Policías desalojaron a los loteadores que tomaron propiedades privadas en la zona urbana de Santa Cruz.
INRA define revertir diez predios en Alto Parapetí.
MEDIDA. Veinte personas fueron detenidas y serán puestas a disposición del juez, ya que son acusadas por daño a la propiedad privada, afirmó el fiscal Alberto Cornejo.
La Estrella del Oriente
La Policía, gendarmes y la Fiscalía desalojaron ayer a los loteadores que tomaron propiedades privadas en la zona urbana de Santa Cruz. El primer desalojo se realizó en terrenos de la urbanización Cotoca y el se-gundo en el barrio Los Sauces.
Aproximadamente 200 efectivos, al mando del Comandante Departamental de la Policía cruceña, coronel Franz Lea Plaza junto a fiscales y gendarmes municipales ingresaron ayer al promediar las 08:30 procedieron a desalojar, de forma pacífica, a las personas que se asentaron en los terrenos de la urbanización Cotoca hace aproximadamente dos meses. En el lugar, las personas que se resistieron a la destrucción de sus precarias viviendas fueron detenidas.
Después, al promediar las 13:00 horas, en el barrio Los Sauces ubicado en el séptimo anillo de la carretera al norte, desalojaron a 180 familias que se apoderaron de seis hectáreas, los mismos tomaron los terrenos en el pasado mes de diciembre
Momentos después se produjo una pelea campal entre loteadores y policías, enfrentamiento que duró más de media hora hasta que llegaron los refuerzos de los uniformados quienes reprimieron a los avasalladores retirarlos del lugar a la fuerza.
El resultado de los operativos realizados fueron 20 personas detenidas serán puestas a disposición del juez, ya que son acusadas por daño a la propiedad privada, afirmó el fiscal Alberto Cornejo quien manifestó que un total de 20 predios serán desalojados durante los próximos días.
Los loteadores aseguran que ellos han sido estafados por dirigentes, cabecillas que afirmaron que tomaron las tierras ilegalmente. “Hemos pagado a los dirigentes por los terrenos” afirmaba una mujer que con hijo en brazos sacaba sus pertenencias del lugar.
Prefectura
Ante los avasallamientos a predios públicos y privados, por parte de grupos delictuosos, acusados de tener relación con el partido de Gobierno, la Gobernación cruceña exigió a la Fiscalía de Distrito y a la Policía cumplir con las obligaciones de resguardar las propiedades tanto urbanas como rurales en todo el departamento.
Vladimir Peña, secretario de Justicia de la Prefectura cruceña, advirtió de que en caso de que las instituciones encargadas incumplan con sus obligaciones constitucionales, se demandará por incumplimiento de deberes a las autoridades correspondientes. “La propiedad Palmarito en la provincia Ñuflo de Chávez está tomada, pero la Policía todavía no efectuó el desalojo”, lamentó el funcionario.
INRA define revertir diez predios en Alto Parapetí
Saneamiento. Los afectados son Duston Larsen (Caraparicito), Mario Malpartida (Huaraca-Itacay), Adolfo Curcuy (El Recreo) y las familia Chávez Montes (San Isidro) y Chávez Aguilera (Buenavista)
Trabajo. El INRA concluyó las pericias de campo en Alto Parapetí. Ahora 36.000 hectáreas serán de dominio del Estado
El Deber
Fernando Rojas M.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) confirmó la reversión de diez predios que corresponden a cinco unidades productivas en la región de Alto Parapetí, provincia Cordillera de Santa Cruz, tras haber encontrado, según un informe oficial, evidencias de que en las propiedades se dieron relaciones de servidumbre.
La afirmación corresponde al director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, que informó de que el proceso de saneamiento en los polígonos 3 y 4, ubicados en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Alto Parapetí, concluyó y como resultado se tiene 88.000 hectáreas saneadas, de las cuales 36.000 serán revertidas al Estado.
Los predios que serán afectados son Caraparicito (15.262 ha), de Duston Larsen; Buenavista (4.477 ha), de la familia Chávez Aguilera; Huaraca-Itacay (10.958 ha), de Mario Malpartida; El Recreo (1.935 ha), de Aniceto Curcuy; y San Isidro (3.790 ha), de la familia Chávez Montes.
Rojas indicó que se definió la reversión y aplicación de la causal de incumplimiento de la Función Económica Social (FES) y la verificación de que los trabajadores eran explotados laboralmente (pago en especies y más de ocho horas), que había trabajo infantil, además que se les restringía afiliarse a alguna organización, como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), y que en caso de incumplimiento eran sometidos a agresiones verbales y físicas.
Rojas expresó que ya se notificó a los propietarios y que la próxima semana se emitirá la resolución final de saneamiento. “Los afectados tienen 30 días para presentar ante el Tribunal Agrario Nacional una impugnación, si consideran que sus derechos propietarios fueron violados; si no lo hacen en ese periodo, procede el desalojo automático”, puntualizó.
El informe del INRA señala que de los 88 predios identificados en Alto Parapetí, 78 han sido reconocidos con derecho propietario, los demás serán sujetos a reversión, de acuerdo con las leyes vigentes.
Sobre la decisión asumida por el INRA, Roberto Chávez, de la hacienda Buenavista, indicó que desde un inicio el proceso de saneamiento en Alto Parapetí fue irregular y que siempre buscó afanes confiscatorios de tierra.
“Con la reversión, el Gobierno lo único que busca es controlar las TCO y de esta forma tener el dominio de los 27 pozos petroleros y gasíferos que existen en Alto Parapetí”, apuntó.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, aseveró que se cumplió lo que en su momento advirtió el sector ganadero de que el INRA, a través del saneamiento, lo único que buscaba era la confiscación de tierras.
Nayar dijo que la institución brindará pleno respaldo a los afectados, que, según él, apelarán a la resolución del INRA e iniciarán acciones legales para evitar la reversión de sus predios agrícolas y ganaderos.
Anunció que para hoy el sector tiene previsto reunirse en San José de Chiquitos para tratar la reversión de propiedades en Alto Parapetí, así como las tomas que se vienen presentando en la mancha urbana de Santa Cruz.
Convocó a la Fiscalía a actuar con firmeza contra las personas que promueven ocupaciones.
Denuncian que la APG alista tomasDuston Larsen, propietario del predio Caraparicito, uno de los ganaderos afectados por la decisión del INRA de revertir terrenos en Alto Parapetí, aduciendo la existencia de condiciones de servidumbre, denunció que tiene conocimiento de que los indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) el domingo tomarán posesión de estas tierras.
Sin embargo, el secretario de Tierra y Territorio de la APG, Ivar Murillo, descartó esta situación indicando que no ingresarán por la fuerza en ningún predio. “Nosotros estamos esperando un informe del INRA sobre la situación del saneamiento en Alto Parapetí. No tomaremos ninguna acción, mientras no recibamos órdenes de arriba”, anotó Murillo.
Larsen y su abogado, en la red PAT, manifestaron que apelarán ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN) la resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria de revertir sus tierras.
Larsen desmintió que haya servidumbre y aclaró que las personas que trabajaban en su propiedad lo hacían desde muchos años y que nunca tuvo problemas.
El 21 de noviembre del año pasado, el INRA inició el proceso de saneamiento en Alto Parapetí. En aquella oportunidad, los trabajadores de la propiedad Caraparicito desmintieron que estén en condiciones de servidumbre y aclararon que se les pagaba en efectivo.
REACCIONES
Javier Antúnez
Pdte. de los ganaderos de Camiri
“Esto es una prueba de que el Gobierno, a través del Viceministerio de Tierra, comenzó la aplicación de la nueva Constitución Política en lo que se refiere el tema tierra. Lo reprochable es que no se respetó el derecho propietario de las personas y siempre se recurrió a la fuerza pública para tratar de llevar adelante un proceso de saneamiento que lo único que busca es el desalojo de los legítimos dueños. En Camiri nos organizaremos para dar pleno respaldo a los afectados y definir un plan de resistencia a las invasiones”.
Mauricio Roca
Presidente de la CAO
“Finalmente se consumó un hecho político sobre uno agrario, y lo que se hizo fue un simulacro de saneamiento pues al ver que las variables productivas están en orden, se buscaron la discrecionales, bajo la consigna de buscar la confiscación de tierras bien habidas y trabajadas. El sector asumirá una posición de defensa implacable en el marco de las leyes, normas y derechos para impedir que se consume una arbitrariedad, ilegalidad y atropello que acaba con la seguridad jurídica en todo el territorio nacional”.
Crhistian Sattori
Presidente de Confeagro
“Están utilizando una fórmula absurda e ilegal para apropiarse de tierras que tienen dueños legítimos y que además están cumpliendo una Función Económica Social y son altamente productivas. La relación de servidumbre es sólo un pretexto porque en el fondo lo único que buscan es confiscar tierras para cederlas en favor de personas afines al partido en función de Gobierno. Corresponde conformar un comité de defensa de la tierra para resguardar la propiedad privada”.