Recuerdos del presente – Humberto Vacaflor Ganam
La Fundación Getulio Vargas y el instituto Ifo de Munich acaban de informar que, según sus mediciones, la economía boliviana está en recesión.
En América latina, el año pasado estaban en esa situación Bolivia y México, pero este año es sólo Bolivia, se lee en el índice Clima Económico de América latina.
¿Cómo hay que entender esta calificación de los muy serios expertos brasileños y alemanes, si la comparamos con los tan triunfalistas diagnósticos del oficialismo?
Estamos ante la mejor prueba de que la economía ilegal prevalece en el país y es tan extendida que eclipsa la recesión que vive la economía legal.
Por supuesto, el informe que habla de la recesión se refiere al estado en que se encuentra la economía legal, sometida ahora a penurias que superan a las siete plagas de Egipto.
El actual gobierno está demostrando que Bolivia puede vivir de sus pecados. Al fin y al cabo, el presidente representa a un sector agrícola proscrito, base de la economía ilegal que provoca este espejismo. Quizá ese sea el aporte de estos gobiernos “populistas”: incorporar las cifras de lo ilegal en las cuentas de la política. Esa es la “revolución” de ahora: una complicidad con lo ilegal, un uso de lo ilegal. Porque, al fin y al cabo políticos, lo que quieren son los resultados.
Cuentan con la ventaja de que el aporte de lo ilegal no se puede ni identificar ni cuantificar. Salvo que se presente una situación tan dramática como la boliviana, en que la economía legal está en recesión mientras el panorama global es de bonanza, por efecto de la participación de lo ilegal, del pecado.
Es probable que el estudio hecho por la fundación brasileña haya tenido en cuenta que, como todos lo sabemos, desde hace seis años el actual gobierno boliviano no atina a elaborar una ley de inversiones ni un nuevo código de minería ni una nueva ley de hidrocarburos.
La sospecha de que los oficialistas estén escribiendo estas leyes en quipus no resiste ningún análisis, porque en tanto tiempo ya hubieran estado terminadas incluso de esa manera primitiva.
La competencia que existe entre la economía legal y la ilegal es desigual. No es sólo la falta de leyes lo que define esta contienda.
Los mineros legales tienen que bregar con una situación en que sus explotaciones pueden ser asaltadas en cualquier momento, como les ocurrió el año pasado a 58 de ellos, según cifras de la Federación de Mineros.
Los empresarios del agro deben enfrentarse a prohibiciones de exportación que dispone el Estado como única reacción a su propia incapacidad de controlar las fronteras para evitar la salida de los productos destinados al mercado interno.
Los empresarios del sector industrial deben vérselas con decisiones gubernamentales que parecen pensadas para quitarles mercados de exportación confiables y condenarlos a que traten de vender sus productos en mercados poco serios.
Las empresas petroleras miran, azoradas, cómo el gobierno se enfrenta a los obstáculos que él mismo sembró al alentar a los pueblos originarios a ser los dueños de los recursos naturales de sus tierras ancestrales.
En el balance político, la recesión de la economía legal no tiene importancia. Lo legal se ha devaluado. Ese es el cambio.