Pena de muerte sindical

1305586377-brota-violencia-bolivia-gasolinazo Cuando creíamos que ya habíamos escuchado todas las arbitrariedades posibles de boca de los voceros del oficialismo, un dirigente afín al partido de gobierno, Ariel Vergara, acaba de amenazar con la “pena de muerte sindical” a los líderes sociales que osen desenmarcarse de la línea vertical dictada desde el Palacio Quemado. No sabemos cuán literal o metafórica pueda ser la amenaza, pero conociendo los antecedentes de las flagelaciones a dirigentes indígenas disidentes (caso Fabricano) y los numerosos desmanes cometidos a nombre de la “justicia comunitaria”, creemos que puede tratarse de algo serio. El intento de intimidación surge un mes después de la rebelión popular de fin de año, en la cual las organizaciones sociales derrotaron al ajuste fiscal de la actual élite gobernante. Desde entonces, la estrategia definida desde el poder previa al relanzamiento del “gasolinazo” es la de quebrar la resistencia social, pasando de la mera cooptación económica de dirigentes (táctica agotada, ya que las burocracias sindicales fueron ampliamente rebasadas por los mandos medios) a la fuerza represiva. El presidente Evo Morales señaló el camino al dividir a los dirigentes sociales en “leales” y “traidores”, y ahora las palabras de Vergara no hacen más que poner en práctica las consignas emanadas desde el gobierno central. En realidad, el régimen del MAS no está innovando mucho que digamos en el asunto, sino que simplemente está siguiendo la vieja tradición estalinista de represión sobre las clases populares, que en los países del “socialismo real” significó (y significa aún hoy en Cuba) la desaparición del derecho de huelga. En resumen, que los movimientos sociales son útiles como tropas de choque para encumbrar a una nueva cúpula gobernante, para más adelante ser disciplinados a punta de “penas de muerte sindicales” cuando dejan de ser funcionales a los intereses de la nomenklatura

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