El Vice oficializó su demanda contra el Gobernador Costas. Roca presenta 2 querellas contra García y la cruceñidad lo respalda. La demanda del presidente de Aerosur es por calumnias y enriquecimiento ilícito.
Los abogados de la Vicepresidencia, Virginia Costas y Héctor Ramírez, presentan la demanda contra Costas. Fue ayer en La Paz.
Paulo Cuiza – La Paz, La Razón
Líderes cruceños cierran filas en defensa de Rubén Costas y Humberto Roca
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Querella. El Vicepresidente oficializó su demanda contra el Gobernador de Santa Cruz
Cívicos, dirigentes y asambleístas de Santa Cruz se unieron en defensa del gobernador Rubén Costas y del empresario Humberto Roca, dueño de la línea aérea AeroSur, sobre quienes pesan procesos judiciales impulsados por autoridades del Gobierno.
El Comité Pro Santa Cruz y la Asamblea Departamental cruceña, por separado, emitieron comunicados de respaldo a los dos personajes, a quienes consideran víctimas del oficialismo.
“Expresamos solidaridad con todas las autoridades y ciudadanos que están siendo perseguidos judicialmente, con fines políticos, por el Gobierno Nacional. Nos solidarizamos con nuestras autoridades que impulsaron el proceso autonómico en Bolivia”, señala un comunicado emitido por el ente cívico.
La solidaridad fue expresada a Costas, a quien demandó ayer penalmente, por el delito de desacato, el vicepresidente Álvaro García Linera. El apoyo también fue para Roca, procesado por el Gobierno central.
Paralelamente, la Asamblea Departamental de Santa Cruz, a través de su presidente, Alcides Villagómez, se sumó al respaldo.
“Expresamos toda nuestra solidaridad a nuestro Gobernador, secretarios y consejeros imputados en este hecho de atropello que atenta contra sus derechos fundamentales y el ejercicio de la democracia plena”, señaló Villagómez.
El asambleístas criticó el proceso que se le sigue a Costas por la realización del referéndum de estatutos autonómicos.
Demanda. Entretanto, en La Paz, la directora jurídica, Varinia Costas, y el secretario general de la Vicepresidencia, Héctor Ramírez, presentaron al Ministerio Público la querella, anunciada por García, en contra de Costas. Le acusaron por desacato.
El trámite fue rápido, el fiscal de Distrito Williams Dávila recibió la denuncia a las 10.10, minutos después la remitió a la ventanilla de sorteo de causas y a las 10.40 se asignó el caso a la fiscal Rosario Venegas.
Dávila explicó que “desde la próxima semana haremos una comisión para que investigue el caso, no sabemos todavía cuántos fiscales estarán en la comisión”.
En Santa Cruz, Rubén Costas ironizó: “Me tiene sin cuidado (la demanda”, y reiteró que una demanda por desacato es coartar la libertad de expresión en el país.
“No hay que tener miedo”, dijo. Luego señaló que “lo que no pueden es llevarme preso por terrorismo y sabemos quién es terrorista confeso. Ahora, como tienen la justicia en sus manos, van a inventar miles de juicios”.
El delegado de asuntos internacionales de la Gobernación, Óscar Ortiz, cuestionó el tipo penal por el cual es demandado Costas. Señaló que es una figura legal que proviene de las dictaduras y coarta la libertad de palabra.
Asimismo, señaló que no corresponde que Costas acuda a la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo que le citó para que presente pruebas de sus acusaciones contra el Vicepresidente. Costas acusó a García de recibir dinero del narcotráfico. El segundo mandatario del país le inició un proceso por su declaración.
Costas reta a Soza a convocarlo
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, retó ayer al fiscal Marcelo Soza a que lo convoque a declarar en el caso de terrorismo. Y culpó al Fiscal del impasse político con el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Yo vuelvo a declarar lo que le dije (el 5 de mayo, cuando anunció que iba a llamar a declarar a varios cruceños) al señor Soza, que me llame a mí primero, porque yo he sido quien ha liderado todos los cabildos y procesos. El señor Soza no tuvo la capacidad ni la valentía de convocarme”, aseveró.
El reto surgió luego de que Soza vinculó a Costas con el presunto grupo terrorista de Eduardo Rózsa.
El Fiscal identificó a Pablo, hermano de Costas, como nexo directo entre el Gobernador cruceño y la célula irregular que operó en Santa Cruz y a la cual se la acusa de cometer el atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas y de buscar la división del país. Según Soza, el grupo era financiado por líderes cruceños.
Costas reiteró sus acusaciones en contra de Soza, en sentido de que el Fiscal habría convocado a declarar a ciudadanos cruceños por el caso terrorismo para “chantajearlos o amedrentarlos”.
Además, afirmó que Soza promovió un “terrorismo psicológico” en contra de la población. Acusó a éste de estar al lado del Gobierno para crear cortinas de humo cuando hay protestas. “Nos provoca para responder torpemente. Si el inicio de este impasse con el Vicepresidente fue eso, pero nadie lo entiende”, aseveró.
Según Dávila, Soza puede enjuiciar a Rubén Costas
El fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, apoyó el juicio que quiere iniciar el fiscal Marcelo Soza en contra del gobernador cruceño Rubén Costas, por las acusaciones que lanzó en su contra en el caso de terrorismo.
“El fiscal (Soza) es un representante del Ministerio Público, él puede seguir los procesos correspondientes porque está en sus funciones, porque esta trabajando en el Ministerio Público en defensa de la sociedad, que es una de las responsabilidades de la Fiscalía”, afirmó Dávila. Según el Fiscal de Distrito de La Paz, cualquier hecho delictivo debe ser investigado por el Ministerio Público, porque en muchos casos se afecta a la integridad y seguridad de la colectividad.
Marcelo Soza fue asignado a las investigaciones del caso terrorismo y alzamiento armado en Bolivia suscitado en abril del 2009 donde un grupo irregular encabezado por Eduardo Rózsa fue desarticulado por fuerzas de la Policía boliviana en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz.
En el hecho estarían involucrados empresarios, ex cívicos y líderes cruceños, cuyas acciones fueron criticadas por Costas.
El Gobernador cruceño acusó en las últimas horas a Soza de pedir dinero a presuntos involucrados en el caso, a cambio de no pedir su detención. Además, denunció al fiscal por tratar de construir pruebas para inculparlo en el caso que investiga.
En respuesta, el fiscal Soza dijo que analizará la situación con sus abogados. No descartó la posibilidad de iniciar un proceso penal al Gobernador de Santa Cruz por calumnias y difamación. Sobre la investigación, Soza señaló el jueves que cuenta con mucha información que ayudará a clarificar más la investigación. Entre los investigados se encuentran ex cívicos y empresarios.
Roca demanda al ‘Vice’ y la cruceñidad lo respalda
Humberto Roca, presidente de AeroSur, presentó dos querellas contra Álvaro García Linera por calumnias y enriquecimiento ilícito. Espera que la justicia actúe de la misma forma que lo hace en contra de él. El Comité Cívico, la Brigada Parlamentaria y empresarios le dieron su apoyo.
Sábado, 10 de Julio, 2010
El dueño de AeroSur, Humberto Roca Leigue, presentó dos denuncias contra el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en la fiscalía de Santa Cruz, durante una jornada en la que recibió apoyo de cívicos, empresarios, asambleístas y trabajadores.
Roca ha iniciado dos procesos contra el vicepresidente; uno por calumnias e injurias “cuando dijo él (García Linera) que yo era un mal empresario que ponía en riesgo a las personas cuando viajaban en los aviones”. La otra demanda es por legitimación de ganancias ilícitas, porque Roca quiere saber cómo el segundo mandatario adquirió los 25 mil libros que ha leído.
El empresario apuntó que son exactamente las mismas denuncias que el Gobierno le ha iniciado, por desacato y enriquecimiento ilícito. Espera que el “Vice” cumpla su palabra y se despoje de su inmunidad para afrontar el proceso como cualquier ciudadano común.
Afuera de la casa del empresario, en un céntrico barrio de Santa Cruz, los toldos, sillas y la romería de gente podría hacer pensar a quien no está al tanto de la situación que allí ha muerto alguien.
“Es el ensayo de mi velorio”, bromeó el presidente de AeroSur en momentos en que recibió a Jorge Flores Reus, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, quien le dio su respaldo a nombre de la bancada opositora de todo el país.
Enseguida y ya con un tono serio, el dueño de AeroSur dijo que permanecerá en su domicilio “hasta que me maten o cambiemos las reglas”. Roca no ha salido de su casa desde que el fiscal Edwar Mollinedo emitió una orden de aprehensión porque no se presentó a declarar el miércoles en La Paz.
Para el 13 de julio está citado para responder por la denuncia de enriquecimiento ilícito, pero anticipó que tampoco viajará a la sede de Gobierno porque considera que no puede responder a “ilegalidades con legalidades”.
Horas antes, Roca recibió también el apoyo total del presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez; el líder de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Gabriel Dabdoub; el ejecutivo de la COD, Edwin Fernández y el representante de los constructores, Feliciano Carrillo.
Un día antes, Roca recibió la visita del gobernador Rubén Costas, que le dio su apoyo y lo considera también un perseguido político del Gobierno Nacional.
De alto vuelo
Duda • Humberto Roca no cree que García Linera haya leído 25 mil libros. Porque leyendo uno por día, necesitaría 14 o más años.
Apoyo • Trabajadores de las sucursales de La Paz y Cochabamba marcharon estos días. Hoy llegarán hasta el domicilio de Roca funcionarios de la central en Santa Cruz.
Solidaridad • El presidente de AeroSur asegura que recibió apoyo de 200 instituciones de varios departamentos del país.
LAS FRASES
“El hacer empresa, también es un derecho, hacer riqueza, no es un delito”
G. DABDOUB, EMPRESARIOS
“Detrás de la buena intención del Presidente y el Gobernador, hay imbéciles atrás jodiendo todo”
E. FERNÁNDEZ, COD
Verdes no dejará que suspendan a Rubén Costas
Los asambleístas cruceños no darían paso a una destitución del Gobernador como pretenden los masistas con la acusación de Álvaro García Linera.
El Día, 10 de Julio, 2010
La bancada de la agrupación Verdes junto al Frente Amplio anunciaron ayer que bloquearán cualquier intención de suspender al gobernador Rubén Costas y reelegir una nueva autoridad en Santa Cruz, asegurando que cumplirán la Constitución Política (CPE) donde establece que sólo puede ser suspendido por sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el Gobierno ya habla de una suspensión por acusación formal, explicando que no les interesa una retractación sino llegar al final del juicio.
Mientras que el acoso contra el gobernador cruceño aumenta. Ayer no sólo se presentó la denuncia formal por desacato de la Vicepresidencia contra Costas, en la Fiscalía de Distrito de La Paz, sino que también el asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia, pidió su renuncia por malversación del IDH y otorgó un plazo de siete días, de lo contrario iniciará movilizaciones para tomar la Gobernación. Otro de los frentes es el proceso por el referéndum del estatuto, que ya provocó que Costas esté arraigado y haya una imputación formal contra 23 personas entre secretarios, asambleístas y ex consejeros.
“Me tiene sin cuidado, para mí el proceso que me hagan es como el proceso que tengo por el referéndum, es una bendición, es un orgullo y si ahora me citan por desacato, situación que en los países civilizados ya no existe porque es coartar la libertad de expresión, es por denunciar algo, no hay que tener miedo”, respondió Costas ayer mientras entregaba un sistema de agua potable en la Villa Primero de Mayo, aclarando que inventarán juicios y pruebas porque no se lo pueden llevar ni por terrorismo ni por narcotráfico.
En tal sentido aseguró que más que “equivocaciones o no” en sus declaraciones o “si dijo y luego se desdijo” está la defensa de los principios y la legitimidad que tiene del voto.
Este mismo argumento tiene la bancada de Verdes en la Asamblea Departamental, aclarando que Costas fue elegido por cinco años con el apoyo de más del 52% de los cruceños. “Los del MAS se dejan traicionar por sus instintos voraces y políticos, no hay tal cosa que se va llevar una suspensión dentro de la Asamblea, lo que hay es una Ley Inconstitucional abusiva que le da la posibilidad a un fiscal de suspender a cualquiera de los gobernadores por una acusación formal”, dijo Javier Limpias.
La misma posición asumieron los asambleístas Delmar Méndez y Rose Mary Sandóval, quienes no quisieron adelantarse a una posible suspensión, pero dejaron en claro que Costas tiene la legitimidad y que no procederá ningún proceso. Estos asambleístas ya recibieron su notificación de imputación formal por el referéndum por los Estatutos y aseguraron que se defenderán de forma colectiva por un segundo proceso.
La directiva de la Asamblea ofreció su respaldo moral y asesoramiento legal no sólo al Gobernador sino a los asambleístas y ex consejeros que enfrentan una demanda, informó el presidente Alcides Villagómez.
Desde el inicio de semana Costas y el vicepresidente Álvaro García Linera se enfrascaron en una guerra verbal que empezó cuando García Linera amenazó con cárcel a los autonomistas y el gobernador cruceño lo vinculó con el narcotráfico, terrorismo y corrupción.
La denuncia, que fue presentada por el secretario de la Vicepresidencia Héctor Ramírez, es utilizada por el Gobierno para abrir la posibilidad de una suspensión de Costas, en cumplimiento a la Ley de Transición Autonómica en su artículo 8, que señala que por simple acusación formal puede suspenderse.
“El desacato es un delito contra la función pública, es un delito contra la autoridad legal y democráticamente constituida y elegida, y no procede la retractación. La única forma de acabar este proceso es mediante la sentencia judicial”, dijo el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
Mientras que el fiscal de distrito de La Paz, Willams Dávila, confirmó que el delito es de acción pública y que no procede la retractación. Añadió que se conformará una comisión de fiscales para investigar y que posiblemente sea convocado el propio Vicepresidente. La juez del caso es Rosario Benegas. ED/ Agencias
Conflictos por la Ley con que se juzga y retractación
El presidente del Colegio de Abogados en Santa Cruz, Ángel Paz, explicó que la suspensión del gobernador Rubén Costas se aplicará de acuerdo a la Ley por la cual sea juzgado.
En la Constitución Política sólo procede la suspensión de los derechos políticos por tomar armas y prestar servicios a la Fuerzas Armadas enemigas en tiempo de guerra, por defraudación de recursos públicos y por traición a la Patria, donde no procedería la suspensión, sin embargo en la Ley Transitoria Autonómica en el artículo 8 señala que a simple acusación formal se podrá dar esta figura jurídica.
En cuanto si procede o no la retractación el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, sostuvo que será de acuerdo a la interpretación del juez, debido a que si se toma como un delito de acción privada procede la retractación, que está como delitos al honor, pero en el caso del desacato se encuentra en el Código Penal en otro capítulo de particulares donde se convertiría un delito de acción pública y no procedería la retractación hasta que termine el juicio.
Estas dos figuras están aún en debate.
Acoso
Por el referéndum dos procesos. La Fiscalía General abrió una investigación por el referéndum por los Estatutos Autonómicos a denuncia de la Contraloría General que terminó archivando el caso. La segunda investigación se abrió en Santa Cruz a denuncia del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que arraigó a Costas y el pago de una fianza de Bs 100 mil.
Malversación de fondos. La Contraloría denunció malversación de fondos por el IDH y el asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia se unió a una denuncia de malversación por más de Bs tres millones en siete obras.