Cuando un presidente declara que no está de acuerdo con el principio del debido proceso en la justicia, podemos afirmar que el país que gobierna está en vías de abandonar el Estado de derecho para ser un Estado “de facto”.Más aún cuando el Órgano Ejecutivo que encabeza ese mandatario perpetra frecuentes maniobras de injerencia en el sistema judicial, poniendo en entredicho la independencia de ese poder.Es el preocupante caso de Bolivia, donde el presidente populista Evo Morales acaba de afirmar que “no comparte tanto el debido proceso”.La excusa para el exabrupto es que, según el caudillo cocalero, el debido proceso generaría “corrupción y extorsión” (!). Estamos ante una inversión perversa de la realidad, toda vez que el fortalecimiento del debido proceso sería la mejor arma contra la corrupción judicial.Dice Morales que hace falta una “revolución de la justicia” y parece olvidar que ya impulsó la politización del sistema judicial con unas elecciones de magistrados que no hicieron otra cosa que empeorar la situación.Las declaraciones del mandatario son la enésima confirmación de que estamos ante una deriva autoritaria, donde las garantías de un juicio justo se van desvaneciendo, sobre todo tratándose de disidentes o críticos del proyecto hegemónico evista…[email protected]