Morales y los prefectos no se pusieron de acuerdo

 El presidente Evo Morales y los prefectos del país, excepto Savina Cuellar. (ABI). La falta de un acuerdo dejó planteada la posibilidad de nuevos choques políticos en los días venideros, cuando el Gobierno impulse primero la aprobación en el Congreso de la convocatoria al plebiscito constitucional y se lance luego en una campaña proselitista en favor de la carta magna.El Gobierno y la oposición regional de Bolivia cerraron sin acuerdo hoy más de tres semanas de diálogo, dejando en manos del Congreso la posible convocatoria a un referendo para aprobar una nueva Constitución socialista impulsada por el presidente Evo Morales.El mandatario y los prefectos (gobernadores) opositores y oficialistas posaron para una foto conjunta, y hasta se dieron las manos como única señal de acercamiento, al término de un encuentro final de 11 horas, rodeado de gran expectativa y al que asistió también media docena de observadores internacionales.»Que (los prefectos opositores) no se avengan a suscribir un acuerdo significa solamente que tienen una estrategia política», dijo en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.El funcionario comentó que el Gobierno había planteado un pacto para desbloquear la nueva Constitución a cambio de conceder autonomías departamentales, municipales e indígenas de gran alcance.»Pero aunque no suscritos, hay acuerdos que el Gobierno va a incorporar en el nuevo texto constitucional, lo que nos permite afirmar que aquí están las autonomías», agregó el también principal negociador gubernamental.El prefecto del distrito gasífero de Tarija, Mario Cossío, dio por concluido el esfuerzo opositor por modificar el proyecto constitucional más allá de la cuestión autonómica y responsabilizó al Gobierno por la falta de acuerdo.»No estamos concluyendo peleando con el Gobierno nacional.Democráticamente hemos disentido y no fue posible construir acuerdo, no firmamos ningún acuerdo (…) pero concluimos este proceso en paz, con la satisfacción de haber entregado todo lo que podíamos», dijo Cossío.»Esta divergencia democrática no puede significar la apertura de un ciclo de confrontación y violencia», agregó, aunque advirtió luego que los opositores consideran imprescindible que el Gobierno garantice la transparencia del futuro referendo.NUEVO PROCESO La tensión política se trasladará a partir del lunes al Congreso Nacional, donde sectores de la oposición conservadora han anticipado que bloquearán la ley de convocatoria a referendo constitucional ya propuesta por el Gobierno.Los sindicatos campesinos y otras organizaciones sociales que representan a la base electoral de Morales han anunciado que el 13 de octubre iniciarán una marcha de 200 kilómetros hacia La Paz, para presionar al Congreso a que ponga en marcha el referendo.»El Congreso es por definición un escenario de pactos políticos y ahí vamos», dijo Romero. «Desearíamos que el Congreso debata libremente, sin presiones», apuntó el prefecto Cossío.El presidente Morales dijo el sábado que, si el Congreso aprueba este mes la convocatoria al referendo, la nueva carta magna podría entrar en vigencia en febrero o marzo próximos, para dar paso a nuevas elecciones generales probablemente a mediados del 2009.Cossío y los prefectos del rico departamento oriental de Santa Cruz, Rubén Costas, y del amazónico Beni, Ernesto Suárez, evitaron señalar si harán campaña contra la nueva Constitución.Tampoco lo hizo la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que los acompañó en la conferencia de prensa de cierre del diálogo.Los tres primeros conforman un bloque opositor que en el mes pasado realizó violentas protestas contra los planes de Morales, que dejaron una veintena de muertos, casi todos campesinos oficialistas.El diálogo abierto tras esos sucesos -que el Gobierno denunció como un intento de golpe de Estado- estuvo paralizado en la última semana a causa de la detención de dos activistas regionales acusados de volar un gasoducto, en uno de los incidentes más violentos de las manifestaciones.La nueva Constitución boliviana, que introduce la reelección presidencial inmediata, fue aprobada en diciembre del 2007 por una Asamblea Constituyente boicoteada por la oposición.Con el nuevo texto, los pueblos indígenas ganarán un poder político sin precedentes, con fácil acceso a cargos en importantes instituciones nacionales, en un país en el que se eliminarán los latifundios y la economía estará controlada por el Estado.Reuters(El Deber.com).