El ministro de gobierno, Carlos Romero, acaba de afirmar que Evo Morales no dijo lo que dijo en Colombia tras su reunión con Juan Manuel Santos.
El día de ayer, las agencias de prensa internacionales informaron que el presidente boliviano había definido como “muy necesario” el análisis de una posible legalización de las drogas, en el marco de la próxima Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena.
Esto desató múltiples cuestionamientos, respecto a las verdaderas intenciones detrás de las recientes gestiones del primer mandatario en Viena en defensa de la despenalización de la hoja de coca.
Luego de las declaraciones presidenciales en la capital colombiana, se abre la legítima interrogante sobre la auténtica motivación de la política “despenalizadora”, ya que ésta podría estar destinada, en realidad, a la legalización de la cocaína.
Después de las críticas, el ministro Romero ha tenido que saltar al ruedo para desmentir a su Jefazo, aseverando que la administración evista “no está de acuerdo con debatir la legalización de las drogas en la Cumbre” y que, en cambio, “Bolivia planteará su propuesta para luchar contra el narcotráfico”.
En el marco de estas idas y venidas, el oficialismo se apresta a aprobar una “Ley General de la Coca” que sustituirá a la Ley 1008, mecanismo por el cual se ampliará la cantidad de hectáreas legales de cocales, de 12.000 a 20.000 hectáreas.
El propósito gubernamental puede tropezar, sin embargo, con la intención de la Unión Europea de condicionar su cooperación antidroga con Bolivia a la realización de un estudio estadístico sobre el consumo de coca para usos tradicionales. Estudio que puede acabar mostrando que para abastecer a ese consumo bastarían con 7.000 a 8.000 hectáreas…