Como vamos, buena parte del estado mayor policial y de inteligencia de Evo Morales podría acabar en celdas norteamericanas, por casos de narcotráfico y corrupción.
Primero fue el narco-general René Sanabria, director del Centro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, atrapado “con las manos en la masa” mientras cerraba un negocio multimillonario de tráfico de cocaína a Estados Unidos en Panamá.
Ahora fue el coronel Fabricio Ormachea, hombre de confianza del Ministerio de la Presidencia, pillado in fraganti en Miami en actos extorsivos y sindicado como contacto del Cártel de Sinaloa en Bolivia.
Por supuesto, el gobierno de Morales ha procurado lavarse las manos en ambos casos utilizando diferentes excusas, algo que no resiste el mínimo análisis, dada la posición estratégica que estas dos figuras ocupaban en el entramado del poder evista.
La caída de estos jerarcas se produce mientras se multiplican las voces a nivel internacional que cuestionan al régimen cocalero por presuntos vínculos con el narcotráfico, hablando incluso de “narco-estado”.
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No otro es el trasfondo de la reciente crisis diplomática con el Brasil por el asilo y salida del senador Roger Pinto, perseguido por denunciar lazos entre el narco y altos funcionarios de gobierno boliviano.
Y mientras proliferan los casos de narco-policías, Evo Morales sigue presidiendo la federación de sindicatos cocaleros del Chapare, región donde el 90% de la producción de coca va a abastecer a la “industria” de la cocaína…