Esposa de Santos acusa a su primo de tener dinero de YPFB y quiere que Evo intervenga en el caso. Dice que Aramayo goza de protección de la Fiscalía.
Imputada: Jiovana Navia responde las preguntas de los periodistas en la Fiscalía el 23 de julio de este año
La Prensa
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Esposa de Santos acusa a su primo de tener dinero de YPFB
Denuncia: Jiovana Navia dijo que Gonzalo Aramayo goza de la protección de la Fiscalía y que se quedó con, al menos, tres millones de dólares de la estatal.
Jiovana Navia, esposa del destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, denunció ayer que su primo Gonzalo Aramayo retuvo al menos tres millones de dólares del dinero destinado a la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
En una conferencia de prensa, la imputada de los presuntos delitos de cohecho pasivo, contratos lesivos al Estado y corrupción pública pidió ayer la intervención del presidente Evo Morales para que se aclare de forma definitiva la situación que afronta actualmente.
“Hay gente culpable, hay gente inocente en la cárcel y el verdadero culpable está gozando de libertad, disfrutando del dinero junto a su familia, está bien protegido por los fiscales, no se va a poder descubrir la verdad”.
Aramayo, ante cuyo domicilio fue asesinado Jorge O’Connor D’Arlach, ejecutivo del consorcio Catler-Uniservice, y Mario Cossío Mc Galem, también ejecutivo de esa sociedad, se sometieron a proceso abreviado y fueron condenados a tres años de cárcel, por lo que se beneficiaron con la suspensión condicional de la pena.
Ambos, junto con Santos Ramírez, Luis Fernando Córdoba, Miguel O’Connor D‘Arlach, Javier Navia y Lucio Lazo, están recluidos en el penal de San Pedro por presunta corrupción por la contratación de esa firma accidental para construir esa planta.
Navia denunció que el Ministerio Público solamente se incautó, en Cochabamba, de uno de los cuatro motorizados que Aramayo adquirió con el dinero de la estatal petrolera y que se anotó preventivamente un inmueble en esa ciudad.
Ramírez fue acusado formalmente de los delitos de contratos lesivos al Estado, cohecho activo, asociación delictuosa, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El juicio se sustanciará ante el Juzgado Primero de Sentencia, que esperará diez días para recibir una acusación particular de YPFB y concederá un plazo similar a la defensa para presentar pruebas de descargo, a partir de cuando dispondrá de 20 a 45 días para instalar el proceso.
Jiovana Navia pidió la intervención de Evo Morales en este caso.