Está imputado por alquilar el arma para matar a mujer embarazada en La Paz. La Cancillería boliviana le otorgó el estatus de refugiado al ciudadano peruano que formó parte del MRTA en su país. Desde el 2000 estudiaba derecho en la UMSA.
Página Siete / La Paz
Julio César Vásquez Vásquez, el peruano de 48 años que supuestamente alquiló el arma con la que se asesinó a Mónica Guachalla Larico, el 23 de julio en la localidad de Huajchilla, recibió el refugio político del Gobierno boliviano en marzo del año 2000.
«Se resuelve: conceder el ‘status de refugiado’ al señor Julio César Vásquez Vásquez y a los menores (…) de nacionalidad peruana quienes asumirán en territorio de la República de Bolivia los derechos y obligaciones inherentes a su nueva condición”, se lee en el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El pasado martes Vásquez fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva junto con el abogado Michael Ylimori Daza y Alejandro Soliz Machicado por supuesta complicidad en el crimen de Guachalla, que tenía siete meses de embarazo.
En la audiencia de medidas cautelares Vásquez dijo que en su país formó parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo guerrillero fundado en 1984. Aproximadamente en 1996 fue acusado de terrorismo, el proceso culminó con sentencia absolutoria, pero el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori, le inició otros procesos por lo que decidió huir a Bolivia junto con sus dos hijos, explica su abogada Ingrid Medina.
Con sus «inclinaciones izquierdistas” se mostró afín al partido del presidente Evo Morales. En la audiencia cautelar del martes incluso manifestó que fue seguridad del Primer Mandatario y que después, en 2009, formó parte de la Comisión de Inteligencia de la Vicepresidencia de Bolivia.
Poco después de obtener el refugio ingresó a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) donde entabló amistad con Michael Ylimori. Hasta antes de su aprehensión Vásquez continuaba con sus estudios.
La aprehensión
La noche del 8 de agosto, Ylimori estaba detenido en el Comando Departamental de la Policía cuando, según declaró, lo obligaron a llamar a Vásquez por celular mientras sostenían una pistola eléctrica en su garganta y el cañón de un revólver en su cabeza; y le pidió encontrarse en la plaza Israel, en San Pedro, para hablar de temas políticos.
Vásquez asistió a la cita, sin saber que lo esperaba la Policía y el Ministerio Público. Allí, contó, le quitaron una laptop con información «delicada” sobre la embajada de EEUU y quisieron atribuirle la pertenencia de un revólver 38 milímetros (con el que se asesinó a Guachalla), por lo que él se negó a firmar el acta de requisa.
El fiscal Marco Patiño informó a este medio que el supuesto cómplice de asesinato si fue aprehendido en la plaza Israel y que se le encontró en posesión del revolver. Añadió que no se requisó su domicilio. El fiscal Humberto Quispe señaló que no se allanó su domicilio por falta de una orden y que no lo harán.
En investigación
Crimen. Mónica Guachalla, de 25 años y siete meses de gestación, fue asesinada el 23 de julio en la localidad de Huajchilla, tras recibir tres impactos de bala en su cuerpo.
Cargos. Michael Ylimori fue imputado de ser el autor intelectual del crimen; Alejandro Soliz, de ser el sicario que disparó; y Julio Vásquez, de alquilar el arma de fuego.
García Linera niega que imputado trabajó en la Vicepresidencia
El vicepresidente Álvaro García Linera negó ayer que el ciudadano peruano Julio César Vásquez Vásquez haya trabajado en esta instancia durante los últimos años tal como éste dijo.
«Sobre la denuncia de una persona involucrada en un asesinato de una mujer embarazada que afirmó haber trabajado en la Vicepresidencia, pedí que se revisara porque tenemos una base de datos de 2006 a 2014 y este señor no figura en ella”, manifestó la autoridad de Gobierno.
El pasado martes al salir de su audiencia Vásquez afirmó que en 2009 formó parte de la Comisión de Inteligencia de la Vicepresidencia y que anteriormente incluso fue parte de la seguridad del presidente Evo Morales.
«En 2009 formé parte con otros compañeros de la Comisión de Inteligencia de la Vicepresidencia. En la computadora que me confiscaron existe un informe que nosotros elevamos a la Vicepresidencia sobre las actividades de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia”, dijo el imputado.
García Linera, en conferencia de prensa, añadió que «este señor estuvo involucrado en uso de armas de fuego ya desde la universidad. En 2001 o 2002 en una serie de trifulcas este señor sacó su arma. Es un tipo con un expediente muy raro que merece ser investigado, pero garantizo que no trabajó con nosotros”.
Vásquez continuaba en clases universitarias hasta antes de que sea detenido como cómplice del asesinato de Mónica Guachalla.
En la cuenta de Facebook del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior se escribió: «Jamás aceptaremos la culpabilidad de Julio Vásquez en un delito como en el que se lo trata de incriminar, repudiamos la conducción burguesa de la justicia en el país”, frase atribuida al Movimiento Indígena por la Liberación Socialista.
Pérez afirmó que el arma fue alquilada por detenido
Página Siete / La Paz
El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, fue quien afirmó que el dueño del arma con la que se cometió un asesinato era Julio César Vásquez, cuando lo presentó junto a los otros dos aprehendidos ante los medios de comunicación el pasado lunes.
En medio de la presentación el ciudadano peruano interrumpió a la autoridad y gritó que era inocente, que el arma no le pertenecía; a lo que el ministro Pérez respondió: «cuando uno alquila un arma no es para llevarla al cine o a pasear, sabe que cuando alquila un arma es para cometer un acto ilícito”.
Ese día también fue presentado el abogado Michael Ylimori Daza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su pareja extramatrimonial que estaba embarazada, y Alejandro Soliz Machicado, el supuesto sicario que ejecutó el delito el 23 de julio.
En la audiencia de medidas cautelares, realizada el martes, la defensa de los imputados cuestionó que las pruebas que sostienen la acusación contra estas tres personas sólo se obtuvieron con declaraciones en base a «torturas”.
«¿Dónde está la investigación?, ¿dónde están las pruebas de balística, huellas dactilares?”, preguntó uno de los imputados.
El fiscal Humberto Quispe explicó que las declaraciones no se obtuvieron mediante torturas y que la audiencia de medidas cautelares es parte de la etapa preparatoria del proceso penal, por lo que aún hay tiempo para ahondar en las investigaciones y presentar más pruebas de la culpabilidad.
Mientras tanto los tres imputados deben guardar detención preventiva en la cárcel de San Pedro.