encanto declarado del Presidente por el relato de los mojeños de San Ignacio, choca frontalmente con la experiencia recién vivida por los descendientes de esos valientes que nos legaron naciones libres, con la represión ejercida por el Estado Plurinacional. Paradójicamente, marchan en defensa de sus derechos, por tierra y territorio. Casi doscientos años después, continúa la lucha. “Los indígenas son la fuerza del poder, el poder del pueblo”. Por el informe que exige la CPE, debería haberse hecho mención clara y documentada acerca de la cuestión indígena en el Estado Plurinacional. No es suficiente relatar cuentos. Mención clara sobre el estado de los procesos de reconocimiento de los derechos indígenas, en consonancia con el Convenio 180 de la OIT y la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contenida en la Resolución 61/295. La violación y procesamiento de los responsables tanto del caso 24 de mayo, como de Caranavi, Chaparina, Yotola, San Ignacio de Mojos, Mallku Qota, etc., para terminar en el cada vez más complejo caso de la Consulta con ocasión del proyecto carretero a través del TIPNIS. Tantos conflictos irresueltos que generaron violencia innecesaria, con muertos y heridos, además de los derechos violentados, que no pueden quedar cerrados con la simple frase de “se rompió la cadena de mando”. El Jefe de Estado es finalmente donde toda cadena de mando, empieza o termina. El presidente debió referirse al posible “genocidio” (en términos de NNUU) de los pueblos indígenas originarios mojeño, yuracaré y chimán. A la anunciada “militarización” del TIPNIS, contra el espíritu pacifista de la CPE y el Art. 30 de la Declaración de NNUU: “No se desarrollarán actividades militares en tierras o territorios de pueblos indígenas”; aunque se lo vista de “ecológico”, mona se queda. Así como a “la asimilación forzada” y políticamente intencionada, el “racismo”, la “discriminación” manifiesta que se están propiciando en distintas regiones del país, merecían atención. En resumen, este 6 de agosto, no se informó, no se cumplió el mandato constitucional.