En tres horas, y sin notificar a nadie, el juez cruceño Roque Leaños, quien enfrenta un proceso por liberar a colombianos vinculados con la Ley 1008, determinó enviar a La Paz el expediente del caso terrorismo a pedido del ex viceministro Saúl Ávalos. Defensor del Pueblo confirma que Tadic fue torturado y violaron sus derechos.
Cuestionado • Roque Leaños tiene un juicio por liberar a colombianos. Fue quien resolvió el traslado del caso terrorismo.
El Día. El juez cruceño Roque Leaños determinó este sábado enviar el expediente del caso de presunto terrorismo a La Paz, en un hecho que ha sido calificado por los abogados defensores de los implicados como prevaricato y el reinicio de la cacería por parte del Gobierno del presidente Evo Morales.
El magistrado afirmó no haber cometido ninguna ilegalidad al remitir el legajo porque así lo ordenaba un fallo constitucional de una sala de la Corte Superior de Distrito de La Paz.
Sin embargo, los abogados de los involucrados señalaron que se trata de un hecho flagrante de prevaricato porque la investigación del caso radicaba en Santa Cruz porque aquí se cometieron los supuestos delitos y aquí viven los presuntos implicados.
El caso tiene que ver con el atentado a la casa del viceministro Saúl Ávalos, el explosivo que dejaron en la casa del cardenal Julio Terrazas y la desarticulación de la supuesta organización terrorista en el hotel Las Américas, el pasado 16 de abril, donde fueron abatidos Eduardo Rózsa y sus acompañantes Michel Dwyer y Magyarosi Árpád.
Luis Orlando Reyes, abogado defensor de dos ex unionistas, Alfredo Saucedo y David Sejas, observó que la resolución fue dictada en tiempo récord, en menos de tres horas, y lo que es peor, se basó en el simple pedido que hizo el abogado de Saúl Ávalos.
“Lo normal es que en este tipo de casos se corre traslado a las partes (es decir se hace conocer sobre cualquier pedido) para que puedan asumir su defensa y pronunciarse a favor o en contra”, dijo.
Por esa razón ayer en la tarde planteó un amparo constitucional que radicó en la sala civil segunda a cargo de los vocales Oswaldo Céspedes y Edgar Terrazas y cuya audiencia podría realizarse hoy.
“Es una arbitrariedad, es prevaricato (actuar al margen de la ley)”, resumió Jorge Asbún, el abogado defensor del ex cívico Branko Marinkovic, al observar que en su resolución el juez cita la parte cuarta de la sentencia de la Corte de La Paz como fundamento para ordenar el traslado, pero ésta no se refiere al conflicto de competencia que en fecha posterior fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz fijando aquí la investigación.
El ex unionista Alfredo Saucedo teme el reinicio de ‘la cacería’.
El caso no avanzó en Santa Cruz
El 3 de septiembre de 2009 la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito determinó que la investigación del caso terrorismo radique en Santa Cruz.
Sin embargo, las investigaciones se paralizaron y el único que fue convocado a declarar fue el presidente de Cotas, Juan Carlos Velarde, antes de la pasada Navidad.
Poco después el fiscal Óscar Flores pidió el cierre del caso supuestamente por falta de pruebas y por esa razón el presidente de los comités cívicos provinciales, Luis Alberto Áñez, denunció negligencia de la Fiscalía de Santa Cruz.
En el caso se encuentran involucrados dirigentes cívicos y de instituciones como Cotas, Cainco, CRE, y la Prefectura, incluyendo al mismo ex prefecto Rubén Costas, hoy candidato a la gobernación, acusado de financiar la supuesta célula sediciosa.
El presidente de la Corte Superior de Distrito, Oswaldo Céspedes, dijo que lo que corresponde es dar cumplimiento al fallo del juez Leaños y enviar el caso a La Paz para que la juez Betty Yañíquez siga con la investigación.
EL CONFLICTO
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Quién tiene preferencia •
1) El juez del lugar de la comisión del delito o el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado;
2) El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido;
3) El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho.
Conflicto • Se planteó el conflicto de competencias entre el juez cruceño Luis Tapia y la juez paceña Betty Yañíquez y la Corte Suprema determinó que el caso se ventile en el lugar donde radica el juez que conoció primero el caso y la Sala Penal Primera resolvió que la jurisdicción de la investigación debería ser el distrito judicial de Santa Cruz.
Fuente: Código de Proc. Penal
Entrevista
‘A mi criterio no cometí ningún delito’
Juez roque Leaños
Del juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar
¿Cómo llega el expediente del caso terrorismo a sus manos?
Por excusa de mis antecesores y emití el fallo el sábado a pedido del ex viceministro (de Autonomías) Saúl Ávalos considerando que una sala de La Paz (de la Corte de Distrito) ordenaba la inhibitoria del juez Tapia Pachi (quien conocía el caso) y que el fiscal cruceño Óscar Flores rechazó la denuncia.
¿Significa que las personas involucradas de nuevo serán convocadas a La Paz?
Yo creo que no, si aquí han sido juzgadas de acuerdo a procedimiento no pueden ir a declarar por lo mismo y si el fiscal Flores ha determinado que no hay materia entonces no pueden ser procesadas por el mismo delito.
Existen algunos mandamientos de apremio pendientes ¿qué va a pasar?
Eso no se maneja acá, se maneja en La Paz, no conozco el expediente en La Paz.
¿Quién tiene preferencia para investigar el caso?
El juez del lugar (donde ocurrió el hecho) y si eso no ocurre depende de la autoridad superior.
Defensor del Pueblo dice que Policía torturó a Mario Tádic
Reporte: El 21 de diciembre, la defensora interina, Rielma Mencias, presentó un informe que expresa que el operativo del Hotel Las Américas pudo carecer de legalidad al no desarrollarse en presencia de un fiscal.
Recluido: Mario Tádic, en la Fiscalía de La Paz, habla con los periodistas
La Prensa. Los funcionarios policiales que llevaron a cabo el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz no practicaron ese allanamiento con una orden judicial y “vulneraron el derecho a la integridad física y psicológica de Mario Tádic”, de acuerdo con una resolución del Defensor de Pueblo.
El fiscal interino de La Paz, Fernando Ganam, dijo que Tádic debe presentar una demanda ante el Ministerio Público para que otro fiscal abra una investigación, aunque admitió no conocer ese documento.
El 16 de abril de 2009, efectivos policiales desarticularon una milicia dirigida por Eduardo Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata, quien fue abatido junto a sus camaradas Árpád Magyarosi, rumano, y Micheal Dwyer, irlandés, mientras el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic fueron capturados vivos.
El 17 de junio, desde el penal de San Pedro, en La Paz, Tádic interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo, que abrió una investigación cuyas conclusiones fueron conocidas ayer.
La resolución da cuenta de que “la falta de participación” de un fiscal en aquella ocasión “pudo provocar la falta de legalidad de las actuaciones respecto del allanamiento, así como los excesos cometidos por los funcionarios policiales, que vulneraron el derecho a la inviolabilidad de domicilio”.
El documento, que lleva la firma de la defensora interina, Rielma Mencias, lamenta que “el Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía no hayan “otorgado información respecto de las solicitudes planteadas y relacionadas con la investigación”.
El abogado de Tádic, Gianni Prado, informó que el documento será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las recomendaciones
Esta resolución emite seis recomendaciones que, si bien no tienen efecto vinculante, son objeto de seguimiento del Defensor del Pueblo.
La primera está dirigida al Director Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía, a quien se pide “adoptar acciones administrativas contra los funcionarios policiales que realizaron el operativo (…) sin cumplir los procedimientos establecidos”.
La segunda instruye al Inspector General del Ministerio Público “adoptar las acciones correspondientes en contra del (fiscal) Marcelo Soza, por la falta de participación en los hechos”.
La tercera solicita a Soza que “determine la nómina de los funcionarios policiales que participaron en el operativo y remita los antecedentes ante la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía Boliviana”.
La cuarta recuerda, tanto al Ministro de Gobierno como al Comandante de la Policía, “su deber de preservar los derechos y garantías (…) cuanto a la aprehensión de personas, pues su inobservancia conlleva responsabilidad”.
La quinta recuerda también a ambas autoridades su obligación de colaborar “con las investigaciones del Defensor del Pueblo de acuerdo con la normativa constitucional y legal vigente” y la sexta hace lo propio con Soza sobre la necesidad de cumplir los artículos 180 y 183 del Código de Procedimiento Penal.
El primero dispone que todo allanamiento deberá hacerse con orden judicial y, salvo el caso de flagrancia, no podrá realizarse por la noche, y el segundo establece que la orden de allanamiento deberá presentarse a sus habitantes.
Vuelven a la Corte de La Paz los obrados del caso Rózsa
Por disposición del juez cruceño Roque Leaños, los 11 cuerpos de la investigación por el caso de presunto terrorismo volvieron al distrito judicial de La Paz.
El candidato a asambleísta del departamento de Santa Cruz Saúl Ávalos y su esposa ganaron un recurso judicial contra el magistrado cruceño Luis Tapia Pachi, quien tenía en su poder el expediente de esta investigación.
El legajo fue enviado a Sucre en octubre del año pasado y los ministros de la Suprema lo remitieron a la Corte cruceña, que, a su vez, lo entregó a Tapia Pachi, pues la Sala Penal Tercera de ese distrito judicial le encomendó el caso el 3 de septiembre.
La única acción procesal que realizó este juez fue dejar sin efecto una orden de aprehensión contra el ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic para que se presente en La Paz y preste declaraciones en calidad de sospechoso.
Entretanto, la Corte Superior de La Paz declaró improbada una recusación contra la juez Betty Yañíquez, quien tenía esta causa bajo su conocimiento. A partir del momento en que los cuerpos fueron enviados a Sucre, el caso peregrinó por varios juzgados de La Paz hasta llegar al Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto y se fueron acumulando otras acciones llevadas adelante en La Paz por el fiscal Marcelo Soza.
Ayer en Santa Cruz, Tapia Pachi lamentó la decisión de su colega, aunque la acató, mientras que el Ministerio de Gobierno saludó el fallo y, mediante un documento, “solicitó que las investigaciones continúen hasta dar con los financiadores de la célula”.
Para destacar
El fiscal Marcelo Soza se encuentra con baja médica indefinida, pues el viernes sufrió una crisis cardiaca.
El Ministerio Público designó al fiscal Isabelino Gómez para que asuma la dirección de este caso.
Pese a que el caso de presunto terrorismo estaba en Santa Cruz, Soza continúo las investigaciones.
Esas acciones investigativas fueron incluidas en otro legajo que fue conocido por un juzgado de El Alto
Tadic fue torturado y violaron sus derechos
Mario Tadic uno de los integrantes del presunto grupo terrorista desarticulado en Santa Cruz, cuando era conducido a la Fiscalía de La Paz el pasado año. – La Prensa Los Tiempos
El Defensor del Pueblo dice que el allanamiento fue sin orden judicial
Los Tiempos. Los funcionarios policiales que llevaron a cabo el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz no practicaron ese allanamiento con una orden judicial y “vulneraron el derecho a la integridad física y psicológica de Mario Tádic”, de acuerdo con una Resolución del Defensor de Pueblo.
El fiscal interino de La Paz, Fernando Ganam, dijo que Tádic debe presentar una demanda ante el Ministerio Público para que otro fiscal abra una investigación, aunque admitió no conocer ese documento.
El 16 de abril de 2009, efectivos policiales desarticularon una presunta milicia dirigida por Eduardo Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata, quien fue abatido junto a sus camaradas Árpád Magyarosi, rumano, y Micheal Dwyer, irlandés, mientras el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic fueron capturados vivos.
El 17 de junio desde el penal de San Pedro, en La Paz, Tádic interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo, que abrió una investigación cuyas conclusiones fueron conocidas ayer.
La Resolución da cuenta de que “la falta de participación” de un fiscal en aquella ocasión “pudo provocar la falta de legalidad de las actuaciones respecto al allanamiento, así como los excesos cometidos por los funcionarios policiales, que vulneraron el derecho a la inviolabilidad de domicilio”.
El documento, que lleva la firma de la defensora interina Rielma Mencias, lamenta que “el Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía no hayan “otorgado información respecto a las solicitudes planteadas y relacionadas a la investigación”. El abogado de Tádic, Gianni Prado informó que el documento será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta resolución emite seis recomendaciones, que si bien no tienen efecto vinculante, son objeto de seguimiento del Defensor del Pueblo.
La primera está dirigida al director nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía, a quien se pide “adoptar acciones administrativas contra los funcionarios policiales que realizaron el operativo (…) sin cumplir los procedimientos establecidos”.
La segunda instruye al Inspector General del Ministerio Público, “adoptar las acciones correspondientes en contra del (fiscal) Marcelo Soza, por la falta de participación en los hechos”.
La tercera solicita a Soza que “determine la nómina de los funcionarios policiales que participaron en el operativo y remita los antecedentes ante la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía Boliviana”. La cuarta recuerda, tanto al Ministro de Gobierno como al Comandante de la Policía, “su deber de preservar los derechos y garantías (…) cuanto a la aprehensión de personas, pues su inobservancia conlleva responsabilidad”. La quinta recuerda también a ambas autoridades su obligación de colaborar “con las investigaciones del Defensor del Pueblo de acuerdo a la normativa constitucional y legal vigente”.
Vuelven los obrados a La Paz
Por disposición del juez cruceño Roque Leaños, los 11 cuerpos de la investigación por el caso de presunto terrorismo volvieron al distrito judicial de La Paz.
El candidato a asambleísta del departamento de Santa Cruz, Saúl Ávalos, y su esposa ganaron un recurso judicial contra el magistrado cruceño Luis Tapia Pachi, quien tenía en su poder el expediente de esta investigación. El legajo fue enviado a Sucre en octubre del año pasado y los ministros de la Suprema lo remitieron a la Corte cruceña, que a su vez, lo entregó a Tapia Pachi, pues la Sala Penal Tercera de ese distrito judicial le encomendó el caso el 3 de septiembre. La única acción procesal que realizó este juez fue dejar sin efecto una orden de aprehensión contra el ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic para que se presente en La Paz y preste declaraciones en calidad de sospechoso.
Entretanto, la Corte Superior de La Paz declaró improbada una recusación contra la jueza Betty Yañíquez, quien tenía esta causa bajo su conocimiento. A partir del momento en que los cuerpos fueron enviados a Sucre, el caso peregrinó por varios juzgados de La Paz.