En la Gobernación cruceña aseguran que sigue vigente el centralismo. Los gobiernos departamentales esperan que los estatutos autonómicos consigan cambiar en algo esta situación.
Autonomía aún no repercute en el diario vivir de la gente
Evaluación. Analistas, dos asambleístas de Cochabamba y la directora de Desarrollo Autonómico de Santa Cruz analizan el estado del proceso vigente desde 2010.
Legisladores reunidos en la comisión mixta para la ley de autonomías, el 9 de julio de 2010.
Página Siete / La Paz
La vigencia de las autonomías departamentales aún no repercute en el diario vivir de la gente y las expectativas que se generaron por su puesta en marcha aún no son colmadas. En los gobiernos departamentales de Santa Cruz y Cochabamba esperan que los estatutos autonómicos consigan cambiar en algo esta situación.
“(La autonomía) no está llegando a la población en la magnitud y la dimensión que esperaba la gente, sino que hay una especie de estancamiento en algunas áreas y escenarios que no están permitiendo un despegue pleno”, asegura el presidente de la cuarta comisión de la Asamblea Departamental de Cochabamba, dedicada al tema autonómico, Marco Carrillo, del Movimiento Al Socialismo.
El centralismo sigue presente y la población se da cuenta, asegura la directora de Desarrollo Autonómico de la Gobernación de Santa Cruz, Beatriz Eliane Capobianco. Esto se plasma, por ejemplo, en que algunos trámites necesariamente se deben realizar en La Paz. Tal es el caso del título en provisión nacional de universidades privadas.
El centralismo también obliga a la Gobernación de Santa Cruz a tramitar en La Paz, ante el Ministerio de Economía, los reajustes a su presupuesto. De ahí que esa entidad instaló una oficina en la sede de Gobierno, explica el secretario de Hacienda cruceño, José Luis Parada. No obstante, asegura que generalmente tienen que viajar “para todo”.
En Villamontes, la directora interina de la Dirección Jurídica del municipio, Mariel Subelza, comenta que la Alcaldía debe tramitar en La Paz el permiso para aplicar ciertos artículos de normas, como del funcionario público.
Subelza ejemplifica. En caso de que se establezca pagar viáticos en un contrato para “consultores en línea” (externos, pero que trabajan dentro de la entidad) se debe pedir autorización en La Paz, debido a que el estatuto del funcionario establece que no pueden percibirlos. “Se gasta tiempo y dinero, y a veces es ir en vano” .
A criterio del especialista en descentralización Yerko Ilich, uno de los vacíos estructurales que tiene el proceso autonómico en Bolivia radica en que no se ha trabajado “el sistema de desconcentración de servicios”.
Esta falencia, agrega, se hace evidente cuando, por ejemplo, hay personas que viven en una determinada región y deben viajar a la sede de Gobierno para realizar algún trámite.
“En realidad todos los trámites han sido centralizados. Hemos retrocedido de alguna manera y volvimos a una situación anterior a la Ley de Municipalidades o la Ley de Participación Popular, que habían descentralizado muchos temas administrativos”, se queja Capobianco.
“Las personas vienen y dicen: por favor queremos que ustedes atiendan esto. Y se les tiene que explicar que, por ejemplo, eso corresponde al nivel central del Estado o en su defecto corresponde al nivel de los gobiernos municipales”, cuenta José Ivancovic , asambleísta de la Gobernación de Cochabamba.
Estatutos
No obstante, autoridades y especialistas vislumbran que este problema puede solucionarse una vez que se sancionen los estatutos departamentales.
Según la Ley Marco de Autonomías, el estatuto “es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas”, que define derechos y deberes de sus habitantes, y establece las instituciones políticas de esa entidad territorial y sus competencias.
La Gobernación cruceña ya cuenta con un estatuto, que debe adecuarse a la Constitución, y sujetarse a control de constitucionalidad. Mientras que Cochabamba está en pleno desarrollo del suyo.
El legislador Carrillo sostiene que el ejercicio pleno de la autonomía pasa por la aprobación de este elemento. Es por eso que considera que se debe “acelerar” su puesta en vigencia.
“Mientras no se tengan estas normas básicas e institucionales, la autonomía estará en una situación de expectativa”, asegura. El analista en temas autonómicos Diego Cuadros piensa de manera diferente.
Agrega que para desarrollar la desconcentración debe primar la voluntad política del Gobierno.
El primer paso formal del establecimiento del proceso de descentralización se estableció con el reconocimiento de la autonomía en la Constitución Política, promulgada el 7 de febrero de 2009.
Luego vino la puesta en vigencia de la Ley Marco de Autonomías, promulgada el 19 de julio del año 2010. Ahora se desarrolla la etapa que involucra la aprobación de los estatutos autonómicos, en el caso de las gobernaciones y las cartas orgánicas, en el caso de los municipios.
El marco legal
Autonomía. La autonomía es la “cualidad gubernativa” que adquiere una “entidad territorial” de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la nueva Constitución y la Ley Marco de Autonomías.
Departamental. El Gobierno de la Autonomía Departamental está constituido por una Asamblea Departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa; además que está integrado por asambleístas. Además, lo conforma un “órgano ejecutivo” presidido por un gobernador
Municipal. El gobierno de la autonomía municipal está conformada por un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; además lo conforma un órgano ejecutivo que está liderado por el alcalde.
Indígena. La autonomía indígena consiste en el autogobierno como ejercicio de la “libre determinación” de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos, cuya población comparte historia, lengua y organización, instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas.
Regional. La autonomía regional se constituye por la voluntad de los ciudadanos de una región para la planificación y gestión de su desarrollo integral, según la Ley Marco de Autonomías. La Constitución establece que la región está conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica, sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento.
Ley Marco. Los alcances de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” comprende: bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía, procedimientos de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, regímenes competencial y económico financiero, entre otros aspectos.
Trámites. La falta de aplicación de la autonomía, en los gobiernos regionales y municipales, se refleja en los trámites que sus funcionarios todavía deben cumplir en La Paz. Paradójicamente, se impulsó este proceso de descentralización para promover la eliminación de la burocracia centralista.
Las competencias
Entonces, la población también debería hacer conciencia y asumir responsabilidades para que los gritos de autonomía ya se hagan realidad en las regiones o en los municipios, pero dando respuestas a la gente generado riqueza económica, cambiando la base productiva local o regional inyectando nuevos recursos económicos e inversiones, pero fundamentalmente la d.
Entonces, la población también debería hacer conciencia y asumir responsabilidades para que los gritos de autonomía ya se hagan realidad en las regiones o en los municipios, pero dando respuestas a la gente generado riqueza económica, cambiando la base productiva local o regional inyectando nuevos recursos económicos e inversiones, pero fundamentalmente la d.
Entonces, la población también debería hacer conciencia y asumir responsabilidades para que los gritos de autonomía ya se hagan realidad en las regiones o en los municipios, pero dando respuestas a la gente generado riqueza económica, cambiando la base productiva local o regional inyectando nuevos recursos económicos e inversiones, pero fundamentalmente la d.
Algunos trámites que aún deben realizarse en La Paz
Santa Cruz. La Gobernación debe tramitar en La Paz, ante el Ministerio de Hacienda, la fijación de techos presupuestarios, modificaciones de presupuesto y la inscripción de proyectos.
Villamontes. La Dirección Jurídica del municipio tarijeño debe pedir autorizaciones en La Paz para pagar viáticos a consultores.
Municipio. La responsable de esa unidad de la Alcaldía de Villamontes, Mariel Subelza, explica que este procedimiento es necesario debido a que el estatuto del funcionario público establece que no se debe realizar el pago. Entonces, se debe argumentar los motivos.
Normas.Los reglamentos internos que fueron aprobados por el municipio de Villamontes para aplicar algunas normas deberán ser enviados a La Paz luego de que la Contraloría los observara poreque “no están compatibilizados con el órgano rector. “Son como 15 reglamentos que todavía estamos tramitando”, dijo Subelza.
Aiquile.La alcaldía debe pedir autorización a Economía para fijar “tasas y patentes” a nuevas actividades económicas.
Vivienda. Además, se debe tramitar ante el Viceministerio, la autorización para cobrar impuestos a partir de la “base imponible”, que se modifica en función a la densidad poblacional, crecimiento y servicios básicos. “Cualquier salida del municipio nos eroga gastos”, se queja el asesor legal de la Alcaldía de Aiquile, Marco Antonio Díaz.
Claudia Peña, ministra de Autonomías: Proceso autonómico no es sólo responsabilidad del Gobierno
Descentralización. La ministra Peña aseguró que hay “toda una serie de iniciativas” para descentralizar la atención a las personas de parte del Poder Ejecutivo.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, conversó con Página Siete y entre otras temas sostuvo que el proceso autonómico no es solamente responsabilidad del Gobierno, sino también de las entidades autonómicas.
Hay algunos trámites que pese a que rige la autonomía se hacen en La Paz ¿cuál es su lectura?
Para analizar el avance del proceso autonómico debemos tomar en cuenta varios criterios. Uno de ellos es el tema de trámites. Ya lo dijo el presidente Evo Morales, que debemos reformular la Ley SAFCO, adecuar la normativa administrativo-financiera de la gestión pública a este nuevo Estado Plurinacional y a este régimen autonómico. Ahí hay adecuaciones pendientes por hacer. Pero es necesaria también la construcción de una lógica autonómica; y ésta no se construye sólo en los ministerios del Gobierno nacional, sino también y, fundamentalmente, en las entidades autonómicas.
Ahora tenemos, por ejemplo, un bloqueo de caminos en la carretera Panamericana, entre Potosí y Oruro, por un tema absolutamente local. Los sectores exigen la presencia de autoridades nacionales para solucionar un problema de competencias municipal y departamental. Esto no sucede solamente en este conflicto, sino en muchos temas, donde las autoridades autonómicas aún no asumen sus responsabilidades y no están queriendo asumir los costos políticos que entrañan esas responsabilidades.
Pero también hay asambleas legislativas que se resisten a legislar, malentendiendo que mientras no tengan un estatuto no lo pueden hacer, lo cual es absolutamente falso.
Entonces, el avance del proceso autonómico no es solamente responsabilidad del Gobierno nacional, es también responsabilidad, no sólo legal sino también ante sus sociedades civiles, de las entidades autonómicas.
¿Se ha hecho un diagnóstico sobre la gente de a pie que viene a La Paz a hacer sus trámites?
No hicimos un diagnóstico o estudio serio. Sabemos que quedan todavía algunas normativas que se tienen que ver aquí en La Paz, pero también tenemos muchas instituciones estatales que tienen ya sus oficinas en cada departamento del país. El SEGIP (Servicio General de Identificación Personal), por ejemplo, está descentralizando sus oficinas y está instalando oficinas de identificación donde antes ni siquiera había en pueblos y ciudades más pequeñas. Entonces hay toda una serie de iniciativas de descentralizar la atención a las personas de parte del Gobierno.
Desde Santa Cruz se dice que las normas que se desarrollan son centralistas, con lo cual se dislocaría la Constitución’
Estamos construyendo. Lo que echo de menos son las propuestas concretas de las entidades autonómicas. De éstas hemos recibido observaciones a proyectos de ley, pero ningún proyecto de ley, respecto a las leyes sectoriales que deben desarrollarse. Por otro lado, también sería importante analizar parecido, respecto de la legislación departamental. En Santa Cruz, por ejemplo, cada ley emitida por su asamblea se basa en artículos de un estatuto que no está vigente, y ahí también se está dislocando el proceso autonómico y el ordenamiento constitucional. Es muy importante también, en este sentido, descentralizar nuestras pretensiones investigadoras, porque si bien es oportuno, necesario, imprescindible hacer estos análisis de las leyes sectoriales, que pueden tener su críticas y que las podemos corregir en el camino -no están escritas en piedra- me parece muy importante que también volquemos la mirada a la producción legislativa departamental. ¿Es constitucional? ¿Se cumple con el ordenamiento autonómico? No hablo de conflictos de competencias, sino de principios constitucionales, como el acceso a la información, los derechos de los pueblos indígenas, la participación social en la construcción de las leyes departamentales y nacionales, y con un proceso de transparentación de la gestión pública. Por ejemplo, la Gobernación de Santa Cruz es la única que no tiene una unidad de transparencia.