Peligro. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia exige que todas los reservorios sean analizados; temen por el peligro de la toma de Colquiri. Mineros y cooperativistas demandan soluciones al Gobierno de Evo Morales.
Comunarios cerca de la mina Sayaquira, en junio de 2011. Foto APG.
Página Siete / La Paz
Al menos 80 minas fueron tomadas ilegalmente desde hace más de tres años y los trabajadores exigen soluciones estructurales desde el Gobierno porque temen que las invasiones continúen en el país.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, informó a Página Siete que existen al menos diez minas del Estado entregadas en contrato de arrendamiento tomadas por comunarios y cooperativas en formación.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, menciona que cerca de 70 yacimientos mineros en todo el país que estaban a cargo de cooperativas fueron tomadas ilegalmente por habitantes de comunidades aledañas.
Ambos dirigentes señalan que todos estas invasiones datan de hace tres años y que aún no han sido solucionadas por la vía legal ni por el Gobierno.
“A partir de la nominación del nuevo ministro de Minería se debe dar solución, son casi 10 minas tomadas y es tuición del Gobierno dar soluciones, es un tema preocupante para la Federación”, expresa Pérez, quien atribuye los avasallamientos de minas por parte de comunarios y cooperativistas al alza en los precios de lo minerales durante los último años.
A su vez, García sostiene que la problemática “fue incluida en la Cumbre Social y se hicieron propuestas que deberán ser plasmadas en normas para dar una solución a la problemática”.
Pérez recordó que una de las más importantes de la lista de 10 yacimientos tomados es la mina Andacaba, en Potosí, cuyo sindicato de trabajadores pide la urgente nacionalización.
Además, la mina Colquiri sufre constantes intentos de avasallamiento de comunarios y cooperativistas, por lo que puntualizó que “el Gobierno debe tomar decisiones, velando la estabilidad de trabajadores”.
En días pasados, autoridades del Ministerio de Minería y de la Comibol, además de cooperativistas y trabajadores mineros, decidieron que el Estado rompa el contrato de arrendamiento con la Empresa Minera Himalaya, cuyo yacimiento fue tomado por comunarios y cooperativistas en octubre de 2007.
Después de cuatro años y tres meses de conflicto -durante los cuales la Cooperativa Cerro Negro y comunarios hicieron actividades de explotación del wólfram del reservorio-, el miércoles el Gobierno cedió ante la presión de los ocupantes y decidió resolver el trato con la empresa privada arrendataria.
En varias ocasiones el Gobierno admitió que las minas que fueron tomadas de forma irregular no tributan al Estado ni pagan regalías a las regiones.
El viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Freddy Beltrán, aclaró a este medio que esa producción ilegal no tiene acceso a la exportación.
Según datos de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), concesiones mineras chicas, medianas y cooperativas de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro fueron tomadas desde 2004, cuando comenzó el alza de precios de minerales como el estaño y la plata a nivel internacional.
Exigen que Comibol opere en Himalaya
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y los mineros de Himalaya exigen que ésta pase a manos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y no a cooperativas. Trabajadores iniciarán una marcha hacia La Paz la próxima semana.
La FSTMB señala que la Comibol deberá contratar a los cerca de 200 mineros que quedaron sin empleo en 2007, para que operen el yacimiento.
Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, señala que también existe una cooperativa en el lugar denominada Cerro Negro lo que obliga a “buscar una solución que beneficie tanto a comunarios como a los cooperativistas que operan actualmente en el yacimiento”.
Los mineros asalariados consideran que en caso de que se indemnice a la empresa arrendataria de Himalaya con recursos del Estado, lo correcto será que ésta sea explotada por la estatal minera y no por cooperativas privadas.
El acta de reunión del 25 de enero, donde se decidió que el Estado rompa su contrato con la empresa Himalaya, establece un plazo de 15 días para que tanto la Comibol como Fencomin presenten sus propuestas para la explotación de la mina Himalaya.
Empero, García no descarta que se opte por una explotación conjunta entre asalariados de la empresa estatal y cooperativistas.