Juan Carlos Zuleta Calderón
En recientes días, el Vicepresidente del Estado ha sostenido que las empresas públicas están destinadas no a generar empleo, sino recursos para Bolivia, los cuales luego se distribuyen a la población en forma de bonos, rentas, inversiones, hospitales, escuelas.
Por la importancia de la temática, he decidido salir al frente para aclarar algunos puntos, aun a riesgo de ser tildado de neoliberal. En los últimos tiempos el realizar planteamientos alternativos a la corriente principal del Gobierno puede conducir a hacerse acreedor a ése y otros calificativos de parte de los dueños del “proceso de cambio”.
En la medida en que el propósito de esta nota no es enojar a nadie, sino más bien orientar a la población en torno a políticas públicas dirigidas a promover el crecimiento económico más allá de la búsqueda de estabilidad financiera a la que el actual ministro del área nos tiene acostumbrados, pasaré a hilvanar las líneas gruesas del objetivo mayor de Bolivia para los próximos 20 años: la revolución productiva y la industrialización para un combate efectivo a la pobreza.
Discrepo de la argumentación de la citada autoridad respecto al rol de las empresas públicas por cuanto esta visión reduce la política económica a un esquema asistencialista propio de los principales organismos internacionales a los que el Gobierno critica. No por nada el ministro del área económica se vanagloria de la calificación positiva que el aborrecido Fondo Monetario Internacional (FMI) ha otorgado al país recientemente por el buen manejo de la economía y el Presidente del Estado se muestra complacido porque ahora nuestro país exporta políticas a otros países. Aquí, posiblemente, el Primer Mandatario se refiere a la batería de bonos “descubiertos” por el Gobierno.
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Resulta curioso que estas perspectivas partan de al menos dos concepciones erróneas de la realidad: En primer lugar, el pensar que la pobreza sólo puede definirse en términos de una falta de acceso a servicios básicos (salud, educación, agua, etc.) y no en términos de carencia de empleo, fundamentalmente productivo. En segundo lugar, el creer que industrializar sólo significa generar algún valor agregado en lugar de referirse a la transformación de materias primas en bienes intermedios o finales diferentes.
Todo esto nos lleva analizar otra confusión del mencionado mandatario. La referida a que las empresas públicas “no son fuente de empleo masivo” y a que no tienen por qué “dar trabajo a todo el mundo”.
En primer lugar, las empresas públicas sí podrían ser fuente de empleo masivo en la medida en que superen el modelo extractivista y primario exportador que a lo largo del presente Gobierno parece más bien haberse consolidado. Si, en efecto, el Gobierno continúa interviniendo en los sectores estratégicos del país de la forma como lo ha hecho hasta ahora, es decir sin tomar en serio el desafío de la industrialización, está claro que muchas empresas públicas “clave” seguirán siendo agencias de empleo de los jerarcas de turno y no estarán en condiciones de dar el paso trascendental de la transformación productiva, que sí podría conducir a la creación de muchos empleos.
Cabe recordar que a diferencia del sector primario (agricultura de exportación, hidrocarburos y minería), caracterizado por ser altamente intensivo en capital, el sector secundario de la economía (industria manufacturera) tiende a ser más intensivo en mano de obra, al menos en los estadios iniciales del proceso de industrialización.
En segundo lugar, bajo un régimen en el cual la tendencia al acaparamiento de los espacios económicos estratégicos por parte del Gobierno continúa siendo parte de una política de Estado, me pregunto quién entonces debería hacerse responsable de la creación de fuentes de empleo en el país. En este contexto, si bien no se puede esperar que las empresas públicas resuelvan todos los problemas de empleo del país, parece también razonable pensar que la creación de trabajo debe ser irremediablemente uno de sus objetivos fundamentales.
Página Siete – La Paz