Aseguran que el 98 por ciento de las instituciones empresariales no están en condiciones óptimas de cumplir disposiciones del Gobierno.
El presidente en ejercicio DE LA CEPB, Ronald Nostas (C), el secretario ejecutivo Rodrigo Agreda (I) y el presidente de la comisión económica Oscar Aguilar (D) rechazaron la creación de la nueva ley de pensiones.
El Diario. Los empresarios del país perderán 5.000 millones de bolivianos con el nuevo incremento salarial del 5 por ciento y si se añade el aporte del 3 por ciento al fondo de pensiones este sector sufrirá un estrangulamiento.
Esta afirmación corresponde al presidente en ejercicio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas Ardaya, quien aclaró que el 98 por ciento de las empresas no están en condiciones óptimas para cumplir con el incremento del 5 por ciento ni con 10 por ciento o más, ya que muchas de ellas tendrían que cerrar.
Por otro lado, Nostas pide concertación con su sector antes de aprobar la nueva ley de pensiones, ya que el hecho de limitar la administración de ahorros privados únicamente a una gestora estatal iría en detrimento de los trabajadores.
Nostas, explicó que el incremento del 5 por ciento representará una carga de 5 mil millones de bolivianos al empresariado boliviano y si se suma el aporte del 3 por ciento al fondo de pensiones, este sector será estrangulado financieramente.
Argumentó que el 5 por ciento es una altísima carga para los empresarios.“Hemos pedido que se nos convoque a las mesas de dialogo y no fue así, lo que queda es ser respetuoso del resultado del incremento salarial”, dijo.
“Una carga mayor afectará directamente al futuro productivo del país, ya que las inversiones que se tenían proyectadas van a tener que esperar, porque el dinero tendrá que salir de algún lado y el 5 por ciento ya es una carga pesada y no se imaginan que sería mayor a este índice” subrayo.
Explicó que el 98 por ciento de las empresas no están en condiciones óptimas para cumplir con el incremento del 5 por ciento, ya que muchas empresas tendrían que cerrarse.
El empresario, sostuvo que se debía buscar por lo menos alternativas que hagan viables incremento en otros sectores, aunque reconoce que son demandas justas, pero se debería haber una fórmula más compleja para lograr que el aparato productivo privado no se paralice, sufriendo la peor parte los empleados y los empresarios de darse esa situación.
“La gente pobre es la que sufrirá más, ya que los empresarios nos quedaremos cortos de recursos y no creceremos y si como país nos estancamos, no sabremos ha donde llegar, al solo sacar dinero del bolsillo, peor sino se tiene mercados abiertos, capacidad productiva tecnológica que nos permita competir. Queremos un Gobierno que se preocupe en abrir mercados afuera, que garantice los mercados internos”, dijo.
Manifestó que muchas empresas iniciaron el diálogo con los trabajadores fabriles, pero si sus demandas son tan extremas, entonces se dan los conflictos. Agregó que el gobierno debe buscar una fórmula para que exista un diálogo entre los fabriles y los empresarios de acuerdo a su expectativa.
Advertencia
Nostas, a nombre de los empresarios privados de Bolivia, advirtió que sí hubiera un aumento mayor, existirá una cadena imparable de pérdidas. Demandó a su sector tener fortaleza para defender sus empresas y el futuro de los trabajadores.
Inseguridad
Asimismo, el presidente de la Comisión Económica de la CEPB, Oscar Aguilar, anunció que el sector privado está preocupado por los elementos constantes de inseguridad jurídica que existe en el país que desalienta en las inversiones. “Las señales que se reciben de nuevas estatizaciones y nuevos traspasos de propiedad, el incremento del contrabando y la pérdida de los mercados a raíz de la falta de los convenios y acuerdos internacionales, afectan y quitan oportunidades al sector productivo.
“El sector empresarial debe desarrollarse a través de una combinación de inversión y mercado, razón por el cual el país no esta caminando adecuadamente” argumentó.
Es el Gobierno de preocuparse, dijo de crear las condiciones necesarias para que los empresarios inviertan con oportunidad de acceder a nuevos mercados, ser más competitivos y hacer una cadena virtuosa que atienda el desarrollo económico social para tener una idea muy clara hacia dónde va la producción y hacia dónde va el empleo que van juntos de la mano.
Ambos ejecutivos, dijeron que ahora más que nunca se debe dar realce al diáßlogo, a pesar que no les han ofrecido, siendo necesaria la concertación con el Gobierno.
Fondo Solidario subvencionará al 74 por ciento de jubilados
Proyecto: El nuevo sistema que plantea el Gobierno es mixto: de reparto y de capitalización individual. Crea el Fondo Solidario para elevar las rentas bajas a un rango que oscila entre 1.300 y 2.400 bolivianos para 35 años de cotizaciones.
La Prensa. Juan René Castellón. Con el nuevo sistema de pensiones, cuyo proyecto de ley está a punto de ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 74 por ciento de los jubilados, en 40 años, recibirá una subvención para mejorar el monto de su renta.
El dinero de la subvención provendrá del Fondo Solidario que será creado con la nueva ley y que será financiado con el aporte patronal, el laboral y por el aporte de las salarios elevados, encima de los 20 salarios mínimos.
Esta característica convierte al nuevo sistema en uno mixto: de reparto y de capitalización individual.
Según datos del viceministro de Pensiones, Mario Guillén, se espera que la subvención permita que 100.000 independientes se inscriban en el nuevo sistema, y que sólo el primer año, 25.525 personas se jubilen con rentas mejoradas por el Fondo Solidario.
Además, este Fondo elevará las rentas bajas de los actuales jubilados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a una escala de mínimos por encima de lo que ahora perciben.
Según una modificación a la Ley de Pensiones vigente, la renta mínima de jubilación actual es de 679 bolivianos, es decir que nadie puede jubilarse, a partir de los 15 años de aportes, con menos de ese monto, aunque el promedio de sus aportes resulte en una renta inferior. Ahora, con la propuesta del Gobierno, esa renta mínima subirá de manera automática hasta 1.300 bolivianos en función a la cantidad de años de aportes. Si aportó 20 años, lo mínimo que recibirá será 890 bolivianos; si cotizó 25 años, percibirá 1.100 bolivianos; si aportó 30 años, 1.200 bolivianos, y si cotizó por 35 años, recibirá 1.300 bolivianos.
Inmediatamente se ponga en vigencia la nueva ley, 1.672 jubilados con el anterior sistema, que actualmente reciben 679 bolivianos de jubilación, verán elevadas sus rentas en los montos señalados.
Si se suman a éstos los 25.525 que a la fecha tienen 58 años y que con la nueva ley ya podrán retirarse a la vida pasiva, el total de beneficiados con el Fondo Solidario en el primer año serán 27.917 trabajadores, de ellos 10.000 son maestros.
El nuevo sistema, según Guillén, tiene una sostenibilidad de 40 años. Para ese periodo, la cantidad de jubilados no está precisada, pero se estima que se acrecentará a un promedio de 10.000 por año. Actualmente, el sistema de capitalización individual tiene 26.245 jubilados, de los cuales 1.672 perciben la renta mínima.
El primer año se podrán jubilar 43.593 personas, que ahora tienen 58 años de edad, de ellas, 25.525 serán subvencionadas por el Fondo Solidario.
Las 27.197 personas que recibirán la subvención le costará al sistema 159 millones de bolivianos el primer año.
El Fondo Solidario partirá con un presupuesto de 484 millones de bolivianos, a los que se sumarán, con los nuevos aportes establecidos por la nueva ley, 963 millones de bolivianos sólo el primer año. Es decir que el sistema prevé, para el primer año, un fondo de 1.447 millones de bolivianos.
De ese monto, el primer año erogará sólo 159 millones de bolivianos. Con esta cifras, el Viceministro de Pensiones quiere decir que la plata alcanzará para subvencionar al 74 por ciento de las personas que actualmente ganan menos de cinco salarios mínimos, unos 3.400 bolivianos, y que en el transcurso de 40 años se irán jubilando, y que por lo tanto requerirán una subvención para que su renta esté entre 1.300 bolivianos como mínimo y 2.400 como máximo con 35 años de aportes. Estos límites varían con menos años de cotizaciones.
El Fondo Solidario se nutre con el dinero de la cuenta previsional que actualmente existe en las AFP. Ese fondo está financiado por el 20 por ciento de los aportes para el riesgo profesional, 20 por ciento para el riesgo común y por el 10 por ciento de la diferencia que queda de ingresos por encima de los 60 salarios mínimos nacionales, menos los 60 salarios mínimos nacionales (SMN).
El proyecto de ley añade a estos ingresos 0,5 por ciento de todos los aportantes, 3 por ciento de aporte patronal, 1 por ciento de la diferencia de sueldos entre 20 y 40 SMN, menos 20 salarios mínimos nacionales, y 5 por ciento de la diferencia de sueldos entre 40 y 60 SMN, menos 40 salarios mínimos nacionales.
El restante 36 por ciento, que no se beneficiará de este Fondo Solidario, recibirá rentas equivalentes al 70 por ciento de su salario promediado de las 24 últimas boletas, y que se promedia con el nivel de sus aportes acumulados, más la rentabilidad, y divididos por los años que le queda de vida a partir de los 58 años.
Gobierno prevé una sostenibilidad de 40 años para el nuevo sistema.
Otro rechazo
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pide al Órgano Ejecutivo diálogo y concertación para la nueva Ley de Pensiones, que fue acordada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).
La CEPB se suma a la propuesta de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), que rechazó la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y sugirió la posibilidad de un sistema mixto privado y estatal, y que desahució el aporte patronal.
La Confederación propone que el Fondo Solidario sea financiado por el Estado y por los nuevos aportes que se acojan a sus beneficios.
El proyecto
El proyecto de Ley de Pensiones establece una serie de cambios. Baja la edad de jubilación a los 58 años en los varones.
En el caso de las mujeres, éstas podrán jubilarse con 55 años, siempre y cuando tengan tres hijos.
Los mineros podrán retirarse a los 56 años, pero con menos edad, hasta 51 años, si es que trabajaron en interior mina.
El proyecto crea una gestora estatal, que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).