La población no se explica cómo el caso del supuesto terrorismo, en Santa Cruz, donde la Policía dio muerte a tres personas y detuvo a dos, puede desandar el camino recorrido…
Editorial La Prensa
La búsqueda de la verdad debe ser la obligación principal de las diferentes instancias judiciales. Sólo una vez que se la hubiera descubierto podrán, sobre ella, en la instancia final, emitir fallos justos a quienes resultaren culpables de haber consumado tal o cual delito.
Pretender hacer justicia sobre bases falsas, sobre elementos no probados, sobre sólo declaraciones, que además pueden resultar interesadas y generadas por los odios políticos, que son los peores, es correr el gravísimo riesgo de caer en la injusticia. La credibilidad de nuestra justicia está herida desde hace bastante tiempo, precisamente porque en muchísimos casos no ha podido o no ha querido llegar a la verdad de los hechos delictivos y se han dado fallos equivocados.
Sin embargo, hallar la verdad no es fácil, en especial cuando se anteponen factores destinados a obstaculizar su búsqueda; cuando no hay voluntad de hacerlo; o cuando el poder político presiona de tal manera que obliga a débiles o politizados representantes de la justicia a incurrir en acciones injustas; o cuando los políticos enquistados en el poder pretenden deshacerse de sus “enemigos” ideológicos opositores.
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Esto parece suceder con dos tristemente célebres casos que se han registrado en el país en los dos últimos años y que, a pesar del tiempo transcurrido, en lugar de aclararse se hunden, uno más que otro, en las profundidades de la oscuridad y la incertidumbre, generando en la población excesivas dudas sobre lo que en el principio parecía menos turbio.
La población no se explica cómo el caso del supuesto terrorismo, en Santa Cruz, donde la Policía dio muerte a tres personas y detuvo a dos, puede desandar el camino recorrido, a tal punto de generar tantas dudas, tan razonables sobre las iniciales versiones oficiales.
Los elementos surgidos a raíz de la agresión de una unidad especial de la Policía contra periodistas de un canal de televisión han creado una mayor confusión sobre este suceso, cuyo fiscal se resiste, sospechosamente, a profundizar las investigaciones y a cumplir con su verdadera misión de reunir pruebas contundentes sobre las que debería construirse más tarde un juicio imparcial y dar sentencia justa a los verdaderos culpables.
Lo propio debería suceder con el caso de Porvenir, donde también la Fiscalía se niega, sistemáticamente, a investigar las versiones contrarias a las oficiales que surgieron de personas que fueron parte de los enfrentamientos que derivaron en la masacre y que, como el anterior, genera una gigantesca incertidumbre sobre las versiones gubernamentales.
Debe tratarse de llegar a verdad para no caer en la injusticia y, de eso, las instancias judiciales deberían estar plenamente convencidas antes de someterse a la voluntad de otros poderes o de dejarse arrastrar por odios políticos hacia la injusticia.
Además, los poderes, llamados ahora órganos, deberían respetar mutuamente su independencia y dejar de influir los unos sobre los otros.