Conflicto: El Gobierno acusa a Adepcoca de irregularidades. Ésta rechaza un impuesto y la compra obligada. El titular de Adepcoca acusa a sus antecesores Gerónimo Meneces y Félix Barra de malos manejos en sus gestiones.
Venta: una persona lleva un taque en el mercado de Adepcoca, ayer en Villa Fátima
La Prensa
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Estalla la guerra de los cocaleros en el país
Enfrentamiento: El titular de Adepcoca acusa a sus antecesores Gerónimo Meneces y Félix Barra de malos manejos en sus gestiones.
Hernán Justo pasa al ataque en la “guerra” de los cocaleros. El Presidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) retrucó las acusaciones que recibió y aseguró que éstas parten de quienes no quieren que se realice una auditoría al manejo de la entidad fundada en 1983.
El titular del Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas (Cofecay), Félix Barra, reveló el miércoles, en conferencia de prensa, que el informe del movimiento económico del actual directorio de Adepcoca “no convence”, porque se encontraron préstamos a particulares, que no son socios de la entidad, y “otras cosas más”, que no quiso revelar.
Cofecay es la institución matriz de las instituciones agrarias yungueñas, entre ellas Adepcoca, y forma parte de las organizaciones sociales que integran el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Una fuente gubernamental informó a La Prensa que en el mencionado informe se hallaron partidas que consignan erogaciones de hasta 400.000 bolivianos por concepto de salarios y refrigerios de los dirigentes, gastos no justificados por 350.000 bolivianos y otra consignada como “organizaciones sociales” por 300.000 bolivianos.
Justo dijo que en un ampliado de Adepcoca realizado en Chulumani el 31 de agosto y que contó con la participación de unos 15.000 afiliados, no sólo se aprobó ese reporte económico, sino se desconoció a Félix Barra como titular de Cofecay.
Sin embargo, el principal dirigente de los cocaleros yungueños anunció que asistirá al ampliado de la matriz campesina regional, que Barra convocó para el 23 de este mes en la ciudad de La Paz, aunque llamó a otra reunión de Adepcoca para considerar el proyecto gubernamental de gravar el taque de coca con cinco bolivianos.
“Cuando el actual viceministro de la Coca, Gerónimo Meneces, era presidente de Adepcoca, vendió el 60 por ciento del terreno que ocupamos en Villa Fátima y nunca rindió cuentas del dinero que ingresó por ese concepto”.
La Prensa intentó comunicarse ayer con la autoridad, pero se encontraba de viaje y su teléfono celular estaba apagado, al igual que el del responsable de la Unidad de Comunicación de ese Viceministerio.
Meneces presidió Adepcoca entre 1990 y 1992. Durante su gestión, se adquirió el terreno de Villa Fátima.
Justo sostuvo que Barra, ex viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, actúa en coordinación con Meneses.
En referencia a éste, el líder cocalero yungueño dijo que durante cuatro años, entre 1998 y 2001, ocupó la presidencia de Adepcoca. “Nosotros tenemos un acuerdo con una empresa que produce bolsas de polipropileno y cuya venta permite un ingreso adicional a la asociación, pero él nunca rindió cuentas de ese movimiento económico”.
Adepcoca vende los envases denominados “mat’os”, “chorizos” y “blancas”, en las que los comercializadores al detalle y los productores detallistas sacan la hoja del centro de acopio y la trasladan hasta sus puestos de expendio.
“Lo que pretenden estos señores con estas acciones es evitar la auditoría y nada más. No persiguen otra cosa”.
Barra no quiso referirse anoche al asunto, pues adujo que se encontraba en un evento y que “más tarde o mañana podría responder cualquier pregunta”.
Justo recordó que desde su elección como principal responsable de Adepcoca, el 28 de enero de 2008, hubo interés de ciertos sectores y personas por “voltearme y cuando no lograron su objetivo, ampliaron su propósito de lograr la salida de todo el directorio, pero tampoco lo lograron. Lo hicieron todo para tapar los malos manejos”.
Los cocaleros de la zona yungueña luchan por delimitar el cordón definido en la Ley 1008, con cuya finalidad la entidad desembolsó más de 80.000 bolivianos, finalidad con la que trabajaron las comisiones de Delimitación, Comercialización e Industrialización y Desarrollo Integral.
“Además, sacamos 80 taques para la realización de diferentes eventos previos a los referendos revocatorio y constitucional”.
A los precios actuales, ese volumen de hoja de coca tendría un costo aproximado de 15.000 dólares.
“La verdad es que estas acusaciones me dan pena. No tienen fundamento. Dicen que cobramos por conceder carnets de productores y que cobramos miles de dólares por hacerlo. Todo es mentira y estamos dispuestos a demostrarlo”.
Éste es un nuevo episodio del enfrentamiento entre los actuales dirigentes de Adepcoca, autoridades del Gobierno y los afiliados tanto a las seis federaciones de cocaleros del trópico cochabambino y a la Asociación Provincial de Productores de Coca de Caranavi (Apprococa), a causa del tercer mercado, cuyo funcionamiento ha sido autorizado por el Viceministerio de la Coca en esta gestión gubernamental.
Los desencuentros comenzaron el 2 de diciembre de 2008, cuando el Viceministerio de la Coca prohibió a los productores detallistas vender su producto en Yapacaní, y el miércoles 10, Adepcoca tomó por la fuerza las oficinas de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), pero sus afiliados fueron desalojados un día después por la Policía. Mas la decisión viceministerial fue dejada sin efecto.
El siguiente enfrentamiento se produjo tras conocerse una resolución del Viceministerio de la Coca que obliga a los detallistas a comprar mensualmente cinco paquetes de hoja chapareña, ante lo que los cultivadores yungueños declararon sentirse discriminados.
La intención gubernamental de gravar con cinco bolivianos el taque de coca causa, cuando menos, preocupación entre los paceños, pues según Ángel Miranda, vicepresidente de Adepcoca, la medida tiende a legalizar los cultivos excedentarios.
Las Seis Federaciones del Trópico cochabambino aceptaron pagar ese impuesto, en tanto que Apprococa también está dispuesta a tributar.
Los yungueños exigen el cierre del mercado de Caranavi, donde se recibe la producción de las cuatro regionales de esa provincia. Una de sus razones es que esa coca es más barata . En efecto, mientras un taque de coca escogida en Adepcoca cuesta 1.300 bolivianos, el precio de similar volumen en el tercer centro es de 1.100 bolivianos.
Adepcoca cuenta con unos 30.000 afiliados en seis municipios yungueños, además de regiones colindantes de las provincias Larecaja e Inquisivi, de La Paz.
Detallistas no son convocados
Pese a que el 29 de septiembre el viceministro Gerónimo Meneces solicitó a Luis Cutipa, responsable de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), “homogeneizar los convenios” con las dos organizaciones de vendedores al detalle del producto, la autoridad aludida aún no convocó a ambos sectores.
Digcoin firmó convenios, que Meneces consideró como “distintos” y que causan “divergencias”, con la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas en Hoja de Coca al Detalle de Bolivia y la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas por Cuenta Propia de la Sagrada Hoja de Coca al Detalle de Bolivia, que permiten la venta al raleo del producto, pero el contenido de ambos documentos no es similar, pues los integrantes de la segunda organización alegan que los primeros gozan de mayores facilidades.
El proyecto de convenio interinstitucional propuesto por el Viceministerio de la Coca establece condiciones iguales para los afiliados a las dos federaciones nacionales y consta de ocho cláusulas.
La propuesta gubernamental mantiene la posibilidad de que los detallistas prensen un máximo de 15 libras en las poblaciones de Villazón, Yacuiba y Bermejo, a fin de que sean exclusivamente comercializadas a ciudadanos argentinos. La actual reglamentación permite el transporte de un máximo de 15 libras sin necesidad de contar con autorizaciones de entidades competentes.
El Presidente de los cocaleros yungueños dice que buscan “voltearlo”.
Adepcoca analizará el 23 el proyecto de imponer tributos a la hoja.
“No tengo informes”
El comandante de la Policía Nacional, general Víctor Hugo Escóbar, admitió ayer que no tiene informes relativos a que hubiera pistas clandestinas en la región de Apolo, desde donde operan aeronaves que transportan con destino desconocido la cocaína que ingresa de contrabando desde Perú.
El comandante regional de la Policía de Puno, general Alejandro Huivín Grandez, informó el miércoles que la droga elaborada en su país es llevada de contrabando a Apolo, desde donde es trasladada por aeronaves con destino desconocido.
Escóbar destacó la labor que desarrolla la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y anunció que pedirá, por los conductos regulares, informes a la Policía Nacional del Perú sobre estos aeródromos ilegales, a fin de, si los hubiera, destruirlos para impedir la continuidad de las operaciones.
La principal autoridad policial del país admitió, además, no tener conocimiento del trueque de armas por drogas que se produce, según Huivín Grandez, en la región fronteriza.
Sin embargo, el coronel Édgar Revilla, comandante departamental de la Policía de La Paz, indicó que entablará contactos con sus homólogos peruanos, mediante el Departamento de Inteligencia, para analizar las rutas de ingreso de droga y hoja de coca del Perú hacía nuestro país, aunque aclaró que “no hay pruebas del contrabando de armas”.
A través de la Policía Rural y Fronteriza se reforzará el control en las regiones señaladas por Huivín Grandez como los puntos de ingreso del alcaloide al territorio nacional, así como de la supuesta salida de armas hacia el país vecino.
El jefe policial peruano apuntó que la droga ingresa en Bolivia desde las localidades de Ilave, Desaguadero y Tilali, en tanto que Juliaca, por tener un aeropuerto, se ha convertido en un centro importante para los traficantes.
“Apolo tiene una pista”
Alejandro Huanca, alcalde de Apolo, aseguró ayer que en su municipio hay una sola pista para las operaciones de aeronaves y que actualmente se encuentra en mantenimiento y que es imposible que haya otras dada la topografía de la zona.
El Alcalde respondió de esa manera al comandante regional de la Policía de Puno, Perú, Alejandro Huivín Grandez, quien aseguró el miércoles que la droga producida en su país pasa de contrabando a Bolivia y desde pistas clandestinas situadas en Apolo es llevada con destino desconocido.
“Conozco toda mi jurisdicción y puedo asegurar que no hay pistas clandestinas. No puede haberlas porque toda la región es montañosa. Puedo decir también que no hay una sola pista ilegal en toda la provincia Franz Tamayo”.
Huanca admitió que es evidente el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que da cuenta de que en Apolo hay 300 hectáreas cultivadas con coca y que para “evitar que algunos compañeros se dejen llevar por la tentación del dinero, aplicamos el control social, porque cuando vemos que alguien está plantando más de lo debido, entre nosotros mismos nos organizamos para impedir que siga adelante con ese propósito”.
En representación de los productores de hoja de coca de Apolo y bajo la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), Huanca ganó las elecciones municipales de 2004.
Desde entonces, autoridades ediles y pobladores del municipio denunciaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a cinco personas por producir cocaína en el lugar. “No son apoleños, es gente que vino de otros lugares, incluso del Chapare. Nosotros procuramos mantener el área de nuestros cultivos para que nuestras cosechas sean para el consumo de nosotros y nuestras familias”.