Elio Pedraza Vargas
En estos últimos días, amparados en la misma libertad de prensa y con el deseo de provocar la autocensura ciudadana, dirigentes afines al gobierno y partidarios reconocidos se han manifestado contra los periodistas, los medios de comunicación masivos y contra todo aquel que defiende el derecho consagrado en la Constitución Política del Estado.
El artículo 106 parágrafo II de la CPE claramente señala: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
¿Qué más claridad exigen quienes aseguran que el artículo 16 del proyecto de ley contra el racismo y la discriminación fue propuesto por la población durante una “encuesta” realizada en algún departamento, ciudad o ayllu?
Las declaraciones de “tristeza” del vicepresidente porque defendemos nuestra fuente de trabajo, así como las constantes aseveraciones de Fidel Surco de haber sido discriminado, la paranoia que persigue desde su infancia al presidente Morales y la prepotencia del otrora dirigente campesino y hoy senador Ávalos -que aseguró que la Constitución es reformable-, no dejan duda de que lo que buscan es que el pueblo se abstenga de opinar hasta en el cafecito o de gritar en el estadio.
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Luego de que se cumplió la meta de alfabetización en el país, considero que es oportuno explicarles a los asambleístas, al Ejecutivo y a los sectores sociales (SS) que el derecho a la libertad de expresión existe cuando un ciudadano puede expresar lo que siente ante cualquier cuestionamiento u oportunidad de poder decirlo, y esto no significa que quede exento de asumir las consecuencias posteriores por sus declaraciones.
Por ser un derecho fundamental, la libertad de expresión ha sido reflejada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, reafirmada en el artículo 13 del Pacto de Costa Rica de 1969 y reconfirmada en el 108 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada entre el 2 y el 20 de octubre del 2000.
La libertad de opinión es la posibilidad que tiene la persona de manifestar su forma de pensar sobre cuestiones públicas, lo cual confirma el artículo 21 inciso 5 de la CPE cuando menciona: “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. ¿Será que no han leído la Constitución? ¡Pero si ya no hay analfabetos!
El derecho a la información está relacionado específicamente con el rol que cumplen los medios de comunicación, de brindar datos sobre los sucesos acaecidos en el país. ¿O tal vez le temen al poder de la información? Por ahí aparecen los casos de corrupción, de terrorismo, de gastos reservados, de manipulación, de muertes o tal vez otros, que serán denunciados por ciudadanos cansados de la involución del cambio y que serán reflejados o amplificados por los medios.
El derecho a la rectificación permite que la persona agredida exija la oportunidad de que se rectifiquen las declaraciones realizadas, siempre que no se ajusten a la verdad. Y el derecho a la réplica permite que el ciudadano tenga la misma oportunidad en un medio para decir su verdad.
El derecho a emitir libremente las ideas, según nos clarifica “el padre de la Constitución”, el “Chato” Prada, implica que podemos expresar lo que sentimos y dar a conocer nuestras ideas por cualquier medio, así sean estos televisivos, orales, escritos y cuanta tecnología no los permita y sin censura previa. En otras palabras, nadie nos puede prohibir manifestar nuestras ideas y quien se sienta agraviado podrá iniciar acciones ante las autoridades llamadas por ley.
Volviendo a la CPE Plurinacional de Bolivia, el artículo 13 en su primer parágrafo dice: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.
Ante tantas arbitrariedades, mentiras y manipulación por parte del presidente Morales, con sus quinientos años y con sus migajas de pan; del senador Surco discriminado en algún momento de su vida o del senador Ávalos quien dizque persigue a los corruptos, es necesario que escuchen sus conciencias y liberen a la libertad de expresión, porque no es sólo un derecho de los indígenas-originarios-campesinos y afrobolivianos, sino también de los interculturales, los que “no tenemos identidad”…