La ex asambleísta del MAS Loyola Guzmán es partidaria de desaprobar la propuesta de Carta Magna.
Ex presidente Carlos Mesa: “He decidido con mucho pesar que mi voto sea No”
Campaña: partidarios del No hacen propaganda en la plaza 24 de Septiembre, ayer
La Prensa
Los líderes políticos argumentan que los indígenas tienen más derechos que otros sectores de la sociedad, además advierten del peligro de la politización del Órgano Judicial porque las autoridades serán preseleccionados por la Asamblea y elegidas mediante voto popular.
El ex presidente Carlos Mesa; el jefe de Unidad Nacional (UN), el empresario cementero Samuel Doria Medina, y el líder de Alianza Social (AS) y alcalde de Potosí, René Joaquino, plantean al menos 13 razones para votar por el No al proyecto de Constitución Política de Estado (CPE) en los referendos dirimente y aprobatorio del 25 de enero.
Los tres líderes coinciden en que el documento que será sometido a consulta popular no es producto de un pacto social, por lo que existe un riesgo de polarización política en caso de que se apruebe, además consideran que tiene contradicciones de fondo, errores conceptuales y ambigüedades que podrían interpretarse desde diferentes enfoques.
Mesa, quien oficializó su participación como candidato en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre, afirmó ayer que este texto no contribuirá al cambio porque su principal deficiencia es “haber dejado la idea de igualdad”.
El argumento del ex Presidente tiene su base en el Capítulo de Derechos del proyecto de Carta Magna, que hace una diferencia entre “derechos civiles de los bolivianos y bolivianas” y “derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.
“Este proyecto (…) es contrario al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —señala Mesa en su pronunciamiento—, que dice: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”.
También indica que el reconocimiento de la diferencia y del respeto al otro no puede violentar el principio establecido por la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de los Pueblos Indígenas, que señala: “Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos (…) todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. Otro punto que observa el ex Mandatario es la cuota étnica en las instituciones del Estado, como la Corte Nacional, el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial, donde las “naciones originarias” deben tener participación.
El ex Presidente, asimismo, advierte que habrá una fractura institucional en el sistema judicial porque sus miembros serán elegidos por voto popular previa selección de postulantes por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
También expresó su temor por el control social, que según el proyecto de CPE será ejercido “por medio de la sociedad civil organizada”, que controlará la gestión pública en todos los niveles del Estado.
René Joaquino, por su parte, argumenta que votará por el No porque la propuesta constitucional fue aprobada sin respetar los dos tercios de la Asamblea Constituyente y sin pacto social.
El Alcalde potosino sostuvo que en Bolivia no existen 36 naciones originarias como señala el proyecto de Constitución que será sometido a consulta popular el 25 de enero, porque no existe ningún estudio científico al respecto; además considera que esta separación puede llevar a una “confrontación similar a la extinta Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas” (URSS).
Joaquino también observa los artículos 166, 168 y 411, que supuestamente dan la vía libre a la reelección del Presidente y del Vicepresidente, aunque el texto constitucional señala que un mandatario puede ser reelegido solamente una vez.
También considera que los artículos 147 y 279 dan una “sobrerrepresentación política” a las naciones y pueblos indígena originario campesinos “sin respetar la densidad poblacional se les otorga la creación de circunscripciones especiales”.
La elección de autoridades del Poder Judicial es otro de los argumentos para que Joaquino vote por la desaprobación de la propuesta de Constitución porque el proceso de preselección será “altamente politizado”.
La autonomía indígena es ocasión de discrepancia para el representante del AS porque a través de una consulta pueden acceder al autogobierno.
Samuel Doria Medina, en cambio, observa un “modelo estatista” en el manejo de la economía, pues se restringe, según el empresario, la participación del sector privado en los rubros de energía y agua.
El Jefe de UN también advirtió que la inclusión de la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto podría generar problemas debido a la reducción del precio del petróleo. Asimismo, cuestionó que no exista una política de apoyo a los sectores de la mediana empresa que generan empleos en el país sino solamente a la “creación” de unidades productivas.
A este bloque de personalidades que le dicen No al proyecto de CPE también se sumó la ex asambleísta del MAS y ex guerrillera Loyola Guzmán, quien cree que esta Constitución no respetó los principios con los que se inauguró el cónclave el 6 de agosto de 2006.
Las posiciones
CARLOS MESA
Considera que este texto no contribuirá al cambio porque su principal deficiencia es “haber dejado la idea de igualdad”.
Otro punto que observa el ex Mandatario es la cuota étnica en las instituciones del Estado, como la Corte Nacional, el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial, donde las “naciones originarias” deben tener participación.
El ex Presidente, asimismo, advierte que habrá una fractura institucional en el sistema judicial porque sus miembros serán elegidos mediante voto previa selección de la Asamblea Legislativa.
También expresó su temor por el control social, que según el proyecto de CPE será ejercido “por medio de la sociedad civil organizada”, que controlará la gestión pública en todos los niveles del Estado.
RENÉ JOAQUINO
Señala que la propuesta constitucional fue aprobada sin respetar los dos tercios de la Asamblea Constituyente y sin ningún pacto social.
No existen 36 naciones originarias como señala el proyecto de Constitución. Dice que este concepto puede llevar a una confrontación como en la URSS.
Joaquino también observa los artículos 166, 168 y 411, que supuestamente dan la vía libre a la reelección del Presidente y del Vicepresidente.
Considera que no se respeta la densidad poblacional y se les otorga la creación de circunscripciones especiales.
Teme que se politice la elección de autoridades judiciales.
La autonomía indígena tiene atribuciones para constituirse en autogobierno, a diferencia de otros niveles de descentralización.
SAMUEL DORIA MEDINA
Observa un “modelo estatista” que está definido en el proyecto de Constitución Política que supuestamente restringe la participación del sector privado en la administración de rubros como energía y agua potable.
El Jefe de UN también advirtió que la inclusión de la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto podría generar problemas debido a la reducción de los precios del petróleo.
Asimismo, cuestionó que no exista una política de apoyo a los sectores de la mediana y gran empresa que generan empleos en el país sino solamente se da prioridad las micro y pequeñas empresas. La propuesta de Carta Magna señala que dentro de las políticas económicas se dará prioridad a la creación y apoyo a los sectores productivos de las comunidades. La nueva definición de la economía es “plural”.
Los argumentos
La falta de acuerdos en la aprobación del proyecto es una de las primeras observaciones.
Carlos Mesa considera que se da atención prioritaria a los derechos de los indígenas.
El ex Mandatario señala que esto contradice los principios de derechos humanos.
Asimismo advierte de una politización en el Órgano Judicial debido a las elecciones.
De aprobarse la Carta Magna, las autoridades del Poder Judicial serán elegidas por voto.
René Joaquino observa las atribuciones otorgadas a la autonomía indígena.
Sin embargo, otros niveles tienen competencias restringidas y limitadas por la Constitución.
Asimismo advirtió que no existe un “candado constitucional” que impida la reelección.
El proyecto de CPE señala que el Presidente puede ser reelegido sólo una vez.
Samuel Doria Medina critica el modelo económico “estatista” definido en el proyecto de CPE.
“He decidido con mucho pesar que mi voto sea No”
Carlos Mesa Gisbert, ex presidente
La Prensa
Por: Boris Miranda
“Convoqué por decreto a la Asamblea ya que el Congreso me bloqueaba, donde estaba Evo Morales”. “Soy militante activo en pro de las autonomías desde el 17 de octubre de 2003 y no he cambiado nunca”.
El ex presidente Carlos Mesa Gisbert, quien se perfila como candidato a la Presidencia para diciembre de 2009, anunció que en los referendos dirimente y aprobatorio del 25 de enero votará por el No al proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE). Dijo que fue una decisión difícil porque él formó parte del inicio del proceso constituyente cuando el 2 de julio de 2006 se llevaron a cabo la elección de asambleístas constituyentes y el referéndum por autonomías. En entrevista con La Prensa afirmó que se siente frustrado por la forma en que concluyó la Asamblea Constituyente.
—¿Cuáles son sus motivos para votar por el No?
—Fue una decisión muy difícil y por eso he tardado tanto en tomarla, porque habiendo sido actor en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, habiendo sido el primer Presidente en la historia reciente que plantea una Constituyente, para mí fue muy difícil tener que reconocer ese proceso que iniciamos el 17 de octubre, que se transformó en un decreto de convocatoria el 2 de junio de 2005 y convoqué por decreto a la Asamblea, ya que el Congreso me bloqueaba, donde estaban Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora abanderados de la Asamblea, quienes se negaron a aceptar mi proyecto de ley de convocatoria para la consulta.
Por esa razón siento una gran frustración por la forma cómo ha terminado el proceso porque creo en el cambio, creo que necesitamos una nueva Constitución, porque creo que hay que incluir a quienes fueron excluidos durante siglos, porque creo en las autonomías de manera militante, creo en un Estado fuerte y digno, creo en la lucha para conseguir una igualdad social y creo en la democracia. Eso tiene que hacerse efectivo en un nuevo texto porque la actual Constitución es insuficiente.
Pero hay dos otras razones para el No. La primera es la forma flagrante e ilegal con la que se procedió desde que comenzó el cónclave hasta el acuerdo de octubre pasado. Es el único caso en el mundo democrático en que una Constitución no ha recibido el tratamiento en el plenario de uno solo de sus artículos, es el único caso de una Carta Magna que se somete a una Asamblea elegida por voto popular en el que es un texto hecho por un grupo de personas anónimas en un pequeño espacio de 10 a 15 personas que mandan a La Glorieta ese proyecto que no fue discutido por el pueblo boliviano, esto es fundamental. El pueblo boliviano nunca discutió ese proyecto de Constitución. Esas ilegalidades y los arreglos que se hicieron en el Congreso es por lo que se votará.
—¿Cuáles son sus observaciones de fondo al proyecto de nueva Constitución Política?
—Rompe la idea básica de la igualdad, no me refiero al occidente europeo y a la visión liberal, sino que es un principio de todos los seres humanos. El segundo punto de este No es porque se establece una categorización por primera vez en nuestra historia, de ciudadanía. La categorización por origen, etnia, color de piel y de lengua vulnera la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que ha aprobado el Gobierno del presidente Evo Morales, que dice que todos los pueblos indígenas son iguales.
Adicionalmente, la Constitución tiene un grave problema en el mecanismo de representación por cuotas étnicas que va a alterar la igualdad de voto, un ciudadano un voto, porque se crearán circunscripciones especiales en desmedro de la igualdad demográfica que tienen los bolivianos en diferentes regiones.
Se está fracturando el sistema judicial. Yo no estoy en contra de la justicia comunitaria de origen, pero sí creo que tiene que haber una base unitaria de concepto sobre la forma en que se maneja la justicia y no dividirla en dos; por éstas y otras razones he decidido, con mucho pesar, que mi voto sea No.
—¿En qué momento comenzó a distorsionarse el proceso constituyente?
—Cuando el Presidente de la República decide que, como no ha obtenido los dos tercios en la Asamblea Constituyente con la elección que se hizo en julio del 2006, el acuerdo que se hizo y la Ley de Convocatoria que decía que la norma debería aprobarse por dos tercios se
modifica en un Reglamento Interno de debates de la Asamblea Constituyente, por orden de Evo Morales. Éste fue el pecado original que llevó al desbarrancadero de lo que debió ser un gran proceso democrático.
La responsabilidad es compartida tanto entre el Gobierno como por la oposición, porque hay que reconocer que la oposición decidió bloquear sistemáticamente el éxito de la Asamblea Constituyente, pero la razón por la que los opositores se colocaron en esa postura fue esta decisión arbitraria e ilegal del Gobierno de obligar a la Constituyente a aprobar por simple mayoría de voto.
—Usted habla de la categorización como argumento para votar por el No, ¿no será en realidad que se están reconociendo los derechos colectivos de sectores que fueron históricamente marginados en el país?
—Ésta es la gran falacia, es decir la teoría de que estamos reconociendo derechos colectivos. Los derechos colectivos no requieren la categorización ciudadana; yo apoyo plenamente el reconocimiento de los derechos colectivos, creo que es un gran avance y debo decir que de los 411 artículos de la propuesta de Constitución, yo suscribo 200, pero a ojo cerrado porque hay grandes avances en derechos y garantías ciudadanas, en temas de medio ambiente, en derechos colectivos hay cosas buenas, pero es tal la gravedad de las violaciones de la igualdad y de los principios básicos que construyen un pacto social que lamentablemente no lo puedo suscribir. El derecho colectivo no puede confundirse con la construcción artificial de naciones que no existen.
Otro elemento grave es por qué razón los llamados pueblos originarios tienen derechos irrestrictos sobre los recursos naturales renovables y el resto de los bolivianos no, todos los bolivianos debiéramos tener esos derechos sobre esos recursos.
—Entonces, ¿cómo hacer visible a estos sectores de la sociedad?
—A través del reconocimiento del criterio de pueblo y no de nación, del reconocimiento y el fortalecimiento de las lenguas, las culturas y la justicia comunitaria. Estoy absolutamente de acuerdo, pero yo la hubiera universalizado, si hay aplicaciones de justicia comunitaria indígena que son buenas, que no sólo sirvan a los aymaras, que sirvan para todos los bolivianos y que se integren al sistema de la justicia boliviana. Lo que estamos haciendo es discriminar a los indígenas en grandes reservaciones al estilo de Estados Unidos donde tienen su propia ley y funcionamiento. La actual Constitución no tiene un solo artículo discriminatorio para el pueblo indígena, lo que no tiene es una especificación sobre sus derechos que es diferente a la que tenemos, pero ellos tienen los mismos derechos que nosotros.
—¿Cuáles son los peligros de la aplicación del sistema de la justicia comunitaria?
—Los peligros son la fractura de un sistema judicial en el que no se tenga claro si un determinado delito tendrá una pena desmesuradamente grande si se comete en La Paz,
será desmesuradamente pequeña si se comete en Santa Cruz y desmesuradamente intermedia si se comete en Achacachi, éste es el punto. La justicia comunitaria es inapelable. No tiene instancias de apelación, todo sistema judicial debe ser apelable porque el yerro humano es un error posible, y eso no está claro en la justicia comunitaria.
—¿Cuál es la opinión que tiene respecto del reconocimiento de las autonomías?
—Soy militante activo en pro de las autonomías desde el 17 de octubre de 2003 y no he cambiado nunca mi posición. Creo que el país debería tener tres niveles de autonomía: departamental, municipal e indígena. Me parece inaceptable el nivel de autonomía regional y creo que debería establecerse claramente el nivel de coordinación entre el Estado central, la autonomía departamental, la municipal y la indígena. La propuesta de Constitución establece un confucionismo intencional muy grave en torno a cómo se aplican esos niveles de autonomías.