Con razón la campaña electoral que concluyó ha sido calificada de manera unánime como la peor de las que se tiene memoria
Editorial Los Tiempos
En circunstancias normales, en países dotados de un sólido sistema político, con partidos y líderes serios y capaces de ponerse a la altura de los problemas de sus pueblos, los procesos electorales sirven para que salgan a luz y se pongan en primer plano de la atención colectiva los asuntos más importantes.
En esos casos, cuando elecciones presidenciales se aproximan, los candidatos opositores suelen concentrar su artillería argumental en los puntos más débiles de la gestión de quienes proponen dar continuidad a la gestión oficialista, y quienes a ésta representan dirigen sus mejores esfuerzos a defender los actos de su gobierno y los resultados que arrojan.
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Lo que se ha visto en Bolivia, durante las últimas semanas, dista mucho de lo que cabía esperar. Los asuntos que concentraron la atención de los candidatos de uno y otro lado, los ejes temáticos de sus respectivas campañas, el contenido de sus mensajes, de sus propuestas y los argumentos con que criticaron o defendieron sus respectivos proyectos políticos han dado cabal cuenta de la talla de los contendores y de sus equipos de asesores.
Los extremos de pobreza intelectual a los que se ha llegado se pudieron advertir no sólo por lo que los candidatos dijeron, sino también, y sobre todo, por lo que callaron. Es notable, en ese sentido, la manera absoluta y total como optaron por omitir los grandes temas económicos y políticos para concentrarse en las más pueriles majaderías.
Y mientras dejaron pasar el tiempo en ese afán, no hubo quién se ocupe de poner en evidencia las gravísimas falencias de la gestión gubernamental oficialista. El silencio sobre esos temas contribuyó, y mucho, a dar un halo de legitimidad y validez a los principales pilares del proyecto político y económico que lleva a cabo el MAS.
Es inconcebible, por ejemplo, que nadie haya llamado la atención del electorado sobre los catastróficos resultados que ya se ven venir como consecuencia de la política hidrocarburífera vigente. La pérdida de mercados arduamente ganados, la paralización de las inversiones, de labores de exploración, la disminución de la producción, y su principal consecuencia, la necesidad de destinar cada vez más grandes recursos a la importación de carburantes, son algunos ejemplos.
El rotundo fracaso de los proyectos de industrialización del gas es otra muestra de lo dicho. Y ni qué decir de la tan anunciada industrialización de la coca. La parálisis en que está sumido el proyecto siderúrgico del Mutún y la muy probable disolución del contrato por el poco interés que la Jindal muestra para explotar los yacimientos de hierro es otro asunto cuya omisión liberó al oficialismo de la necesidad de defender y justificar sus actos y sus consecuencias.
Y si eso puede decirse de los asuntos económicos, la omisión de asuntos políticos trascendentales fue aún peor. Hay más de cien leyes que esperan a los futuros asambleístas, y ninguna de las fórmulas contendientes ofreció siquiera una leve idea sobre la manera como se proponen encarar la fase final de la aprobación del nuevo régimen constitucional.
Con razón la campaña electoral que concluyó ha sido calificada de manera unánime como la peor de las que se tiene memoria.