Luego de medio siglo de socialismo totalitario, la Cuba tiranizada por los Castro comienza un proceso de apertura económica parcial, buscando atraer inversiones extranjeras. Sucede esto pocos años después de que el propio Fidel Castro reconociera en un lapsus que el modelo estatista “no nos sirve ni a nosotros”.
Pero mientras Cuba revisa en parte los errores cometidos (sin tocar por supuesto la dictadura de partido único), el gobierno boliviano de Evo Morales se empeña en seguir la receta fallida, colocando al Estado en el centro del sistema económico.
Una comparación entre las nuevas leyes de inversiones de Cuba y Bolivia demuestra que la norma de la isla caribeña contiene incentivos mucho más amplios y concretos que la boliviana, como la exención de 8 años al pago del impuesto a las utilidades.
En el caso de la ley impulsada por el régimen evista, los incentivos serán definidos en los ministerios, abriendo la puerta a una peligrosa discrecionalidad que puede derivar hacia prácticas extorsivas.
En realidad, la norma es más una Ley Marco de Estatizaciones, que establece en qué condiciones el gobierno confiscará emprendimientos privados.
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