Juan Antonio Morales*
En estadística y en las ciencias experimentales, como la física y la biología, se dice que se comete un error de tipo I cuando se rechaza una hipótesis siendo que es cierta. El error es de tipo II cuando se acepta una hipótesis que es falsa. Se considera que cometer un error de tipo I es más grave que cometer un error de tipo II. Por esa razón, en los tests estadísticos de hipótesis se fija una probabilidad baja para el error de tipo I, generalmente entre 1% y 10%, tratando de controlar al mismo tiempo la probabilidad de cometer un error de tipo II. Dicho en lenguaje más simple, la evidencia que proporcionan las observaciones tiene que ser muy contundente para rechazar una hipótesis que se le cree cierta, porque por ejemplo, proviene de estudios previos.
La misma lógica de las ciencias experimentales se aplica en el plano de los derechos humanos. Se presume que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Este sabio principio está en el Artículo 11, Párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el Artículo 116 de nuestra Constitución Política del Estado. Las evidencias tienen que ser muy fuertes y a cargo del acusador para desconocer la hipótesis de inocencia. No se puede condenar a una persona simplemente por meras sospechas. Es más, el padre Gramunt nos recuerda el viejo aforismo jurídico “favorabilia sunt amplianda, odiosa, restringenda”. Lo favorable (al acusado) será ampliado y lo odioso restringido. La expresión, a menudo escuchada, de que el acusado “tiene que demostrar su inocencia” viola la lógica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución. Lamentablemente en esta falta de la lógica incurren muchos políticos oficialistas, que deberían conocer mejor la Constitución.
Los costos, privados y sociales, de un error de tipo I son muy sustanciales. Las víctimas del error pueden sufrir un daño irreparable o de cicatrización lenta. Además de los sufrimientos físicos y mentales que se les inflige se menoscaba su honra y su patrimonio. Desde el punto de vista de los costos sociales, los errores de tipo I causan externalidades negativas, en el sentido de que no sólo ocasionan costos a los acusados sino también a las instituciones que estuvieron a su cargo o donde ejecutaron sus labores. Crean un velo de desconfianza que va mucho más allá de los inculpados. Todos los especialistas del desarrollo coincidirán en que la confianza, el capital social, es crucial para lograr una sociedad moderna y con justicia social.
Hay todavía otra externalidad negativa. Con tanto acusado se ha sobrecargado a los tribunales de justicia. El costo de tratar un caso más por los tribunales de justicia ha subido muy fuertemente. La carga procesal es tan abrumadora que los jueces no pueden atender los juicios con la debida diligencia, afectando a los ciudadanos que han tenido la mala suerte de entrar en un juicio. Entre paréntesis, hace falta una organización civil, como la hay en otras partes, que observe (de manera no vinculante) la calidad de los fallos judiciales.
Defenestrar a gobernadores y alcaldes, elegidos por el voto popular, con acusaciones baladíes, tal vez produce réditos políticos a corto plazo, pero tiene costos de largo plazo. En primer lugar, crea incredulidad entre los electores sobre la utilidad de su voto. En segundo lugar, más grave, crea problemas de gobernanza en los departamentos y municipios donde se ha destituido a las autoridades, produciéndole a más largo plazo costos políticos al partido de Gobierno y costos a la ciudadanía por el deterioro institucional. El reciente ejemplo de Sucre donde dos alcaldes interinos del partido de gobierno se jaloneaban la silla consistorial es una muestra clara de esta afirmación.
La corrupción por supuesto es muy destructiva y hay que combatirla con energía. Pero ese combate tiene que tener reglas bien definidas y no depender de criterios imprecisos, como el de incumplimiento de deberes o el de conducta antieconómica. Se tiene que evitar cometer errores de tipo I.
*Ex presidente del Banco Central de Bolivia
Página Siete – La Paz