La oposición denuncia que el Ministerio Público de Cobija asumió un rol político de persecución a los opositores para obstruir, en este caso, la labor de un Senador del Estado Plurinacional.
La oposición expuso en el hemiciclo de la cámara alta una foto del senador Pinto con mordaza y candado.
El Diario
(NAN).- La Bancada de senadores de la opositora Convergencia Nacional (CN) denunció ayer que el Ministerio Público presiona y amenaza a los jueces y vocales de la Corte Superior del Distrito de Cobija con juicios por prevaricato si en las siguientes audiencias ejecutan la orden de libertad del senador, Roger Pinto, para que abandone el arresto domiciliario. Sin embargo su retorno se hizo incierto.
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La denuncia fue planteada por el senador Germán Antelo junto a sus colegas durante una conferencia de prensa, donde denunció que el Ministerio Público de Cobija asumió un rol político de persecución a los opositores para obstruir, en este caso, la labor de un Senador del Estado Plurinacional.
Aseveró que si bien la Corte de Distrito de Cobija levantó el arresto domiciliario impuesto por un Juez Ordinario, el fiscal asignado al caso amenazó a los vocales para revocar esa orden en el objetivo de que el senador opositor, Roger Pinto, continúe preso en su domicilio.
Denunció también una aparente falta de voluntad del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien en días pasados viajó a Cobija sin visitar al senador Pinto como había sido sugerido por la oposición, y prefirió dedicar su agenda a otros asuntos menos a cumplir su labor de velar por el derecho de las personas.
Antelo informó que Villena se habría reunido con Selena Melgar que es la principal acusadora de Roger Pinto y por ese hecho designada representante del Defensor del Pueblo en Cobija. “Parece ser que por haberlo tomado y mantenido preso, fue felicitada por Villena que ya habría designado como Defensora del Pueblo”.
El pasado 28 de septiembre, el senador Pinto dijo que la Corte levantó el arresto domiciliario impuesto por un juez, por una supuesta venta irregular de terrenos de la zona franca de Cobija cuando era Prefecto de Pando en 2002.
El juez Primero de Instrucción en lo Penal de Pando, Ponciano Ruiz, determinó una fianza de Bs 190 mil y la detención domiciliaria para el senador Pinto, porque habría firmado la orden de la venta de terrenos en la zona franca de Cobija.
Pinto manifestó que su detención domiciliaria responde a móviles políticos y es contraria al Art. 152 de la Constitución Política del Estado que afirma que los asambleístas durante su mandato en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante.