Daniel A. Pasquier Rivero
Su Excelencia ha dicho que no tiene intención de modificar la vieja Ley de Imprenta, ni de hacer aprobar otra, lo cual es una advertencia que pone los pelos de punta. Cada vez que el gobierno o el presidente hacen este tipo de anuncios, hay que entender lo contrario, ¿lo van a hacer? Es la experiencia de seis años. Acaso no se ha dicho, refiriéndose al reclamo de los discapacitados de un bono de algo más de 400 USD prometido hace más de seis años, en plena campaña cuando todo político es bueno, ¿de dónde va a sacar el dinero el Estado? No son más de 7.5 millones de dólares (MD). La respuesta se cae de madura: pues de dónde se sacó para el avioncito de 38.7 MD, para el satélite de 300 MD, los más de 1.000 MD para empresas “estratégicas” que hasta ahora dan ni leche, y sacarán para la “ocurrencia” de la Casa del Pueblo, el nuevo gadaffiano palacete de S.E. antes que aliviar a unos cuantos hermanos bolivianos discapacitados.
Pero, hay más. Se dicen las RIN, reservas internacionales netas, 12.300 MD. Pero se callan las “deudas” externa e interna, ¿8.500? Sin embargo se manda, sí, se manda, ¿acaso van a objetar algo? al Congreso el pedido de 1.200 MD para “inversión productiva” sin definir previamente en qué consisten tales inversiones, en detalle y con los mecanismos de fiscalización. Casi al mismo tiempo se posesiona al Gerente General, sin Directorio y quizás sin secretaria, de la nueva Empresa Boliviana de la Construcción para que “administre”, “se tire”, “invierta”, etc., quien sabe, 900 MD. ¿Alguien entiende esto?
Se dijo “justicia comunitaria” y bajo ese manto al 29/12/2011 van 323 muertos, la mayoría brutalmente torturados en público, y los responsables, bien gracias (documentados por Luis E. Siles en el “linchómetro”, http://nuestroperronegro.blogspot.com/). Los otros, muertos políticos, están en otra lista. La autonomía es todavía una palabrita que sale de vez en cuando, pero el 10% del IDH de Gobernaciones y Municipios se capan de un tajo, dizque para seguridad ciudadana; lo administrará la Policía, que obedece al Ministerio de Gobierno, ¿en perseguir autonomistas? Cualquier pinche funcionario manda más que autoridades elegidas por el voto popular. ¿Así se gobierna escuchando al pueblo? Todavía se habla del histórico 53.7% de Evo el 2005 sin mencionar el 73 % de rechazo al 2012.
Se redactó en la CPE Plurinacional que lo conformaban 36 “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, a los que “se garantiza su libre determinación”. A la hora de la verdad más de la mitad de esos pueblos, que habitan en las tierras bajas, no tienen los mismos derechos que los de arriba, donde tampoco todos son iguales; la aymara es la favorecida, la quechua después, y solamente son dos, dejando a la inmensa mayoría del país, fuera.
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En el plan maestro los indígenas de tierras bajas están condenados a desaparecer. Nadie a estas alturas, por torpe de inteligencia que sea, puede sostener que el proyecto de la carretera atravesando el corazón del TIPNIS no es una amenaza a la sobrevivencia de al menos cuatro pueblos originarios. Un exaltado “de arriba” dijo “No vamos a permitir que los de tierras bajas nos vengan a dar órdenes”. Mantener la decisión es a todas luces un intento de “genocidio”, que se aplica al exterminio de una etnia por razones políticas, en este caso, reivindicar utopías como la del Imperio Incaico, además de sumar rastreros intereses económicos y sospechosas complicidades por corrupción. El MSM por la vía judicial ha denunciado el escándalo del sobreprecio.
En este momento 26 de 64 comunidades indígenas manifiestan de nuevo su rechazo al proyecto. Reiteran el mismo rechazo de hace cuatro años, cuando iniciaron los trámites del proyecto “para unir al Beni y Cochabamba”, los verdaderos interesados, para prolongar los dominios del Chapare hacia el TIPNIS, llevando con ellos por delante su insignia cultural, la coca. Ya penetraron al territorio declarado Parque Nacional en 1965 y el presidente de los cocaleros consolidó el Polígono 7 (donde pertenecen los del CONISUR), loteado, adjudicado a título personal y apto para la siembra de coca. El Director del CEJIS, Leonardo Tamburini lo señala muy bien. Con estos actos los campesinos, no originarios, han renunciado tácita, legal y culturalmente a pertenecer al TIPNIS: el polígono cocalero saneado por el INRA no es parte del TIPNIS que, por el contrario, tiene dueño según Título Ejecutorial TCO-NAL 000229. A pesar de todo, la cuña chapareña cocalera pretende cual cáncer económico social invadir el Territorio Indígena destruyendo el Parque Nacional.
¿Resistencia civil en todo el país? La pachamama, la racionalidad en la explotación de los recursos naturales y los pueblos indígenas suman fuerzas. La ONU se preocupa; pide respeto y protección a los indígenas. Se atropellan derechos constitucionales, leyes del Estado, un sinfín de tratados internacionales. Al frente, los cocaleros y los intereses ligados a PDVSA y PETROBRAS, según contrato firmado por Evo a espaldas de los indígenas: se conceden para exploración y explotación áreas reservadas de Chispani y Sécure, entre otras, son del TIPNIS (Javier Gómez, Director del CEDLA). Mefistófeles sonríe y suelta argumento tras argumento, todo suena a engaño, sofismas obvios y sencillos; ganando tiempo mientras se arma la estrategia para destrozar la resistencia y el proyecto avanza. Lo ratifica el presidente de ABC, el tramo II se hace por donde estaba proyectado, “otra alternativa no es conveniente”. Así, sin licencias ambientales, sin consulta previa, alegando problemas de “intangibilidades” versus progreso y desarrollo, al que está devotamente dedicado el MAS. Esta historia no es nueva. Pero cuatro diputados del bloque indígena, Pedro Nuni, Blanca Cartagena, Cristina Valeroso y Teresa Nominé, todos del MAS, han gritado "el TIPNIS no se toca". Ahora, el país entero lo sabe. Mientras tanto, tratemos de leer al revés para entender algo.