La coca ha sido sacralizada por el MAS. Ahora los cocaleros se multiplican y buscan nuevas áreas de cultivo. ¿Será posible pararlos?
Editorial El Día
El Gobierno quiere dar por superado un conflicto entre cocaleros e indígenas que habitan el parque Isiboro Sécure, al sur del Beni y que dejó como saldo un muerto y varios heridos el sábado pasado, después de un enfrentamiento armado. Es posible que el problema recién esté empezando y será muy complicado salir de él.
Está claro que a este régimen le importan muy poco los indígenas y sobre todo los del oriente boliviano. Desde hace 30 años los nativos yuracarés se mueren de hambre y de tuberculosis en el Chapare, en las narices de las sedes de las organizaciones que encabeza el presidente Morales. Los cocaleros han invadido sus tierras, les han envenenado sus ríos y han eliminado sus formas de vida, todo para construir un modelo productivo basado en el próspero circuito económico coca-cocaína, el mismo que se busca extender de forma ilimitada en el país y de hecho se lo está consiguiendo.
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Hay evidencias de que el Gobierno tenía conocimiento sobre la invasión de los cocaleros en el parque Isiboro Sécure, como ocurre con el parque Madidi, el Amboró, la reserva del Choré y otros lugares protegidos, donde los cultivos de coca se van expandiendo paulatinamente. Es poco creíble que algunos ministros pretendan ahora adoptar una pose de sorpresa frente a esas incursiones, a las que han declarado ilegales y a las que relacionan con el narcotráfico. Estos argumentos provocan risa, ya que los sembradíos de coca en Bolivia hace mucho que pasaron de las 30 mil hectáreas y sólo 12 mil son consideradas legales. Además, está sobradamente probado que casi todo ese excedente se destina a la fabricación de la cocaína. Lo único que se puede creer ahora es que la reciente destrucción de cocales en la zona de Tipnis es por cuestiones de mercado, ya que la sobreoferta siempre derrumba los precios.
Se sabe muy bien que el presidente Morales está enfrascado en una lucha férrea por conseguir la despenalización internacional de los cultivos de coca e internamente se trabaja en una encuesta destinada a elevar a 30 mil o 40 mil hectáreas la cifra legal de cultivos de coca. Este clima entusiasma a los cocaleros, quienes además de sentirse alentados a avanzar con sus actividades, gozan de una protección política sin precedentes. Es más, son ellos los que tienen en sus manos gran parte de la lucha antidrogas, gracias al mecanismo constitucional del “control social”. Así, mientras en Achacachi, la justicia comunitaria manda a quemar a un ladrón de garrafas, los “compañeros” que son sorprendidos produciendo cocaína reciben poco más que un jalón de orejas.
¿Qué va a hacer el Gobierno después que ha promovido tanto la coca, la ha sacralizado y la ha colocado en el nivel del paradigma productivo de Bolivia? ¿Con qué moral se va a enfrentar a los nuevos cocaleros? ¿Los va a llamar “ilegales”, “narcotraficantes” o tal vez “informales”? ¿Les va a aplicar el implacable código sindical con el que se elimina a los grupos adversarios? Por los indígenas no hay que preocuparse, no son tontos; ya sabrán acomodarse a la situación, como lo han hecho decenas de comunidades del Altiplano y los valles, donde toleran la presencia de los narcotraficantes a cambio de jugosas retribuciones. Para eso también servirán las autonomías indígenas.