Bertrand de la Grange
“Pasé a engrosar la lista de prisioneros políticos de Hugo Chávez”, me escribe Alejandro Peña Esclusa desde su celda en Caracas, donde está recluido mientras la fiscalía investiga sus muy improbables nexos con una organización terrorista. La detención, el 12 de julio pasado, del político y escritor venezolano tiene todos los visos de haber sido planificada por los servicios de inteligencia cubanos, el G2, que ha copado el aparato de seguridad de su aliado bolivariano. ¿El objetivo? Impedir como sea un avance de la oposición en las elecciones legislativas del 26 de septiembre, que pondría en peligro el régimen chavista y, en consecuencia, el abastecimiento de Cuba en petróleo.
Meses antes, Peña Esclusa había expresado su temor a que lo fueran a detener por sus constantes denuncias del “socialismo del siglo XXI” y del apoyo de Chávez a la guerrilla colombiana. Peor aún, decía este ingeniero mecánico de 56 años, “nuestros gobernantes están entregando el país a los cubanos”. Y proponía “lograr un cambio por vías democráticas, pacíficas y constitucionales, mediante la renuncia o la destitución de Chávez, porque no está apto para gobernar y porque viola la Constitución todos los días”.
No se imaginaba, sin embargo, que las autoridades llegarían a acusarle de tenencia de explosivos y a vincularlo con un supuesto terrorista salvadoreño, Francisco Chávez Abarca. El político empezó a sospechar de lo que se le venía encima cuando le llegaron unos correos electrónicos extrañísimos, con fotos de atentados y cuerpos humanos destrozados. “Pese a las recomendaciones de salir de Venezuela, preferí caer preso, porque creo que así soy más útil a la causa”, explica Peña Esclusa.
El salvadoreño en cuestión había llegado el 1 de julio al aeropuerto de Caracas, donde fue detenido por llevar un pasaporte guatemalteco a nombre de Carlos Adolfo González Ruiz. Hasta aquí, nada excepcional, si no fuera porque se trataba de un individuo buscado por Interpol a petición de Cuba por su presunta participación en actos terroristas contra instalaciones turísticas de La Habana en 1997 y 1998. Llama la atención que Chávez Abarca, o como se llame en realidad, se haya metido en la boca del lobo. Con esos antecedentes, no podía ignorar que su llegada sería inmediatamente detectada por los cubanos destacados en los puestos migratorios de Venezuela.
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Lo que pasó después es aún más alucinante. El canal oficial Telesur difundió parte del interrogatorio de Chávez Abarca, realizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Se le ve feliz, chocando en plan de cuates la mano del agente anónimo —está de espaldas—, que ha obtenido su “confesión”. No parece en absoluto preocupado por el futuro que le espera en algún calabozo infame. Acaba de revelar que su jefe es Luis Posada Carriles, el tenebroso anticastrista que atentó supuestamente contra Fidel Castro en 2000 y que fue responsabilizado de la explosión en pleno vuelo de un avión cubano en 1976, con 73 pasajeros a bordo. El diablo en persona.
Posada Carriles, explica el salvadoreño, lo había contratado 12 años antes para poner bombas en La Habana. Y ahora acababa de enviarlo a Venezuela para “coordinar planes de desestabilización” de cara a las elecciones de septiembre. El agente le pregunta qué tipos de acciones tenía previstas. Contesta el terrorista: “Quemar llantas, provocar disturbios en la calle, atacar a un partido político para que le caiga a otro” (según el SEBIN, matar a una diputada de oposición para responsabilizar al Gobierno). Antes de entrar en acción, tenía previsto reunirse con dos opositores venezolanos que le iban a dar “instrucciones”. El agente, claro, no le preguntó si no hubiera sido menos arriesgado hacer la cita en un tercer país, como suelen hacer los terroristas para despistar a los servicios secretos.
Sólo faltaba dar los nombres de esos venezolanos vendepatrias. Entre ellos, figuran el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el gobernador del Estado de Zulia, Pablo Pérez, o el ex diplomático Diego Arria, todos ellos —¡qué casualidad!— enemigos acérrimos de Chávez. Los nombres se publicaron en un periódico apenas unas horas antes del allanamiento de la casa de Peña Esclusa, donde los agentes del SEBIN hallaron 900 gramos de C-4, potente explosivo de uso militar, así como decenas de detonadores… en el dormitorio de su hija de 8 años.
Chávez y sus asesores cubanos quieren sembrar el miedo en las filas de la oposición y no dudan en recurrir a montajes siniestros para destruir a sus adversarios políticos. El salvadoreño o guatemalteco que se ha prestado a esa operación es probablemente un agente cubano. Pocas horas después de declarar ante el SEBIN, fue “deportado” a La Habana. Allí se preparará para otra “misión de desestabilización” en algún país de América Latina.
La Razón – México