Parece que en el Gobierno nadie se da cuenta del grave daño que ciertos despliegues retóricos del jefe de Estado le hacen a la imagen del país ante la comunidad internacional.
Mario Rueda Peña *, El Deber
No sólo el Presidente, sino miembros de su Gobierno y dirigentes del MAS dicen y hacen cosas que sólo provocan una mayor pérdida de confianza en el país. Obviamente excluimos de esta reacción a ciertos gobiernos, partidos e instituciones (ONG, sobre todo) de allende nuestras fronteras, alineadas desde hace tiempo con el neopopulismo latinoamericano. Nos referimos concretamente a las fuentes de la inversión extranjera y a la cooperación multilateral y bilateral.
Fue otra vez el propio Presidente de la República quien puso de manifiesto tan deplorable falta de sensatez. Lo hizo en el último discurso en un lugar vecino a la ciudad de Cochabamba, a tiempo de inaugurar la construcción de un gasoducto. Reveló que muy a menudo sus asesores le advierten: «Evo, te estás equivocando jurídicamente; eso que estás haciendo es ilegal». «Bueno –responde–, yo le meto, por más que sea ilegal. Si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado (sic)».
Pero fue mucho más allá aún en el discurso aludido al puntualizar que si «me detengo en el respeto a la ley, nunca podré comenzar a aplicar los cambios», agregando luego que «a veces, hay que comenzar, aunque sea errado (lo que él y su Gobierno hagan) y en el camino mejoraremos y legalizaremos para acelerar nuestro trabajo como Gobierno».
Más claro, agua: las ilegalidades del actual Gobierno, muchas de ellas de carácter constitucional (CPE de La Glorieta, recorte del IDH, revocatorio de mandatos no previsto por la ley fundamental, etc.), no son errores, sino actos deliberados. Constituyen movidas tácticas cometidas para ‘acelerar’ el proceso de cambios y barrer del trayecto a los adversarios.
O sea que la ilegalidad inviste ahora en Bolivia rango de poco menos que sacrosanta táctica gubernamental que apunta a los cambios, algo que nadie tiene derecho a cuestionar. Lo peor es que el mal se propaga cual virus maligno a todo el sistema institucional. Así lo prueba el hecho de que siete cortes departamentales reunidas en La Paz con el masista Exeni agraviaran tan groseramente el principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley, al convenir que el porcentaje del 51% de la votación rija sólo para los prefectos y no para el Presidente y Vicepresidente, quienes seguirán conservando su tramposa ventaja en la consulta del 10 de agosto.
Lo grave es que las frases del jefe del Estado, por tan inéditas como insólitas en un Presidente a quien la Carta Magna reata a preservar el orden jurídico-constitucional, fueron destacadas en titulares de primera página en los principales diarios del exterior. Adquieren ahora rigor de certeza rotunda los temores y sospechas de que bajo el régimen del MAS, por las razones que todos conocemos, Bolivia ya no es país fiable, sino Estado inmerso en la ilegalidad, de la cabeza a los pies del sistema institucional.
La confesión del Presidente de que su Gobierno convierte la ilegalidad en método para acelerar el proceso de cambios, acaba con los últimos resquicios de seguridad jurídica que aún podíamos ofrecer.
* Columnista