Negligencia. A las 12.00, el fiscal Prudencio Flores ordenó la aprehensión de los funcionarios por la compra irregular de 18 predios por $us 2,1 millones en la zona del Mutún. Se los acusa de conducta antieconómica, asociación delictuosa, negociaciones irregulares y uso indebido de influencias. A las 19.00, dio un paso atrás y los liberó. También había sido recluido un técnico
Arribo: el director del INRA llega a la Fiscalía a prestar sus declaraciones
La Prensa
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Fiscal detiene al Director del INRA y lo libera a las siete horas
EL VICEMINISTRO DE TIERRAS, ALEJANDRO ALMARAZ, SIGUIÓ DE CERCA LOS ACONTECIMIENTOS
El Fiscal informó que los dos detenidos entregaron información adicional para seguir la investigación. La abogada de Juan Carlos Salas considera que existe una mala visión del Fiscal sobre los hechos.
La Fiscalía ordenó ayer la detención del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, y del técnico de la ex superintendencia Agraria Juan Carlos Salas, pero a las siete horas dispuso su libertad debido a que no presentó la imputación.
También tomó en cuenta, según la agencia ABI, la valoración de las pruebas y documentación de descargo presentadas.
Ayer hacia el mediodía y luego de prestar sus declaraciones, el fiscal Prudencio Flores determinó la aprehensión de los dos funcionarios al hallar posible responsabilidad en la venta con sobreprecio de 18 predios para el proyecto del Mutún porque ambos habían firmado el convenio de compraventa de terrenos con los propietarios por un valor de 2,1 millones de dólares.
A las 19.00, ambos quedaron en libertad.
Flores dijo en la mañana que los delitos por los que fueron sindicados son cuatro: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “Hasta este momento no contamos con información de que para firmar el convenio del 15 de agosto donde comprometen la cancelación de los dos millones, ellos (Rojas y Salas) contaban con informes técnicos, legales y económicos; por ese motivo, al parecer, ellos actuaron discrecionalmente por su cuenta”.
La Prensa se comunicó con Rojas, quien solamente dijo que estaba en libertad porque “no había la acusación”, cualquier otra pregunta la remitió a su defensa Héctor Tapia, quien tenía el celular apagado.
La abogada Valkhiria Lira, quien defiende a Juan Carlos Salas, explicó que el Fiscal liberó a los dos funcionarios tras su detención a las 12.00 debido a que no efectuó ninguna imputación. Rojas dijo que se los aprehendió a las 14.00
Explicó que para proceder de esa manera apeló al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que señala que el fiscal podrá ordenar la aprehensión cuando considere necesaria la presencia de los imputados y existan indicios de un delito de acción pública. Después de eso hasta las 24 horas remite el caso al juez, en este caso los liberó sin imputación.
Un especialista en derecho penal, que prefirió mantener su nombre en reserva, explicó que si el fiscal ordena la aprehensión es porque halló algún indicio, entonces el acusado debe pasar a conocimiento de un juez, quien es el único que puede ordenar la libertad.
Ayer, mientras Rojas y Salas aguardaban la imputación del Fiscal ante el Juez, recibieron la visita del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y del director de Tierras, Clíver Rocha.
Un informe de la ex Superintendencia de Tierras establece un valor catastral de los predios de 46.311 dólares, pero no fue tomado en cuenta en la negociación final.
Lira aseguró que existe una visión “equivocada” por parte del Fiscal, porque su defendido sólo cumplió una función que se le había encomendado mediante un memorándum y en la que comprometió a facilitar el saneamiento de las tierras, pero no negoció el precio de venta.
El 10 de septiembre, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentó ante el Ministerio Público una denuncia sobre irregularidades en la compra de 18 predios para el proyecto siderúrgico del Mutún, propiedades entregadas a Jindal Steel and Power. El primer detenido en este caso fue el ahora ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence, a quien le dieron medidas cautelares de libertad bajo garantías.
El 8 de septiembre de 2006, Rojas asumió el cargo como Director del INRA tras la renuncia de Fernando Salazar. Antes tenía el cargo de director general en el Viceministerio de Tierras.
Es un impulsor del saneamiento en tierras en lugares como Alto Parapetí, donde se descubrieron propiedades en las que regían prácticas de esclavitud.
El proyecto del Mutún, que se instala en el cerro del mismo nombre, en Puerto Suárez, permitirá la extracción e industrialización de hierro.
En agosto de 2007, el Estado firmó un contrato con la empresa india Jindal para la explotación del cerro, y el Gobierno comprometió entregar la totalidad de tierras para iniciar la operación.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) delegó la función a Dalence a través de un poder. Entonces, el Ministerio de Transparencia inició una investigación que derivó en la presentación de una querella en contra de Dalence y en su destitución.
Flores dijo que durante la toma de declaraciones de Rojas y Salas se presentaron nuevos documentos que deben ser analizados en la investigación.
Analistas opinan que el sector público se desprofesionalizó
El ex superintendente de Empresas Rolando Morales y el politólogo Carlos Cordero opinaron que la falta de experiencia en la administración pública debido a la desprofesionalización que existe en la estructura gubernamental es una de las causas de que funcionarios jerárquicos del Movimiento Al Socialismo (MAS) afronten denuncias de presunta corrupción.
El primero fue Santos Ramírez, prominente dirigente y senador del MAS que tras su paso por la Presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en la cárcel por las irregularidades en la suscripción del contrato con Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
El segundo es el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún, Guillermo Dalence, quien fue detenido por algunas horas debido a la compra de 18 predios para el proyecto el Mutún con un supuesto sobreprecio y luego quedó en libertad condicional.
Ayer fue aprehendido por el mismo caso el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas, pero luego sería liberado por la Fiscalía.
Morales señaló que la gestión pública es deficiente y se la desprestigia porque los sectores sociales que apoyan al Gobierno consideran que ahora les toca dirigir la administración pública sin tener los conocimientos necesarios.
Sin embargo, dijo que estructuralmente en el país no se fomenta la educación y la formación del capital humano como ocurre, por ejemplo, en Chile.
Cordero agregó que los movimientos sociales creen que por pertenecer a una etnia o sindicato están en condiciones de administrar el aparato público, que requiere personas con formación y educación.
La única manera de superar este problema, dijo, es impulsar la carrera administrativa y que los funcionarios sean seleccionados mediante exámenes de competencia.
Ambos expertos también coincidieron en señalar que la política de austeridad y reducción de salarios instituida en el sector estatal desde 2006 atentó contra la calidad de la administración. Muchos profesionales con experiencia, a causa de los sueldos bajos, prefieren prestar sus servicios en la empresa privada.
Se necesita trabajo de campo
El técnico de la ex Superintendencia Agraria Juan Carlos Salas afirmó que, para tener un precio de mercado de las tierras del Mutún, el trabajo se debió hacer en el campo y verificar las características de las propiedades, pero como se hizo “en gabinete” (oficina), el precio es catastral.
Así lo informó en declaraciones a la Red Erbol. “Nosotros hemos dado un precio en adjudicación en saneamiento, la Superintendencia nunca dio un valor de mercado de esas tierras y hasta ahora no tiene los elementos necesarios para dar un valor de mercado, los elementos que se necesitan para esto son los que se obtienen en campo, hacer una tasación, hay que ir y verificar el predio, (ver) qué mejoras tiene, qué productividad tiene; entonces son varios factores que hacen que el valor de mercado varíe. En cambio, el valor de adjudicación es un valor basado en criterios simplemente en computadora, en gabinete”.
El 3 de octubre, la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT) informó que los valores que se fijan para las tierras del Mutún en puerto Suárez “se basan en criterios fijados en gabinete para cada predio”. Este valor era de 19 a 254 bolivianos por hectárea.
Este informe fue tomado en cuenta por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para presentar una querella en contra del ex presidente de la Siderúrgica del Mutún Guillermo Dalence, quien pagó 2,1 millones de dólares por los predios.
Antecedentes
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún Guillermo Dalence fue detenido por orden de la Fiscalía el 30 de septiembre, pero fue liberado el 1 de octubre por el juez Carlos Guerrero con medidas sustitutivas.
La Fiscalía lo acusó de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la compra de 18 terrenos aledaños al Mutún por un valor de 2.160.000 dólares pero que, de acuerdo con la ex Superintendencia Agraria, sólo costaban 46.311 dólares.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Suelos y Tierras reveló ayer que el valor catastral que se determinó para los 18 predios de tierras aledañas al Mutún fue fijado en gabinete (oficina).
El Gobierno tomó en cuenta este informe para destituir a Guillermo Dalence como presidente del Directorio de la ESM, bajo la presunción de que había adquirido los predios con sobreprecio.
Más datos
El proyecto del Mutún será desarrollado por la firma india Jindal Steel and Power.
La compañía comprometió una inversión de 2.100 millones de dólares.
A la fecha no ha logrado ejecutar ni el 5 por ciento del capital comprometido.
Titular del INRA es implicado en el caso Mutún
Tras implicarlo en cuatro delitos por la compra supuestamente ilegal de predios en el Mutún, la Fiscalía ordenó su aprehensión a las 14.00 de ayer. El juez cautelar lo dejó libre a las 19.30, ya que no se emitió una resolución de imputación.
• EN EL MINISTERIO PÚBLICO • Medios de comunicación locales rodean al director del INRA, Juan Carlos Rojas, luego de que el fiscal asignado al caso Mutún ordenara su aprehensión.
La Razón
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, y el intendente de la ex Superintendencia Agraria, Juan Carlos Rojas, fueron aprehendidos y liberados en menos de seis horas, debido a que la Fiscalía no emitió la resolución de imputación en su contra.
Ambos están incluidos en la investigación de presuntas irregularidades en la compra de 18 predios en el yacimiento del Mutún, ubicado en el municipio de Puerto Suárez (Santa Cruz).
En ese sentido, cerca de las 11.00 de ayer se presentaron a declarar ante el fiscal Prudencio Flores, asignado al caso. Su comparecencia se prolongó hasta las 14.00. En ese momento, el representante del Ministerio Público ordenó su aprehensión.
Argumentó que ambos comprometieron en un convenio el pago supuestamente ilegal de los terrenos en el yacimiento.
“No contamos con información de que ellos, para firmar el convenio del 15 de agosto del 2008 —donde comprometen la cancelación de los $us 2 millones—, contaban con informes técnicos, legales y económicos. Por ese mismo motivo, al parecer actuaron discrecionalmente, por su propia cuenta”, afirmó.
Luego informó que “los delitos por los que han sido sindicados inicialmente (Rojas y Salas) son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.
La abogada de Salas, Valquiria Lira, informó a La Razón que su cliente “salió en libertad cerca de las 19.30” porque el fiscal los remitió al juez cautelar sin una resolución de imputación.
Agregó que Flores determinó la aprehensión “como una forma de amedrentamiento y presión” contra Rojas y su cliente.
“El fiscal no ha presentado la resolución de imputación. Ante ello, el juez sólo puede ponerlo en libertad”, señaló el abogado de Rojas, Héctor Tapia. Precisó que la medida la tomó el juez 1º de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, quien estaba en suplencia legal del Juzgado Décimo, a donde la causa fue derivada en primer lugar.
La Razón se comunicó vía telefónica con Flores, quien aseguró que se encontraba fuera de la ciudad y que no brindaría ninguna declaración a los medios.
El 18 de abril de este año, el Ejecutivo emitió el Decreto 085 que autoriza la compra de 2.537 hectáreas en el Mutún, por un monto de hasta Bs 15,27 millones ($us 2,16 millones).
El 10 de septiembre, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción acusó al ex presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Guillermo Dalence, del sobreprecio en base a un informe de la ex Superintendencia Agraria que señalaba que el valor de los terrenos era solamente de $us 46.000.
Tras recibir su declaración, el fiscal dijo que tanto Rojas como Salas comprometieron el pago irregular en agosto del 2008.
Lira señaló que al suscribir el documento, Salas sólo se comprometió a “facilitar los trámites de saneamientos” de los dueños de las tierras y no al pago de los $us 2,16 millones. Agregó que su cliente recibió un memorándum de la Superintendente Agraria para asistir a “una reunión de cooperación para viabilizar el proyecto del Mutún”, al cabo de la cual se firmó el convenio.
Dalence se defiende
Defensa • El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Guillermo Dalence, dijo que el pago de $us 2,16 millones salió de la negociación y era conocido por el Ejecutivo.
Valuación • Argumentó que el avalúo realizado por la ex Superintendencia Agraria no fue enviado por Comibol y que supo de él en marzo de este año.
Propietarios piden declarar
Los propietarios de los 18 predios que fueron comprados por la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) para el proyecto de explotación de hierro del Mutún, en Santa Cruz, pidieron declarar sobre las supuestas irregularidades cometidas en la transacción de las tierras.
Víctor Hugo Castedo, propietario de una propiedad en esa región, dijo en declaraciones a radio Erbol que los dueños de los predios sólo declararán en la Fiscalía de Puerto Suárez.
“Nos hemos apersonado a la Fiscalía de Puerto Suárez porque queremos declarar. Hemos presentado un escrito. Todos los propietarios de las tierras estamos en Puerto Suárez para que se nos cite a declarar”, subrayó.
Respecto al acuerdo para la venta de sus tierras, Castedo dijo que “todo está documentado” y que los documentos fueron rubricados por autoridades del Ministerio de Minería, Comibol, ESM y los representantes de las superintendencias Forestal y Agraria. “Los que teníamos que recibir un poco más inclusive hemos bajado de precio para poder llegar a los $us 2,1 millones”.
Súper Agraria reconoce fallas
La Superintendencia Agraria nunca dio un valor de mercado a los 18 predios que fueron entregados a la concesión del yacimiento del Mutún, aseguró ayer el intendente del ex ente regulador, Juan Carlos Salas.
“Nosotros hemos dado un precio que es de adjudicación en saneamiento” y su valor está “basado en criterios simplemente de computadora”, puntualizó el técnico agrario en declaraciones a radio Erbol.
Salas dijo que la actual Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ex Superintendencia Agraria) no tiene la capacidad para dar un valor de mercado a esas tierras.
“Los elementos que se necesitan para esto son justamente los que se obtienen en campo. Hay que hacer una tasación, hay que ir y verificar el predio, qué mejoras tiene, qué productividad tiene. Entonces son varios factores que hacen que el valor de mercado de las tierras varíe. En cambio, el valor de adjudicación es un valor basado en criterios simplemente de computadora”.