Posición. El oficialismo y la oposición cuestionan la actitud de estos servidores públicos. Diputado opositor: “¿Qué tienen que ocultar?, cuando un funcionario es transparente, puede trabajar filmado las 24 horas del día.
El fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila
Miguel A. Melendres – La Paz, La Razón
Los fiscales no quieren ser controlados con detector de mentiras o cámaras
Los fiscales desechan cualquier posibilidad de someterse al detector de mentiras por considerarlo obsoleto, mientras que en La Paz dos fiscales mantienen el juicio contra la Aduana por instalar cámaras de vigilancia en sus oficinas. Legisladores critican la actitud de estos servidores públicos.
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El 20 de abril se reunió en Cochabamba el Consejo Nacional del Ministerio Público y determinó que el detector de mentiras es un mecanismo de prueba “obsoleto y humillante”, por lo que se resolvió descartarlo unánimemente como control a los fiscales, informó el fiscal Milton Mendoza.
Es más, aseguró que el uso del polígrafo o detector de mentiras vulneraría derechos fundamentales como el de la privacidad, intimidad y la presunción de inocencia.
“Hay mejores mecanismos para luchar contra la corrupción”, explicó Mendoza, aunque no precisó qué tipo de innovaciones se pueden incorporar para transparentar el trabajo de los diferentes fiscales.
La autoridad, quien participó de la reunión de Cochabamba, tampoco cree que los resultados de la prueba conduzcan a sanciones. “Hay varios fiscales que reprobaron la prueba (en el pasado) y siguen trabajando como tales, muchos en Antinarcóticos”.
La Embajada de EEUU debía cooperar con el programa del polígrafo. El lunes dejó en manos de las autoridades competentes el aceptar o no este apoyo, empero sostiene: “Hemos visto que el uso voluntario del polígrafo es una útil y efectiva herramienta para combatir la corrupción”.
El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Javier Zavaleta consideró que el polígrafo, en vez de ser un procedimiento voluntario y tradicional, debería ser una señal de cambio de actitud de los fiscales.
“Lo único que están haciendo es ratificar con esas acciones que el Ministerio Público no anda bien”, lamentó el asambleísta.
SOBERANÍA. El fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, sostiene que el rechazar la cooperación estadounidense condicionada en este tema, es una muestra de soberanía.
Mientras tanto, las fiscales Milena Alba y Sheila Pérez, asignadas a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), iniciaron y mantienen una denuncia contra la presidenta de esta institución, Marlene Ardaya, por instalar cámaras de vigilancia sin la autorización de las afectadas.
Dávila informó que la acusación es por “allanamiento de oficinas” y defendió a las fiscales demandantes, porque, en su criterio, “nadie quiere ser vigilado de mala manera”. “A nadie le gustaría que le metan una cámara en su baño. Tenemos que analizar bien esto”, expresó y añadió que el caso está en manos de la fiscal Patricia Santos, quien deberá investigar la denuncia de sus colegas.
El diputado Mauricio Muñoz, jefe de bancada del Plan Progreso para Bolivia, criticó la actitud de las fiscales de la Aduana por pretender retirar las cámaras de vigilancia.
“¿Qué tienen que ocultar? Cuando un funcionario es transparente, puede trabajar filmado las 24 horas del día, porque su accionar se va a limitar a las funciones que debe desempeñar”, cuestionó el legislador.
Un informe estadounidense sobre derechos humanos calificó al sistema de justicia boliviano de “inefectivo” y “corrupto”. El propio Dávila, en una entrevista concedida a La Razón, dijo que un número importante de fiscales tiene denuncias y que la institucionalización traba la lucha anticorrupción.
Ley del Ministerio Público
La actual Ley Nº 2175 del Ministerio Público data del 2001. A nueve años de su vigencia y en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, se perfila su sustitución con otra norma legal. Una comisión especial trabaja en la redacción de esta norma, que se empezaría a tratar pasado el primer semestre 2010.
Apuntan a la fuerza legal para ejercer el control
Asambleístas de la oposición y del oficialismo coincidieron en la necesidad de implementar dentro de la futura Ley del Ministerio Público un mecanismo de control que asegure la idoneidad de los fiscales, que tienen la misión de investigar y acusar.
El diputado por el Movimiento Sin Miedo (MSM) Javier Zavaleta cree que los fiscales están en su derecho de reclamar por el control que se pretende ejercer sobre ellos, sin embargo observa que el problema es que “la mayoría de fiscales están en tela de juicio”.
Planteó que uno de los temas a discutir en la futura Ley del Ministerio Público sea, precisamente, el uso del polígrafo y otros mecanismos que logren “mayor transparencia y profesionalidad”.
Del mismo modo, el senador oficialista Eugenio Rojas se comprometió a proponer una comisión disciplinaria de juzgamiento a los fiscales y “el uso de los medios tecnológicos más adecuados para lograr transparencia”.
El diputado Mauricio Muñoz, jefe de bancada del Plan Progreso para Bolivia (PPB), culpó al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) de “impulsar la corrupción en las instituciones públicas” y cree que en la Asamblea Legislativa se debe revisar si existe alguna ley específica que respalde el uso del detector de mentiras y las cámaras de vigilancia.
El jefe de bancada de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, calificó el rechazo de los fiscales al control que se busca sobre ellos como “una grosería y un encubrimiento, que ya no es extraño”.
Pide a los fiscales transparentar su labor
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, pedirá al fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, el cambio de los fiscales asignados a la lucha contra el contrabando que rechacen la instalación de cámaras de vigilancia en sus oficinas, como mecanismo para transparentar sus actividades.
Las fiscales Milena Alba y Sheila Pérez demandaron a Ardaya por “allanamiento a sus oficinas”, tras instalarse cámaras de vigilancia en sus puestos de trabajo.
“Estoy pidiendo una reunión con el Fiscal de Distrito a efectos de manifestarle mi preocupación. Si ellas no van a querer ser fiscalizadas, a mí me preocupa. Queremos gente que esté dispuesta a enfrentar las políticas de transparencia y lucha contra el contrabando”, sostuvo la presidenta.
También anunció que pedirá al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción una auditoría a la Unidad encargada de los fiscales de la ANB.
Ardaya ordenó instalar cámaras en aeropuertos, en la infraestructura de las zonas francas comerciales y en 22 oficinas del edificio central, incluido su despacho y de los cuatro fiscales asignados a la Aduana, que colaboran en los procesos de incautación y operativos contra el contrabando.
“Hay varias empresas que tienen cámaras, pero hay algo que ocultan (los fiscales), por eso queremos saber qué procesos se están llevando”, sostuvo Ardaya.